La posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimita sobrevuela ya la Fiscalía. El jefe del Ministerio Público dejará su cargo si la denuncia por revelación de secretos que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso termina llegando al Tribunal Supremo y registrando su imputación, según relatan distintas fuentes a El Independiente que no dudan que esto pasará porque ven una estrategia orquestada desde la derecha para terminar con García Ortiz y debilitar al Gobierno.

Las próximas semanas no van a ser fáciles para el fiscal general cuyo segundo mandato está siendo bastante convulso. Se enfrenta ahora a la amnistía que si de por sí ya es todo un reto, pues nunca había ocurrido la democracia reciente, lo es más aún sabiendo que enfrente se encuentran Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena. Los cuatro fiscales del procés no están dispuestos a cambiar su criterio, no ven amnistiable la conducta de los independentistas que desviaron fondos para financiar el referéndum del 1-O, y lo defenderán hasta el final.

Pero García Ortiz está con fuerza, explican en su entorno, y se muestra dispuesto a seguir sorteando las controversias que lleguen. Todas excepto una. La querella que interpuso Alberto González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid) es su talón de Aquiles y en el edificio de la calle Fortuny de Madrid lo saben. "Pinta muy negro", dicen fuentes fiscales cercanas a él.

Ese sector de la Fiscalía cree que existe una estrategia de la derecha --en la que participa una parcela de la judicatura-- para relevar al fiscal general y ponen nombres y apellidos a la cabeza pensante: Miguel Ángel Rodríguez (MAR). Estas fuentes aseguran que la filtración inicial del correo del fiscal del caso Julián Salto con el abogado de González Amador, dando a entender que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto y no al revés, fue un "anzuelo" en el que el Ministerio Público "picó de lleno".

A partir de ahí creen todo se convirtió en una estrategia destinada a terminar con García Ortiz. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid todavía no había admitido a trámite la querella que la pareja de Ayuso interpuso por un delito de revelación de secretos --alegando que la nota de prensa que emitió la Fiscalía para esclarecer los términos en los que se había ofrecido el pacto había vulnerado su intimidad--, MAR ya auguraba el futuro de García Ortiz nada menos que en prisión.

"Tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela", escribió el 23 de abril en su red social X. Dos semanas después, los jueces admitían a trámite la querella contra el fiscal Salto y contra la jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Pero aunque son ellos dos los querellados, el magistrado instructor busca desde el principio a una sola persona: quién dio la orden de publicar ese documento que se distribuyó a los medios.

El juez a cargo de las diligencias, Francisco José Goyena, ha pedido ya en dos ocasiones a la Fiscalía que despeje la equis. No hay mucho misterio, García Ortiz se ha autodesignado responsable desde el principio. Él aprovechó la toma de posesión de varios fiscales, un acto en el que estaba acompañado de la cúpula de la carrera, para hacer una declaración institucional que pocos esperaban.

"Como Fiscal General del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa", dijo, vestido con la toga y los atuendos de fiscal general y con toda la solemnidad que de eso desprende.

La cabeza del Ministerio Público siempre ha sido una figura muy polémica y excepto el conservador Jesús Cardenal (fiscal general desde 1997 hasta 2004) y el progresista Cándido Conde-Pumpido (de 2004 a 2011), pocos han terminado de completar el mandato que les concede la ley que acompaña los años de legislatura de un Ejecutivo. En 2014 al presidente del PP Mariano Rajoy le dimitió Eduardo Torres-Dulce por "desavenencias" con el Gobierno; luego los populares no quisieron renovar a Consuelo Madrigal, como le pasó al PSOE con Mª José Segarra tras el choque por el procés. El hecho de que sean los políticos los que designan a esta figura garante de la legalidad en España genera desafecto en la ciudadanía y se utiliza desde las Cámaras como arma de desprestigio social. Pero así viene escrito en la Constitución y "si quieren que la cambien", opinan algunos.

