Sigue el movimiento de jueces después de la entrada en vigor este martes de la Ley de Amnistía. El cuarto en mover ficha hoy, tras el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Cataluña, ha sido el juez de la Audiencia Nacional que se encarga de Tsunami Democràtic. Manuel García Castellón también da un plazo de diez días a las partes para que informen sobre la aplicación de la norma.

En un escrito, el magistrado señala que “de conformidad con lo dispuesto en el art 9.1. de la ley [La amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes],  por lo que se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, en el término máximo de diez días, informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma".

El togado lidera las pesquisas en las que están investigados: la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay Rodríguez; el empresario Josep Campmajo Caparrós; la periodista Marta Molina Álvarez; la secretaria general de ERC Marta Rovira i Verges; el miembro de Òminum Oleguer Serra Boixaderas; el empresario y fundador del Diari Ara Oriol Soler Castanys; el exdiputado del Parlament Xavier Vendrell Segura; el periodista Jesús Rodríguez Selles; el titular de 11 cuentas bancarias y amigo de Puigdemont Jaume Cabani Massip y el ciudadano italiano Nicola Flavio Guilio Foglia.

La mayoría de ellos está acusado de delitos de terrorismo y ahora tendrán que pedir su absolución. Algunos ya lo han hecho como por ejemplo Oleguer Serra como han informado los abogados de Òmnium esta mañana. Según informa EP, los letrados han realizado el trámite para solicitar el archivo de la causa contra él.

La Fiscalía deberá pronunciarse a este respecto en los próximos días a fin de concretar dónde ponen las líneas rojas con la amnistía. Después García Castellón deberá decidir a quién aplica la amnistía directamente, si cree que puede aplicarse o si acude al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para consultar.