Por fin ha llegado la semana que el independentismo anhelaba y el Poder Judicial temía. La amnistía se aprueba este jueves en el Congreso de los Diputados y tras la publicación en el BOE el reloj de arena se dará la vuelta. La cuenta atrás para aplicarla llegará a cero cuando se cumplan dos meses, pero fuentes del Tribunal Supremo aseguran que no agotarán el tiempo. Los magistrados han estudiado ya el grueso de la ley en la que por primera vez caminan sobre terreno totalmente virgen. La intención: que todas las cuestiones que les generen dudas sobre el Derecho Europeo queden presentadas antes de verano.

Una vez la amnistía entre en vigor, el primer paso de todos será dar traslado a las partes para que, en un plazo de 10 días, se pronuncien. La amnistía generará un mosaico de peticiones distintas en todo tipo de causas abiertas, cerradas y juzgadas en los tribunales, principalmente, de Cataluña y de Madrid. En la capital están dos de las más mediáticas: por un lado, el procés, instruido y juzgado por la Sala de lo Penal del alto tribunal; y por otro lado, Tsunami Democràtic, divida entre dicha Sala y el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

El laberinto judicial comienza por la situación procesal del expresident catalán Carles Puigdemont que quiere volver a España para ser investido en el debate del Parlament el próximo 10 de junio. Para entonces, la amnistía podría estar ya publicada en el BOE, pero no aplicada en su causa en específico, puesto que la ley ha dejado claro que deben ser los jueces los que avalen cada caso. No se hace una aplicación automática porque rompería el principio de separación de poderes.

En este escenario, Puigdemont deberá comparecer ante el juez instructor Pablo Llarena que lleva desde 2017 persiguiéndolo. Podría hacerlo por videoconferencia --según explican fuentes del alto tribunal-- y si no se ha aplicado la amnistía, el magistrado puede acordar con libertad medidas cautelares. Una de ellas, prisión provisional por riesgo de fuga. Lo cierto es que las fuentes consultadas en el órgano dudan que esta sea una medida a interponer dado que, con un perdón absoluto en el horizonte, no sería lo más adecuado de acuerdo al in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado).

Sin embargo, no descartan que se puedan interponer otro tipo de medidas cautelares como comparecencias quinquenales en el juzgado para controlar que Puigdemont no vuelve a salir de España sin intención de presentarse ante la Justicia. Una vez superado este primer escollo, los magistrados pasarán a presentar las cuestiones prejudiciales, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No son excluyentes ni tiene por qué ir una antes que la otra si se presentan sobre diferentes aspectos.

Lo que está claro es que no se puede presentar una duda genérica sobre si la ley colisiona o no con el Derecho Europeo, explican mencionadas voces, sino que habrá que analizar qué punto en concreto puede ir contra los axiomas comunitarios. Se pueden presentar tantas dudas como quieran los jueces y no habrá una parálisis total de la amnistía, pero sí quedará congelado cada procedimiento en concreto en el que se haya planteado la cuestión, el tiempo que los jueces tarden en ser respondidos. Eso sí, si se pregunta lo mismo a la vez en el TJUE y en el Constitucional, este último tendrá que esperar a que se resuelva en el tribunal de Luxemburgo para abordarlo en el garante de la Carta Magna.

La estrategia en el Supremo es común. Allí se lideran la mayoría de procedimientos contra los cabecillas del procés y el grueso de los magistrados de la Sala de lo Penal tendrán que intervenir. De un lado, la Sala que juzgó a los líderes independentistas en 2018 volverá a reunirse, aclaran dichas fuentes, para aclarar la situación de Oriol Junqueras (condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación), Raül Romeva (12 años por los mismos delitos), Joaquím Forn (10 años y seis meses por sedición), Jordi Turull (12 años por sedición y malversación), Dolors Bassa (12 años), Jordi Rull (10 años y seis meses), Carme Forcadell (11 años y 6 meses) y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez (nueve años ambos).

Pero además, la famosa sentencia de 2019 también alcanzó a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó que, si bien no entraron en prisión, ahora sus antecedentes por desobediencia podrían borrarse. De todo esto se encargará el tribunal de la Sala Segunda que los juzgó y que estaba formado por el presidente Manuel Marchena y los magistrados Antonio del Moral, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta y Andrés Palomo.

Por su parte, el magistrado Llarena está todavía a cargo de los políticos que lograron fugarse y contra los que no ha podido acabar el procedimiento para enviarlo a juicio. Se trata de Puigdemont, Marta Rovira, Antoni Comín y Lluís Puig. Al inicio de la tramitación parlamentaria de la amnistía, las fuentes del tribunal consideraban que el instructor no podría elevar cuestiones prejudiciales por la forma en la que está redactada la ley y que tendría que concluir el proceso, elevarlo a la Sala y que sería el tribunal de arriba el que daría siempre el paso de ir a Europa. Sin embargo, tras haberlo estudiado mejor, ahora hay ciertas dudas sobre que el propio instructor pueda elevar sus cuestiones al TJUE.

Como es terreno virgen, repiten, todo está por explorar y habrá que ver en qué términos llegan al consenso los penalistas sobre las líneas rojas de la cuestión prejudicial que no está apenas desarrollada en la ley. Algunos dejan caer que incluso habrá partes de la norma del perdón que no tengan que preguntar y las apliquen o no, directamente según su parecer. Entonces, tienen claro que les acusarán de lawfare.

La otra pata del Supremo la tendrá que resolver Susana Polo o, en su defecto, de nuevo la Sala de lo Penal. Ella es la instructora del pedazo de Tsunami que se ha desgajado de la Audiencia Nacional y que afecta a Puigdemont y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg. Su investigación indaga en el delito de terrorismo, uno de los epígrafes donde más miradas jurídicas hay puestas. Costó que Junts y el PSOE se pusieran de acuerdo en este punto y algunas de las voces consultadas para este artículo confiesan que el mayor peligro de no aplicación de la ley puede estar ahí.

En cualquier caso, pocos se atreven a vaticinar qué pasará en este camino desconocido y anuncian que se tendrá que ver paso a paso. Ahora bien, el mayor consenso está en solucionarlo antes de que los togados se marchen de vacaciones.