Sin embargo, un amplio sector de la Fiscalía considera que la imagen de la institución se degradó más aún desde la llegada de Dolores Delgado al cargo, sin solución de continuidad del Ministerio de Justicia. La carrera no le perdonó que hubiera hecho campaña con los socialistas y hubo mucha desconfianza tras los audios que fueron publicados sobre su vínculo con el comisario José Manuel Villarejo, acrecentada por su relación con el exjuez Baltasar Garzón.

Algunos creen que García Ortiz ha heredado la mochila de enemigos de Delgado y Garzón en la judicatura y, por eso, hay un interés personal contra él. Personas de su propia asociación de fiscales, incluso, no ven con buenos ojos que tuviera que pagar la "deuda" de su nombramiento con el ascenso de Delgado que posteriormente fue anulado por el Tribunal Supremo. Pero otros no alcanzan a entender por qué tanta inquina cuando Ortiz es "muy buena persona". Él fue, de hecho, el fiscal más votado de la carrera hace solo seis años, cuando en 2018 se presentó al Consejo Fiscal.

Más voces opinan que realmente es un tema más político que personal y que hubiera estado quien hubiera estado al frente, la diana habría apuntado siempre al mismo sitio para debilitar a Pedro Sánchez. Tanto es así, que el Senado recusó a García Ortiz y pidió al presidente del Gobierno que lo destituyera cuando, en realidad, ni siquiera puede. La única forma de terminar con el mandato del fiscal general es que este dimita.

Si la causa del novio de Ayuso viaja al Supremo y la Sala de lo Penal lo imputa así lo hará, aseguran distintas fuentes fiscales. "¿Qué va a hacer? Sería el primer fiscal general de la historia imputado", se lamentan los consultados. Para ellos la estrategia es la siguiente: la Sala de lo Penal del alto tribunal lo imputará y luego archivará la causa. "Pero ya habrán conseguido lo que querían", dicen.

El fiscal general no ha cosechado grandes amigos en el Tribunal Supremo últimamente. A la sentencia de la Sala de lo Contencioso que le acusaba de "desviación de poder" por haber subido de categoría a Dolores Delgado, se sumó otra este mes de mayo que anulaba de nuevo la designación de la fiscal como jefa Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y dos más el pasado viernes que le obliga a entregar al fiscal Ignacio Stampa toda la documentación sobre su caso.

García Ortiz ha tratado de apartar a cuatro jueces a los que ahora les toca valorar si el Gobierno hizo bien en volver a elegirlo a él porque consideraba que como ya habían fallado en sentencias anteriores contra él podían estar contaminados y no ser objetivos. Esto no sentó nada bien en el alto tribunal donde no entendieron la estrategia del fiscal general y la asemejaron a la del abogado Gonzalo Boye en su defensa de Carles Puigdemont todos estos años. "Él es uno de los garantes de la Justicia y es el primero que no cree en ella", dicen fuentes del Ministerio Público.

Finalmente, la recusación se ha rechazado sin dar siquiera pie a que se estudiara porque el magistrado instructor considera que se realizó fuera de plazo. Los mismos magistrados de la Sala Tercera tendrán que decidir ahora si el fiscal general puede seguir en el cargo, pero es a la Sala Segunda, la que dirige Manuel Marchena, donde llegará el caso sobre el novio de Ayuso. La revelación de secretos para el Ministerio Público no es tal porque la nota de prensa que publicaron se publicitó después de que el correo ya fuera público y por tanto, no se descubrió ninguna confidencia.

Está por ver en qué términos lo analiza el alto tribunal. Mientras tanto, García Ortiz podrá seguir su camino. Algunas voces de su entorno son críticas con su gestión porque creen que no ejerce la autoridad que tiene y eso provoca desbarajustes en algunas causas que terminan continuamente en titulares de prensa. Él, en cambio, defiende siempre su libro de estilo basado más bien en la horizontalidad. La prueba de fuego para testar hasta qué punto el jefe del Ministerio Público tiene las riendas en la mano será la amnistía.