Las sensaciones son muy buenas y en líneas generales las distintas fuentes preguntadas en la cúpula judicial celebran lo firmado este martes en Bruselas. Alegría de muchos, que durante años han visto sus carreras paralizadas y ven que ahora vuelve a haber una ventana de esperanza para progresar y alivio de otros, que observaban con temor las posibles reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez pudiera acometer en materia de Justicia. Para algunas togas consultadas en el alto tribunal el "plantón del PP" de estos años ha provocado que el pacto por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arranque al PSOE mucho más que 20 nombres de vocales.

"En los seis años de espera jamás hemos sido partidarios de una renovación a todo trance, ni de olvidarnos de los intereses generales", explica una fuente del Tribunal Supremo. Para ellos, "lo que había en juego" era muy importante y durante mucho tiempo han mantenido en privado que la postura de los populares de no cumplir con la Constitución estaba justificada por un bien mayor, por preservar una Justicia de calidad.

Algunos están convencidos de que las reticencias del PP hasta este martes en el que se han estrechado las manos Esteban González Pons y Félix Bolaños han valido la pena para "imponer aspectos tremendamente importantes" que se van a reformar en la Ley Orgánica del Poder Judicial como la imposibilidad de que los cargos políticos ocupen una plaza en el CGPJ y que los nuevos vocales presenten un anteproyecto de reforma para que los jueces elijan a sus pares.

El partido de Alberto Núñez Feijóo no ha logrado que esta modificación legislativa se hiciera de forma automática para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, pero sí ha conseguido una primera piedra en esta senda. A su vez se ha asegurado que el PSOE se autoenmiende a sí mismo, por ejemplo, reconociendo que un fiscal general del Estado no pueda venir directamente de la política como ocurrió con Dolores Delgado.

El grueso de los magistrados veía "inasumible" seguir en el bloqueo en el que se había sumido este órgano desde diciembre de 2018. "Caminábamos a triplicar el mandato", dicen, "y no podía estirarse más tiempo la mala situación en que está la Justicia desde que la ley prohibió al CGPJ cumplir sus funciones" de nombrar a los altos cargos de los tribunales.

Distintas voces dudaron de que la mediación europea que propuso el PP para tratar de desatascar la situación fuera a servir para algo, pero con perpesctiva algunos lo ven como un acierto. "Creo que esto no se hubiera producido si Feijóo no hubiera exigido la mediación de Europa", aseguran desde el Supremo.

Desde las asociaciones judiciales ayer también hubo palabras de entusiasmo. El portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, indicó que las reformas pactadas "van por el buen camino" y pidió que se afrontará rápidamente la tarea de recomponer el órgano para "recomponer el prestigio perdido"; desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aplaudieron igualmente que se volviera "a la normalidad institucional".

Ambas, una progresista y la otra conservadora, fueron las más agraciadas en el reparto de vocales porque prácticamente la mayoría de los elegidos pertenecía a alguna de las dos. En esta línea se lamentaron las otras dos asociaciones. La Francisco de Vitoria (AJFV) a través de su portavoz Sergio Oliva aseguró que se había "perdido una oportunidad histórica de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas" y comentó a El Independiente que "es difícil de explicar que la segunda asociación en número de asociados tenga cero vocales". De los 5.343 jueces en activo sólo la mitad está asociado, si bien prácticamente sólo llegan al CGPJ la mitad que lo está.

Qué cambios vendrán ahora

PP y PSOE han presentado una reforma conjunta de la ley del Poder Judicial y del Estatuto de la Fiscalía para introducir una serie de cambios que ambos defienden que blindan la separación de poderes.

