Conversaciones de Encrochat, viajes por carretera para llevar la droga, agentes encubiertos y entrega de medio millón de euros en efectivo en un Vips. La causa en la que estaba investigado el hermano de Begoña Villacís, Borja Villacís, en la Audiencia Nacional tiene todos los ingredientes de una investigación de serie. Él, que fue asesinado a tiros este martes en Madrid, no estaba en la parte alta de la organización criminal, si bien fuentes de la causa confirman a El Independiente que había sido detenido en 2021 y estaba imputado por dos delitos: tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, inició esta investigación en 2019 y la mantuvo bajo secreto al menos hasta dos años después. La causa avanzó en dos compases. El principio surgió a cuenta de una entrega controlada, pero los agentes tiraron del hilo y encontraron que podía haber hasta cuatro organizaciones criminales distintas.

En 2021 se dio el segundo golpe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras una información facilitada por la DEA de Estados Unidos, bautizó 'operación Águila-Frozen'. En la nota de prensa que se difundió entonces se anunció la detención de 33 personas y la incautación de 239 kilos de cocaína y varias armas de fuego. Además del bloqueo de 39 inmuebles y centenares de coches de alta gama dedicados a lavar el dinero del tráfico de estupefacientes.

Los detenidos tenían relación con "presuntas organizaciones criminales denominadas Automotive y Skin y su posible entramado empresarial dispuesto para el blanqueo de capitales y con las organizaciones lideradas por otra organización llamada Barrientos, conformada por empresas en España y Portugal, y la presunta organización denominada UNAI, que se valdría del anterior para provisionarse de sustancias estupefacientes y posterior distribución de la misma en distintos puntos del territorio nacional", de acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

Uno de los principales investigados fue uno de los líderes de Ultra Sur, alias 'Niño Skin'. La Audiencia Nacional considera que hay "cuatro organizaciones criminales que interactúan entre sí, compartiendo nexos delictivos". Unos recogen la droga, y otros tienen papeles de "seguridad y vigilancia". La investigación recoge cómo se utilizaban vehículos alquilados y algunos a "modo de lanzadera" para tratar de asegurar su trayecto "con la misión de alertar posibles controles policiales".

Los agentes documentaron con vigilancias viajes entre Bilbao, Madrid o Santander y la Ertzaintza tenía controlado un taller donde intercambiaban supuestamente la droga. En la capital, las "guarderías" de la organización estaban situadas en Las Rozas y Moncloa-Aravaca.

El agente encubierto

Las pesquisas contaron con la participación de un agente encubierto. De hecho, la Fiscalía Antidroga le atribuye a uno de los detenidos la condición de jefe de la organización "dado que mantenía contactos directos con el agente encubierto, estando presente en reuniones con él y con otros miembros de la organización".

Hay un encuentro en especial que fue el germen de la causa. Se produjo el 19 de septiembre de 2019 en un establecimiento Vips del Paseo de la Castellana. Allí se entregaron 526.000 euros "correspondientes a la droga que se iba a cargar simultáneamente en Galicia (unos 558 kilos brutos de cocaína) y que fueron entregados en la localidad de Marín (Pontevedra)" ese mismo día. El agente infiltrado lo vio todo.

Las defensas se quejaron entonces de la negativa del Ministerio Público de facilitar el volcado del teléfono de este guardia. "Nos encontramos ante un delito provocado", alegaron a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no les dio la razón.

Las pesquisas escalaron cuando se recibió la información de Encrochat, popularmente conocido como 'el chat de los narcos' tras una operación de la Europol que desmontó un sistema de comunicación encriptado y mandó datos a distintos países de la Unión Europea a los que afectaban. La Audiencia Nacional recibió, entre otras, conversaciones en esta causa.

Los detenidos solicitaron practicar una pericial informática que permitiera determinar si los mensajes incorporados al procedimiento están o no manipulados. "La cadena de custodia de los mensajes no comienza cuando los policías franceses entregan a los policías españoles los mensajes presuntamente intervenidos, dino cuando la policía francesa interviene los servidores de encochat", dijeron.  

Las defensas alegan "opacidad"

Los problemas para estas pesquisas comenzaron cuando uno de los acusados presentó un audio de una mujer que había grabado a uno de los guardias civiles investigadores reconociendo haber puesto balizas ilegales para perseguir a los narcos. Las defensas esgrimieron "opacidad".

El juez Pedraz terminó imputando a este brigada Sergio B. después de confirmar que había pagado una noche de hotel con esta mujer. Tal y como estuvo informando este medio entonces, la versión de él consistía en aclarar que actuaba como agente infiltrado y la Guardia Civil cerró filas alegando que habían depurado responsabilidades de forma interna. Finalmente, el asunto del guardia civil investigado se desgajó y se envió a un juzgado ordinario y las pesquisas de tráfico de droga siguieron en la Audiencia Nacional.

Por el momento, ninguna de las fuentes consultadas relaciona el asesinato de Borja Villacís con miembros de esta causa, si bien la tesis de las fuentes policiales consultadas pasan por un ajuste de cuentas relacionado con las drogas. Además, el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid fue condenado por la Audiencia Provincial madrileña a dos delitos de lesiones en 2012.