Llega la hora de la verdad. La Ley de Amnistía, en boca de todos los últimos ocho meses, acaricia ya el Tribunal Supremo que previsiblemente esta semana deberá interpretarla. Hagan lo que hagan los magistrados dará de nuevo mucho que hablar, pero, esta vez, el Congreso ya no podrá re-redactar la norma en base a la decisión judicial. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y el resto de los miembros del tribunal del procés, así como el instructor Pablo Llarena trabajan estos días en borradores que determinarán si la malversación es o no aplicable a este caso y si las medidas cautelares que persiguen a Carles Puigdemont desde 2017 se pueden levantar.

Es indudable que entre los juristas hay un debate latente sobre el alcance de la medida del perdón. Superado ya el de la inconstitucionalidad, que sólo volverá cuando PP y comunidades autónomas planteen el asunto en el Tribunal Constitucional (todas las leyes tienen presunción de legalidad hasta que este órgano diga lo contrario), los responsables de la Justicia se centran ahora en debatir el alcance de la norma según el apartado "exclusiones".

Todas las miradas están puestas en la malversación que es el delito que vertebra el grueso de las condenas de los líderes del procés y, especialmente, en el matiz del "enriquecimiento" que, según a quién se pregunte, se puede interpretar de una forma o de otra. La cúpula de la Fiscalía se partió en dos la pasada semana y es destacable el dato de que Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, es decir el que mejor conoce este artículo del Código Penal, estuvo en el barco de los que creían que la desviación de dinero público no es amnistiable.

El Tribunal Supremo centra el debate estos días en ese punto, según fuentes jurídicas, y el presidente de la Sala, Manuel Marchena, quiere llegar a niveles de consenso altos para que la opinión de todos los penalistas se vea representada en la decisión que tomen. Al igual que había pasado con los cuatro fiscales del procés --Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza--, el tribunal que juzgó la preparación y consecuencias del referéndum catalán del 1 de octubre nunca se ha fraccionado en votos particulares. Todos han ido a una y esta vez las fuentes consultadas por El Independiente no quieren que sea diferente.

Por eso, vaticinan, la decisión tardará unos días más e igual llega hacia el final de la semana, para intentar que se alcancen las cotas de entendimiento más altas entre los magistrados progresistas y los conservadores.

Si el Supremo entendiera como "enriquecimiento patrimonial" llevarse el dinero público literalmente al bolsillo, la amnistía cubriría a todos los políticos secesionistas. Los fugados -- Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Luis Puig-- y los condenados con sentencia firme -- Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-- serían perdonados, sus delitos se borrarían y podrían regresar a España sin miedo a ser detenidos.

Esta es la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha dado orden a sus subordinados de presentar escritos en los distintos procedimientos para pedir el perdón y el archivo de los mismos. Incluido en la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic que el alto tribunal tardará unos días más en resolver.

Si, por el contrario, la Sala de lo Penal lee el "enriquecimiento patrimonial" como un concepto más amplio --como Luzón, como los cuatro fiscales del procés o como los otros 11 altos cargos de la Fiscalía que se posicionaron con ellos-- la amnistía peligra. Fuentes jurídicas señalan que la jurisprudencia del Supremo ha ido siempre más en esta línea, en la de interpretar que enriquecerse no es sólo engordar la cuenta corriente, sino también utilizar dinero público para fines que no estaban previstos en la ley pero que interesan personalmente al que desvía esos fondos.

En este caso, entenderían enriquecerse como sufragar una consulta independentista con dinero de la Administración que no estaba destinado para eso. Los antecedentes invitan a pensar que la balanza de Iustitita del Tribunal Supremo se puede inclinar hacia ese lado. La posición que ha salido de las últimas Juntas de la Fiscalía no ha sido la elegida luego por los magistrados: cuando la Fiscalía pidió que no se rebajaran las condenas por la ley del 'solo sí es sí', los tribunales lo interpretaron de forma distinta y redujeron la pena de cientos de agresores sexuales; cuando la Fiscalía pidió que no se admitiera la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales por una presunta revelación de secretos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo justo lo contrario.

Esta vez, los togados saben que se enfrentan a una acusación muy en tendencia últimamente, que les acusen de lawfare. Algunos ya previenen que la respuesta del independentismo si finalmente la malversación no es amnistiable puede ser contundente y, sin duda, irán directamente al Tribunal Constitucional para que les dé la razón. Pero este proceso puede durar años.

