Si hace dos semanas la posibilidad de la dimisión estaba encima de la mesa de Álvaro García Ortiz, en los últimos días el fiscal general del Estado ha recibido "muchos apoyos" para quedarse, incluso, aunque el Tribunal Supremo termine imputándolo en lo que consideran toda una estrategia orquestada desde la derecha judicial para terminar con él. Su entorno más cercano asegura que ha comprobado que los cimientos para continuar son sólidos, así que el jefe del Ministerio Público se enfrenta este martes reforzado a la Junta de fiscales de Sala de alto voltaje que tendrá que decidir sobre la amnistía.

Tal y como contó este medio, en la Fiscalía sobrevolaba ya de forma seria la posibilidad de que García Ortiz tuviera que dejar su puesto si la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso llegaba al Supremo y terminaba siendo investigado por un delito de revelación de secretos. Su intención siempre ha sido continuar y en su círculo aseguran que está con ganas de seguir, pero algunas fuentes consultadas mantenían que no le iba a quedar otra opción: "¿Qué va a hacer? Sería el primer fiscal general de la historia imputado".

Sin embargo, la balanza parece haberse inclinado estos últimos días. Todo apunta que la causa va a terminar en el alto tribunal, toda vez que el pasado jueves la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, y subordinada de García Ortiz lo señaló directamente al asegurar que fue él quien "por imperativo" le ordenó publicar una nota de prensa que contenía entrecomillados de un correo interno entre el fiscal que llevaba el asunto del novio de Ayuso y el abogado de éste. Es más, el jefe de la Fiscalía se ha responsabilizado ya en varias ocasiones de ese documento que solo pretendía poner fin a noticias falsas que estaban circulando.

Fuentes del entorno de García Ortiz ponen el germen de lo que consideran "una campaña" contra él en Miguel Ángel Rodríguez, el director de comunicación de la presidenta de Madrid, y aseveran que todo es una "maniobra preparada" para acabar con una "persona honesta e íntegra". Por eso, estos días el fiscal general ha estado recibiendo muestras de apoyo y llamadas para que "no ceda".

"Le hemos dado nuestra opinión que es que no debe dimitir y no debe ceder al chantaje. Creo que le hemos convencido", dice una de las voces consultadas. Para la Fiscalía General no hay base para acusar de revelación de secretos porque el correo que incluyeron en la nota que distribuyeron a los medios ya había sido publicado previamente y están seguros, por tanto, de que la actuación fue acorde al deber del Ministerio Público de dar información veraz. "Lo volvería a suscribir y a ordenar para poner fin a un bulo", agregó en el último escrito que envió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Dimitir sería darles la razón, entienden ahora.

Otros, en cambio, tienen muchas dudas de que pueda aguantar el chaparrón. Una cosa es que el TSJM eleve una exposición razonada y otra muy distinta es que la Sala de lo Pepnal que dirige Manuel Marchena decida imputarlo, dicen. En ese caso, algunos opinan que será inasumible que el jefe de los funcionarios que velan por la legalidad de España dé órdenes estando tan cuestionado en su actuación.

Que él abandonara su cargo abriría una crisis en el Gobierno que tendría que volver a nombrar a un nuevo fiscal general en medio de toda una cascada de actuaciones para poner en marcha la Ley de Amnistía y daría alas al PP que se ha pronunciado en no pocas ocasiones en contra de la actuación de García Ortiz al que acusan de "servilismo" político.

La Junta de la amnistía

Sea como sea, lo que está claro es que García Ortiz será el encargado de arrancar la intervención del Ministerio Público sobre la ley que perdona una década de independentismo en Cataluña y se enfrenta este martes a la rebelión de los cuatro fiscales del procés. Pesos pesados de la carrera que no van a poner el debate fácil en términos jurídicos.

García Ortiz juega con mayoría y podrá salir a hombros en este caso si ninguno de los ascendidos desde el mandato de Dolores Delgado se sale del carril de su tesis. De un lado, están los fiscales del 1-0 que creen que la malversación no es amnistiable porque los líderes secesionistas se lucraron de haber desviado dinero y, además, esto afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Del otro, está él que considera que hay que amnistiar absolutamente todas las conductas porque la ley no deja margen en la voluntad del legislador.

La Junta de fiscales de Sala, el órgano donde se reúnen los máximos cerebros de la Fiscalía, se compone de 38 profesionales (37 si no se cuenta a Dolores Delgado cuyo ascenso anuló el Tribunal Supremo por segunda vez hace unas semanas, si bien la sentencia aún no ha sido ejecutada). De ellos hay 17 que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que es a la que pertenecía García Ortiz y 9 a la asociación contraria, la Asociación de Fiscales (AF). El resto, los otros 11, no están asociados.