El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que haberse renovado el 4 de diciembre de 2018. Han pasado cinco años y medio desde entonces, pero este martes por fin hay fumata blanca. Además de los 20 nombres que se han repartido entre el PP y PSOE de vocales conservadores y progresistas (diez cada uno) el pacto es mucho más transversal e incluye la aprobación de una Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la forma de designar a los vocales, el compromiso de que el presidente sea elegido entre los nuevos miembros y que ningún ministro pueda ser fiscal general del Estado como ocurrió con Dolores Delgado.

El acuerdo alcanzado por el equipo de Esteban González Pons y Félix Bolaños asegura que los 20 integrantes del nuevo Consejo compongan un puzle equilibrado entre magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, jueces y profesores de distintas sensibilidades.

Los nuevos integrantes del órgano deberán redactar un proyecto de ley que reforme el método de elección de sus propias filas para cumplir con la exigencia histórica del Poder Judicial de que sean los jueces los que elijan a sus pares. Este era uno de los grandes escollos de la negociación por ser reclamo del PP y de Europa, y los partidos han pactado que sean los nuevos vocales los que decidan cómo hacer esta reforma incluyendo "de manera expresa" un nuevo modelo de participación directa.

Además, se organiza un nuevo sistema de mayorías para que ni conservadores ni progresistas puedan imponerse en los nombramientos. Todas las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría reforzada de tres quintos, incluso, en lo referido a disgnaciones de tribunales de justicia autonómicos y audiencias provinciales. El bloqueo del CGPJ que desde 2020 no puede nombrar ha provocado que ahora deban cubrirse cerca de un centenar de plazas en total por toda España.

La promesa de este pacto deja también un cambio significativo en la forma de elgir al presidente del Poder Judicial que, aunque le ley impone que sea elegido por los vocales, tradicionalmente se repartía entre unos y otros en el poder político. "Por primera vez en la historia serán los vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal", han destadcado fuentes populares como un gran logro. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor sin candidatos sugeridos.

Igualmente, el acuerdo supone un pacto para evitar nuevos casos como el sucedido con Dolores Delgado. Un fiscal general del Estado no podrá haber sido previamente miembro del Ejecutivo; incrementa en 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo; e impone una especie de cláusula de congelación por la que se eliminan las puertas giratorias y ningún político podrá volver a la carrera judicial en el plazo de dos años dictando sentencias.

Los 20 nombres nuevos

  1. Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo)
  2. Esther Erice (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra)
  3. Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona)
  4. José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona)
  5. José María Páez (juez decano de Málaga)
  6. José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño)
  7. José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo)
  8. José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca)
  9. Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia)
  10. Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)
  11. Alejandro Abascal (Audiencia Nacional)
  12. Lucía Avilés (juez de lo penal de Mataró)
  13. José Luis Costa Pillado (presidente del Consello Consultivo de Galicia)
  14. Inés María Herreros Hernández (fiscal)
  15. Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria)
  16. Argelia Queralt (profesora Derecho Constitucional UB y Letrada del Tribunal
    Constitucional)
  17. Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala 4ª Tribunal Supremo)
  18. Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias)
  19. Luis Martín Contreras (LAJ Sala 3ª Tribunal Supremo)
  20. Isabel Revuelta (letrada de Cortes)

La vacante en el Tribunal Constitucional que dejó pendiente Alfredo Montoya la cubrirá Marío Macías, quien hasta hoy era vocal del CGPj por el lado conservador.