Medidas cautelares

En este escenario de opciones, si el Supremo interpretara la malversación como incluida en la ley inmediatamente decaerían las medidas cautelares como la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont. La opción intermedia, que también existe, es que el Tribunal no sepa cómo interpretar la norma y entonces pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante una cuestión prejudicial.

En este caso y según las voces consultadas, las medidas cautelares también decaerían y el tiempo que pasen los togados de Luxemburgo resolviendo, Puigdemont podría pasearse por Cataluña sin problemas. Aunque también los quienes debaten este punto.

Ocurre que se ha ido extendiendo la idea en las últimas semanas de que la cuestión prejudicial quizás sea más interesante plantearla en el caso del terrorismo, en el que el Tribunal debería explicar hasta dónde llega al Directiva Europea que habla sobre esto. Si bien, los fiscales del procés defendieron la teoría de que los "intereses financieros de la Unión" podrían haberse visto comprometidos en la organización del referéndum por lo que no es descartable que el alto tribunal quiera explorar esta vía.

En cualquier caso, la opción más drástica sería la tercera, es decir, que el Tribunal directamente no viera la malversación amnistiable. En ese supuesto las fuentes consultadas no tienen dudas de que las medidas cautelares habría que mantenerlas en vigor. Se podría amnistiar todo lo relativo a las desobediencias y desórdenes públicos por lo que Clara Ponsatí, por ejemplo, que solo tiene esos delitos en su historial quedaría libre de enfrentarse al juicio. Pero Puigdemont no correría la misma suerte y Junqueras y el resto de condenados seguirían sin poder presentarse a las elecciones hasta 2031.

Prisión provisional y Puigdemont

Asimismo, las fuentes consultadas explican que si este fuera el escenario, si el Supremo dejara activas las órdenes de arresto, el expresident catalán sería detenido en cuanto viniera y puesto a disposición de Pablo Llarena para tomarle declaración. El asunto pasaría pronto a la Sala de lo Penal que sería la que lo juzgara, pero mientras tanto él podría quedar en prisión provisional.

Nada impide, dicen estas fuentes, que Puigdemont terminara en la cárcel de forma preventiva si la malversación se queda activa puesto que el riesgo de fuga es palmario. Lleva escapado de la Justicia desde 2017, por lo que los magistrados tendrían argumentos suficientes para ingresarlo en un centro penitenciario a la espera de la celebración del juicio que, sostienen estas fuentes, sería pronto.

Sea como sea, si algo está claro es que el recorrido de la ley de amnistía está lejos de acabar esta semana. Ya sea porque el Supremo interpreta que no hay recorrido (y Puigdemont acuda en amparo al Constitucional) o porque deduce lo contrario, la ley va a seguir generando controversia mucho tiempo más.

Terrorismo y traición

Además, todavía están pendientes dos decisiones más de vital importancia para Puigdemont, concretamente. La mayoría de causas alojadas en juzgados de Cataluña y que afectan a distintos políticos de segundo o tercer nivel o ciudadanos independentistas se basan en delitos de desobediencia, desórdenes públicos, prevaricación, revelación de secretos... Sin embargo, en el expresident confluyen distintas investigaciones que le colocan a la cabeza de todo el movimiento por la independencia del territorio catalán.

Además de la malversación que le puede complicar las cosas, la magistrada Susana Polo debe decidir también en el Supremo si el presunto terrorismo que observa en Tsunami Democràtic puede ser amnistiado. Asimismo, el pasado viernes a Puigdemont se le añadió un nuevo frente nada desdeñable: la alta traición.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, pidió al Supremo que imputara a Puigdemont y a Artur Mas por la llamada 'trama rusa' del procés. El magistrado cree que hubo vinculación de los líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo tras las organización del referéndum y que los catalanes se apoyaron en la potencia extranjera para construir una red de financiación de criptomonedas que les ayudara a espaldas de la Unión Euorpea.

Este delito también está excluido de la ley de amnistía por lo que si el Supremo aceptara la competencia y diera por buena la tesis del juez Aguirre, el expresidente se enfrenta a la tercera vía por la que no podría escapar de la Justicia a pesar de la ley que borra todos los delitos del procés.