Red.es no ha adjudicado otros contratos distintos a los investigados "ni previa, ni posteriormente ni a Innova Next ni a ninguna otra empresa de la que se vincula a Juan Carlos Barrabés". Así de clara se mostró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en referencia a que la empresa del consultor solo recibió contratos de la entidad pública –que pertenece al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública– en las fechas en las que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, remitió las cartas de recomendación.

Nunca antes esta adjudicataria había otorgado dinero a la empresa de Barrabés y el Instituto Armado destacó "notablemente" este dato porque de los cinco organismos públicos que a lo largo de la vida de la sociedad le entregaron contratos, el grueso del dinero fue, precisamente, de Red.es.

En el informe presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, los agentes analizaron una a una todas actividades de Barrabés y de Innova Next "la principal mercantil" con la que él "mantiene relaciones con la Administración Pública" y la que está en el centro de la sospecha de la denuncia.

Innova Next logró 11 contratos públicos por un importe cercano a los 20 millones de euros de cinco administraciones u organismos distintos: Red.es (10,6 millones de euros), Ayuntamiento de Madrid (3,9 millones), Consejo Superior de Deportes (3,04), Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1,7) y Entidad Pública Empresarial Renfe (1,6 ). Precisamente, tras este informe, el juez envió a la UCO a recoger documentación de los tres primeros lugares. Además, la Fiscalía Europea también ha pedido a los agentes que se acerquen a la entidad pública para incautar correos e información esta semana en el marco de sus comprobaciones para saber si hay fondos comunitarios afectados.

La Guardia Civil reseña expresamente que de todo lo recibido por Innova Next más del 50% viene específicamente de Red.es (10,6 millones de euros de los 19,3 totales). Es por eso que esta entidad está en el centro de la investigación y es el motivo por el que Peinado decidió llamar a declarar a varios testigos para esclarecer esta línea.

Todos los valoró la misma persona

El informe policial, además de destacar que era la primera vez que esta empresa pública daba dinero al grupo Barrabés y que esto coincide con que Begoña Gómez presentó sus cartas de recomendación, destaca que los expedientes se tramitaron de forma paralela y que los firmaron las mismas personas.

"Los tres expedientes que se le adjudicaron, pese a adjudicarse en fechas que distan de unos cinco meses (18 de marzo de 2021, 30 de julio de 2021 y 2 de agosto de 2021) tuvieron una tramitación paralela", reflejan. "Todos presentan similitudes en cuanto a la tramitación", dicen. Dos de estos expedientes fueron los que contaron con una carta rubricada por la mujer del presidente del Gobierno que, si bien la UCO reconoce no tenerlas en el momento del análisis, el director de El Confidencial, Nacho Cardero, las entrega luego a la instrucción y están aportadas ya en el sumario.

Todos los expedientes fueron firmados por el entonces director general de la entidad pública David Cierco, que fue nombrado en julio de 2018 con Pedro Sánchez recién llegado a La Moncloa. La UCO destaca que posteriormente a estos expedientes abandonó el cargo. La valoración de la parte subjetiva –que fue determinante para que los contratos fueran a parar a Barrabés– fue firmada en todas las ocasiones por Luis Prieto, en calidad de director de Economía Digital de la entidad. Ambos están citados a declarar el próximo domingo 16 de junio.

El informe señala, eso sí, que "no se ha encontrado, al menos de momento" vinculación entre estos directivos de Red.es y Begoña Gómez por lo que no pueden valorar qué impacto pudieron tener las cartas de interés y apoyo que ella había formado en favor de la empresa de Barrabés, ganadora del concurso.

Otro de los aspectos que se destacaron fue la ponderación de la valoración subjetiva para obtener el contrato. Se establecieron unos criterios en los que el juicio de valor sería el 40% de la nota, mientras que la oferta económica el 60%. A su vez este juicio de valor se dividió en distintos porcentajes (20% de difusión y captación, 80% de coordinación, catálogo de servicios, etc) y se generó una fórmula matemática para evaluar esto. 

Lo que ocurre es que la unidad de élite económica dice que "se evidencia que la aplicación de la misma [la fórmula matemática] incrementa las diferencias de la oferta mejor valorada (en todos los casos la de la UTE de la que forma parte la mercantil Innova Next), con respecto al resto de las licitadoras".

Y como "muestra de esta relevancia" señalan que "en todos los expedientes pese a que no se corresponden con la mejor oferta económica, la empresa mejor valorada en la componente subjetiva ha resultado finalmente" la de Barrabés. Aunque la fórmula parece impulsar al consultor avalado por Gómez, dicen, eso sí, que "no se han hallado en líneas generales, elementos diferenciadores" entre la ponderación de estos y otros expedientes. En resumen, no hay evidencias de que se utilizara una valoración distinta que otras veces.

Ninguna frase del informe de la UCO dice que no existan indicos de delitos explícitamente. Los agentes se limitan a cotejar la información que venía en la denuncia de Manos Limpias especificando lo que han podido comprobar y lo que no. Apuntan, por ejemplo, que no tienen constancia de que Carlos Barrabés fuera "la persona que montó" el Máster de Transformación Social y Competitiva de la Universidad Complutense que co-dirige Begoña Gómez, pero, en cambio, sí han podido comprobar que su colaboración en el citado máster "no se circunscribiría únicamente a su labor docente, sino que se habrían utilizado instalaciones del Grupo Barrabés para la realización de otros actos y/o actividades".

De esos flecos que han quedado en el aire son los que el juez ha querido atar que, tal y como informó este medio, se ha apoyado en el informe de la UCO para continuar con las pesquisas. Lo que cuenten los testigos, que tienen obligación de declarar y de decir la verdad, será determinante para la declaración de Begoña Gómez que se producirá el próximo 5 de julio.