El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a ser un polvorín esta semana después de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la carta que el presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, remitió ayer a las Cámaras dando la "bienvenida" a una modificación del sistema de nombramientos en las cúpulas judiciales. Esto no ha ayudado (más bien lo contrario) a cerrar la brecha entre el sector conservador y el progresista. Lo cierto es que fuentes jurídicas recuerdan que el Consejo de Europa ya ha pedido a España que objetive los criterios por los que se designan a jueces en los altos cargos, si bien desconfían de todas todas del plan de Sánchez para ello.

Guilarte reaccionaba este jueves al ultimátum que el líder del Ejecutivo dio al PP para renovar. Si no, advirtió, iba a legislar para "quitar el incentivo perverso" que los 'populares' tienen para no cumplir el mandato constitucional de pactar un nuevo CGPJ. En otras palabras, va a modificar la forma en la que los 20 vocales que conforman el Poder Judicial (más el presidente) nombran discrecionalmente a los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de las salas y tribunales superiores de Justicia de toda España y audiencias provinciales de todos los territorios.

"Bienvenido al círculo de quienes así lo creemos", dijo Guilarte en una misiva (la segunda) que ha enviado al Congreso y al Senado. Si bien advertía de que los nombramientos del CGPJ están previstos en la Constitución y de que "no es en ningún caso admisible" que se lleven "a la zona de influencia del Gobierno".

El equilibrio es complicado. Y así lo evidenciaron sus compañeros que en un Pleno extraordinario celebrado ayer afearon al presidente interino del Consejo su carta "a título personal". Las fuentes internas no ven con buenos ojos que él se esté dirigiendo a las Cámaras para dar su parecer --que tachan de "ocurrencias"-- cuando nadie se lo ha pedido y cuando no representa el sentir de todos los vocales.

Pero además, eso de celebrar, en parte, la posible reforma que Sánchez vaya a acometer lo ven muy peligroso. Entre ellos cunde la desconfianza de que ésta vaya a servir para mejorar el sistema porque, creen algunos, el líder del PSOE sólo busca meter mano en la judicatura. "Con los antecedentes", dicen algunos, recelan que del Congreso vaya a salir nada bueno. A su juicio, las palabras de Guilarte siembran también la sospecha sobre los nombramientos que se han acordado hasta ahora también.

Sin embargo, hay opiniones para todos los gustos porque distintas fuentes jurídicas sí ven un paso hacia adelante que el Gobierno se abra por primera vez a cambiar los criterios por los que el CGPJ elige a las cúpulas judiciales. Dos asociaciones -- Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-- llevan años quejándose de que solo las otras dos --Asociación Profesional de la Magistratura y Juezas y Jueces para la Democracia-- copen los puestos más altos por tener "padrinos" dentro del Consejo.

Para ocupar la mayoría de los cargos de responsabilidad en Justicia se necesitan unos requisitos básicos como ser magistrado y llevar 15 años ejerciendo y amplias dosis de baremos subjetivos. Por eso, jueces no asociados (la mitad de la carrera) lamentan igualmente que haya que pertenecer a una de las cuatro asociaciones para que puedan ser vistos y elegidos por los de arriba. En este sentido, hay voces judiciales que reciben con agrado la noticia de modificar los criterios de evaluación para designar a los magistrados en puestos altos.

El Grego y el Tribunal Europeo

La propuesta de Guilarte no termina de convencer dentro de la judicatura. Para los nombramientos del Supremo, propone que sus magistrados sean "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y magistrados" del propio tribunal, presidida por un vocal del CGPJ o por un especialista en la materia.

Para los nombramientos en presidencias de las audiencias provinciales y Audiencia Nacional, tribunales superiores y salas dice que serían nombrados por los propios miembros del tribunal y que "reglamentariamente podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, en su caso vinculación con el territorio, etc.". En ese punto, el CGPJ ser reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar el correcto funcionamiento de todo.

En esta línea se mueve el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra este tipo de delincuencia. Cada año hace un informe con recomendaciones sobre lo que puede hacer España y en varias ocasiones ha dejado por escrito que, además de cambiar el sistema de nombramientos del CGPJ para que sean los jueces los que elijan a sus pares, se establezcan por ley "criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura".

De esta forma, hay magistrados que ven positivo que se vaya a realizar una reforma que acerque el modelo al requerimiento europeo. El Greco dice que esto tendría el objetivo de "garantizar que los nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso". Para las dos asociaciones antes mencionadas, el hecho de que no se haga así provoca un "intercambio de cromos" entre conservadores y progresistas dentro del Consejo que desemboca en que no se lleva el puesto el mejor que lo solicita, si no aquel que cuenta con más avales.

En este sentido, la Unión Europea ni siquiera vería con malos ojos que los nombramientos los hicieran directamente los políticos, pues existen casos dentro de los Veintisiete e incluso hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El único requisito es que se garantice la independencia de estos nombramientos.

En un asunto en 2010 que planteó Malta, el Tribunal europeo contestó que el Tratado de la UE "no se opone a disposiciones nacionales que confieren al primer ministro del Estado (presidente del Gobierno en nuestro caso) una facultad decisiva en el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura" siempre que se establezca, eso sí, "la intervención en dicho proceso de un órgano independiente encargado, en particular, de evaluar a los candidatos a un cargo judicial".