La Junta de fiscales de Sala que se ha reunido este martes y ha decido avalar por la mínima la orden dada por Álvaro García Ortiz para que todos los delitos del independentismo sean amnistiados. La votación ha quedado con 19 votos a favor de García Ortiz (incluido él) y 17 en contra, posicionándose con la tesis de los cuatro fiscales del procés. Ahora ellos serán relevados por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa que firmarán el escrito para presentar en el Supremo sobre la amnistía.

La reunión ha comenzado a las 9:30 de la mañana con la intervención de los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza que sostenían que la malversación no era amnistiable por dos motivos. En primer lugar, porque la ley excluye el enriquecimiento personal o beneficio patrimonial y en el caso de Carles Puigdemont y los demás condenados y jugados es "indudable" que ellos actuaron "como receptores de los gastos" que "sustrajeron por sí mismos".

A la reunión, que ha durado cerca de seis horas, han asistido presencialmente 37 de los 39 fiscales que la componen. Los dos que han faltado han excusado su presencia por razones médicas. Han ido hablando por orden del menos antiguo en la Junta al más antiguo los que han querido y fuentes presentes en el encuentro relatan que hasta 13 no usaron su turno de palabra si bien luego votaron.

Malversación sin "ánimo de enriquecimiento"

Los fiscales del procés han sostenido, además, que conforme está redactada la Directiva 2017/1371 de 5 de julio de 2017 que impide perdonar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, tampoco podría amnistiarse en este caso. "La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", argumentaban.

El fiscal general ha hablado en último lugar, alegando que desviar fondos públicos para sufragar una consulta independentista "no presupone ánimo de enriquecimiento" alguno y que "resulta difícil aceptar que la conducta generó una amenaza grave para los intereses financieros de la Unión Europea, cuando el relato de hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo señala de forma expresa que ni ese era el objetivo real de los condenados ni su actuación fue objetivamente idónea para lograr la consecución de la independencia de Cataluña".

Fractura total, resultado ajustadísimo

El resultado ha estado ajustadísimo y fuentes fiscales reconocen que la fractura es prácticamente total. 18 votos a favor de García Ortiz, al que se suma el suyo y 17 el resto de fiscales que se han posicionado con Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno. Votación apretadísima en la que, según citadas fuentes, solo se ha hablado de amnistía en términos de malversación y no se ha abordado ni el terrorismo ni una posible cuestión prejudicial.

El Supremo había dado como plazo hasta mañana para que la Fiscalía se pronuniciara en un procedimiento con dos patas: de un lado, el juez Pablo Llarena pedía informe para saber cómo aplicar la amnistía con los fugados, entre los que se encuentra Carles Puigdemont; del otro, los magistrados de la Sala de lo Penal querían resolver qué hacer con la sentencia firme por la que conderon a Oriol Junqueras y al resto de cabecillas del 1-0.

El informe del Ministerio Público no es vinculante, pero avanza la tesis que seguirán los fiscales de toda España con la Ley de Amnistía en vigor. La postura de García Ortiz es perdonar todos los delitos relacionados con la malversación y la desobediencia como indica esta causa. Ahora la pelota está en el Tribunal Supremo, cuyos togados podrán decidir lo que consideren.