  • Para ser magistrado del Tribunal Supremo se necesitarán a partir de ahora 20 años de experiencia en la carrera en lugar de los 15 que se piden actualmente.
  • Un juez que se pase a la política (Parlamento Europeo, Congreso, Comunidades Autónomas...) deberá permanecer hasta dos años después de su cese en grado de "congelación" sin regresar al servicio activo para evitar las puertas giratorias. Eso, según explicó González Pons, aplica desde la reforma por lo que afectará, por ejemplo, a la reinserción en la carrera de ministros como Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles.
  • Tampoco podrán ser elegidos vocales del CGPJ los que hayan ocupado un cargo político en los cinco años anteriores al mandato.
  • Antes de ser elegidos vocales los candidatos deberán comparecer ante una comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente para tratar de objetivar estas designaciones.
  • Se prevé la creación de una Comisión de Calificación en el Consejo del Poder Judicial que la integrarán cinco vocales y que informará sobre los nombramientos de su competencia, para garantizar la valoración objetiva de las candidaturas presentadas para audiencias provinciales, tribunales superiores o Tribunal Supremo.
  • Se refuerzan las mayorías en el pleno de manera que sólo se podrán hacer estos nombramientos (uno de los principales poderes del CGPJ) por mayoría reforzada de tres quintos. Esto obliga a conservadores y progresistas a ponerse de acuerdo en los nombres para ocupar cargos de responsabilidad.
  • El nuevo Consejo deberá elaborar en un plazo de seis meses un estudio de los sistemas europeos para la elección de vocales y proponer una modificación al Gobierno y a las cámaras para cambiar el sistema de elección de los vocales que ha traído hasta aquí el bloqueo político.
  • Sobre el fiscal general del Estado también hay nuevas normas como que deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando le afecten algunas de las causas de abstención.
  • Se crea, además, un régimen de incompatibilidades para que el jefe de la Fiscalía no pueda haber estado en los cinco años anteriores en un cargo político. Así se evitará que, como ocurrió la legislatura pasada, una ministra de Justicia termine ocupando este puesto que requiere la presunción de objetividad.
  • Para adecuar la estructura de la plantilla judicial y fiscal se acuerda la provisión de 200 plazas más cada año, de tal forma que en los próximos cinco años entren 1.000 jueces y fiscales en la carrera.

Cinco años de parálisis

El Consejo General del Poder Judicial tendría que haberse renovado el 4 de diciembre de 2018. Han pasado cinco años y medio desde entonces, es decir, los actuales vocales han duplicado su mandato e iban camino del tercero. Hasta hoy.

Por el órgano de Gobierno de los jueces han pasado ya tres presidentes distintos. El primero y único elegido mediante el procedimiento habitual fue Carlos Lesmes, quien dimitió en octubre de 2022 tras cuatro años de intentos imposibles entre el PP y el PSOE por ponerse de acuerdo. Lesmes cumplió su palabra. Amenazó con dimitir en septiembre y cuando certificó que las conversaciones entre el portavoz popular Esteban González Pons y el ministro de Presidencia y Justicia socialista Félix Bolaños no fructificaban, dejó su cargo confiando en que esto sirviera de revulsivo para el pacto.

Pero nada más lejos de la realidad. Otros dos años y dos presidentes han pasado hasta hoy. El Consejo General del Poder Judicial decidió entonces dividir la jefatura para que hubiera un presidente del Tribunal Supremo interino, Francisco Marín Castán, --que sí se ha mantenido-- y otro del órgano de gobierno. Este cargo lo ocupó primero Rafael Mozo, hasta que se jubiló en julio del pasado año, y luego llegó el actual, Vicente Guilarte, escogidos ambos por ser los de mayor edad.

Los interlocutores políticos también han ido cambiando desde que en 2018 se frustrara el pacto por la filtración de un mensaje del Whatsapp del entonces senador del PP Ignacio Cosidó que ante el inminente consenso comentó con sus colegas que podían "controlar la Sala Segunda desde atrás" porque la elección del presidente había sido Manuel Marchena.

Este magistrado, actual presidente de esa Sala de lo Penal del alto tribunal, renunció a la presidencia del CGPJ y el estrechamiento de manos nunca llegó a producirse. A partir de ahí, han sido distintas las razones por las que antes o después todos los intentos de diálogo han terminado frustrados. Lo intentaron primero el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el exconsejero madrileño Enrique López que se conocían de una época anterior en la que precisamente los dos habían sido vocales del Consejo.

Pero no hubo forma. Los vetos cruzados entre vocales (el PP ponía la línea roja en Victoria Rosell y Ricardo de Prada), el problema de que en la negociación entrara Podemos, la reforma del Código Penal para rebajar el delito de malversación y eliminar la sedición… Una y otra vez las negociaciones han ido fracasando hasta que el partido de Alberto Núñez Feijóo propuso la mediación europea que supervisara la conversaciones.

El reto del nuevo Consejo

Uno de los grandes retos para los nuevos vocales será los nombramientos que llevan desde 2020 congelados. Cuatro años en los que las vacantes por jubilación, muerte o renuncias dejan casi un centenar (94) de puestos pendientes de renovación.

Hasta 25 están en el Tribunal Supremo donde las salas de lo Contencioso y de lo Social son las más mermadas. Falta presidente de ambas así como de la Sala de lo Civil.