Fue la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que advirtió al titular del Juzgado número 41 de Madrid -- a cargo de las diligencias contra Begoña Gómez-- de que se había producido una filtración importante. La causa permanecía secreta, así que el acceso a los archivos era restringido al Ministerio del Interior, el propio juez Juan Carlos Peinado y el fiscal del caso. La publicación de la noticia de 'El País' que anunciaba el informe de la UCO favorable para la mujer del presidente ha provocado la apertura de una investigación separada que pone en un brete al ministro del ramo Fernando Grande-Marlaska.

En el sumario, al que ha tenido acceso El Independiente, muestra cómo sucedieron los hechos por orden cronológico. El juez Peinado había requerido a la unidad de élite del Instituto Armado que verificara todos y cada uno de los extremos de la denuncia de Manos Limpias que se basaba en una serie de informaciones sobre las actividades de Gómez con empresarios como Juan Carlos Barrabés o Javier Hidalgo.

La UCO elaboró un grueso informe en tiempo récord en el que contaba cómo no había podido acreditar gran parte del contenido sobre la esposa del presidente o por qué no había encontrado ilicitud en sus actos, si bien dejó constancia de otros detalles que el magistrado ha decidido seguir investigando, como que el consultor Barrabés logró el 90% del total de las adjudicaciones públicas a sus empresas entre 2021 y 2022, tal y como informó este medio. El periodo a partir de 2020 es el que está en el foco de la investigación porque fue ese año cuando Gómez remitió una carta de recomendación a una entidad pública (Red.es) para que fuera él el beneficiario de una oferta de siete millones de euros.

Este informe de más de 100 páginas se presentó el 14 de mayo y una semana después 'El País' publicaba una información titulada: " La Guardia Civil no aprecia indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente". Ese mismo día, el 21 de mayo, desde la Jefatura de Policía Judicial de la UCO dan cuenta al juez en un oficio que describen como "posible filtración de información".

Los agentes no tienen duda de que el informe que se encuentra protegido por el secreto sumarial ha sido distribuido. "Del contenido de la publicación, se desprende, sin ningún género de dudas, que se ha tenido acceso al contenido del informe, del que se extracta incluso alguna frase de manera literal y entrecomillada", refleja el agente que firma el oficio.

El Instituto Armado dice al magistrado que haga lo que "estime oportuno". Peinado sólo un día después inicia una ramificación de la investigación por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. Esta pieza separada corre a cargo también de los agentes de la UCO que tendrán que investigar si algún miembro de sus filas o algún superior jerárquico (incluido el propio Marlaska) pudo dar a conocer el informe.

Para el magistrado fue, precisamente, este escape de información el que le quitó sentido a mantener la causa secreta y ha decidido entregar a las partes el sumario. "Habiendo variado las circunstancias que aconsejaran declarar estas actuaciones secretas, toda vez que ha sido publicado en prensa el informe aportado por la UCO y no habiendo más documentación en la causa sobre la que sea necesario mantener el secreto, procede dejar sin efecto dicha medida", reveló su escrito el pasado 24 de mayo.