La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ya su escrito de conclusiones por los trabajos presuntamente ilegales que el comisario José Manuel Villarejo hizo para el BBVA durante una década. El fiscal ha pedido enviar a juicio a la entidad por cohecho y revelación de secretos y a una batería de dirigentes de segundo nivel, dejando al margen del procedimiento al actual presidente del banco, Carlos Torres, que tuvo que ir a declarar a la Audiencia Nacional en octubre por este asunto, si bien está por ver si de cara al juicio se le cita como testigo.

Anticorrupción presentó el informe hace unos días ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, y --como ha avanzado Bloomberg este fin de semana-- considera que el BBVA pudo formar parte de una organización criminal con participación del banco para espiar a adversarios empresariales. El magistrado debe ahora resolver sobre esta petición porque corresponde a él la decisión final de seguir dando pasos para determinar quién se sienta finalmente en el banquillo de los acusados.

Según ha podido conocer El Independiente, Carlos Torres no está entre las personas a las que el fiscal Alejandro Cabaleiro pide encausar. Ha tenido que ver el hecho de que el pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejara sin efecto la declaración que prestó Torres como testigo, después de que el BBVA recurriera la decisión del juez de prorrogar la investigación en julio.

Los magistrados dieron la razón a la entidad y esto implicó dejar sin efecto todas las medidas que se habían acordado después del 25 de julio de ese año, por tanto, se anuló la declaración que Torres había presentado el 16 de octubre. Solo se han practicado desde entonces las pruebas que ya estaban aprobadas, así que de haber querido la imputación del directivo tras su declaración ya no habría podido acordarse. Lo que sí podía haber hecho la Fiscalía es incluir a Torres como partícipe a título lucrativo, pero según fuentes jurídicas no lo ha hecho.

El presidente del banco acudió a la cita para explicar los contratos de 10 millones de euros que la entidad encadenó durante diez años con el grupo Cenyt (empresa de Villarejo). De acuerdo a su versión, él no conoció nada hasta junio o julio de 2018 a pesar de que ya había informaciones publicadas a partir de mayo de ese año. Antes de dirigir la entidad, había ocupado el puesto de consejero delegado (desde 2015) y otros cargos de responsabilidad, pero en ese tiempo, dijo, no haber conocido ni someramente la existencia del comisario sobre el que gira toda la trama.

La causa queda centrada ahora en el expresidente del banco Francisco González, el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, el policía José Manuel Villarejo y el que fuera su socio Rafael Redondo. El juez, que suele tener en cuenta la petición del Ministerio Público en estos casos, tomará la decisión en los próximos días.

El encargo más grande de Villarejo

Villarejo engordó las finanzas de su empresa privada con cuantiosos contratos con el banco que llevaba utilizando sus servicios desde 2002. El excomisario de Policía Julio Corrochano hizo de "enlace" la entidad y Villarejo, indica el sumario de la causa.

Las tiranteces de Anticorrupción con el BBVA en estos años de investigación pasan por que la Fiscalía ha dudado de que estuviera colaborando y entregando toda la información que tenía en su poder sobre las contrataciones del policía. El fiscal Cabaleiro le reprochó que la que habían entregado era "parcial y sestagada" y que los correos electrónicos estaban "incompletos, aunqueTorres negó cualquier maniobra para entorpecer las pesquisas y aseguró haber dado orden de colaborar con la Justicia.

El escrito del Ministerio Público solicita la transformación de la causa al trámite de procedimiento abreviado, un paso más cerca del juicio. Esta es la pieza número 9 del macrocaso 'Tándem' que gira en torno a las actividades ilegales del comisario. La denuncia partió del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que fue uno de los supuestamente espiados, como lo fue el presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

Anticorrupción incluye entre los que deben sentarse en el banquillo al ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.