Viejos conocidos, caras nuevas y, en general, aire fresco para el órgano del Poder Judicial que llevaba cinco años y medio con el mandato caducado y cuatro sin la posibilidad de hacer nombramientos en las cúpulas de los tribunales. Desde que tomen posesión los nuevos miembros, 20 vocales (10 a elección del Congreso y 10 a elección del Senado) se incorporarán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que elabora informes para el Gobierno, sanciona o los jueces o designa los cargos de responsabilidad.

Sensibilidades distintas algunos más y otros menos relacionados con la política, pero todos con sobrada profesionalidad para integrar el Consejo. Ahora recae sobre ellos la enorme responsabilidad de elegir a un presidente o presidenta. La mujer del instructor del procés Pablo Llarena, una fiscal muy cercana a Dolores Delgado o un magistrado que trabajó mano a mano con Manuel García Castellón son algunos de los seleccionados para el nuevo encargo que durará hasta 2029.

La mayoría de los vocales (son 12 de procedencia judicial y otros 8 juristas de reconocido prestigio) están avalados por dos de las cuatro asociaciones de jueces que existen: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) del lado progresista y Asociación Profesional de la Magistratura (APM) del lado conservador. No hay ningún elegido de los otros dos grupos Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ni Foro Judicial Independiente (FJI). Esto es una queja histórica de muchos jueces ya que de los 5.000 miembros casi la mitad no están asociados y no consiguen hacerse un hueco en estos puestos.

Vocales de procedencia judicial

Ángel Arozamena es magistrado del Tribunal Supremo desde 2015. Ingresó en la carrera en 1985 e inició su andadura en juzgados de Cornellá (Barcelona) y Arganda del Rey (Madrid). Entre 1990 y 1996 estuvo magistrado especialista de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Madrid y a partir de ese año se trasladó al gabinete técnico del Tribunal Supremo donde estuvo una década. Ocupó puestos de asesor en la presidencia del Gobierno de Felipe González entre 1986 y 1990 y como director general de Relaciones con la Administración de Justicia con José Luis Rodírguez Zapatero, entre 2007 y 2009. Es de los pocos elegidos no asociados.

Esther Erice es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y es experta en violencia sobre la mujer, siendo una referencia en la judicatura feminista. Es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Se hizo más conocida en 2023 cuando discrepó mediante un voto particular en rebajar la condena a Ángel Boza, uno de los cinco condenados por 'La Manada' después de que solicitara la revisión de la pena por la 'Ley del Solo sí es sí'. Ingresó en la carrera en 1986 en distintos juzgados de instrucción y primera instancia en Guipúzcoa y Navarra y a finales de 1989 llegó a la Audiencia Provincial de Madrid.

Gema Espinosa es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Fue directora de la Escuela Judicial Española, pero en 2018 decidió dejar el puesto en previsión de la renovación del CGPJ, puesto que su nombre sonaba como seguro para integrar el órgano. Tuvo que volver a su puesto y desde entonces ha aguardado a la llegada de este momento. Es una togada muy reputada entre sus compañeros pues consiguió el récord de avales para aspirar al Consejo y es esposa del magistrado del Supremo e instructor del procés Pablo Llarena. Es miembro de la APM.

José María Fernández Siejo es juez de lo mercantil de Barcelona y miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democrácia. Ha participado en borradores de la reforma de la ley concursal, ha intervenido como experto en reformas procesales y mercantiles tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament de Cataluña y es autor de numerosas publicaciones en esta materia. Ha sido galardonado por el Premio Txema Fínez por su compromiso "ante los desahucios y la protección de desfavorecidos".

José María Páez es juez decano de Málaga. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha sido muy crítico con la ley de amnistía y la separación de poderes en distintas entrevistas los últimos meses. "No se puede hablar de fachas con togas", dijo en una de las últimas.

José Carlos Orga, es magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño y miembro de la APM también. Tiene una trayectoria de casi 20 años dentro de los órganos judiciales riojanos, donde ha sido decano e incluso candidato a presidir el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Por sus manos han pasado casos representativos allí como los delitos urbanísticos alrededor del chalé del expresidente de La Rioja Pedro Sanz o la disolución del Club Deportivo Logroñés.

José Antonio Montero es magistrado del Tribunal Supremo desde 2009. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y tuvo su primer destino en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Se especializó en Contencioso-Administrativo y estuvo primero en el Tribunal Superior de Justicia andaluz para terminar en el alto tribunal donde se ocupa de asuntos en materia de Derecho Tributario. Es abogado fiscal excedente y miembro de la APM.

José Eduardo Martínez Mediavilla es presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca y miembro de la APM. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid e ingresó en la Escuela Judicial en 1991. Ha pasado por juzgados de Burgos y Barcelona. Entre 2007 y 2010 fue juez decano de Guadalajara.

Esther Rojo es presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, cargo para el que fue nombrada en 2019, y forma parte igualmente de la APM. Ingresó en la carrera judicial en 1996 y sus primeros destinos judiciales fueron los juzgados de primera instancia e instrucción de Denia (donde llegó a ser decana) y Reus (Tarragona). Es especialista en Derecho Penal.

Carlos Hugo Preciado es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por el contrario, ha contado con el aval de la asociación progresista. Ha sido letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo y es autor de numerosas monografías en el ámbito de los Derechos Humanos y el Derecho Laboral. Además, ha publicado libros de poesía.

Alejandro Abascal es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y miembro de la APM. Se inició en el Juzgado de instrucción número 6 como refuerzo del magistrado Manuel García Castellón y luego se trasladó al número 1 cuando la plaza quedó vacante. Ha tomado decisiones importantes como reabrir sumarios contra los jefe de ETA y ha pilotado casos mediáticos como 'Soule'.

Lucía Avilés es magistrada del juzgado de lo penal de Mataró y una experta en violencia de género. Se inició en la carrera en 2009 y ha dado charlas en el Parlamento Europeo, en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad y en el propio CGPJ. Además es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España que mantiene una lucha por el feminismo y es muy activa en redes sociales en esta materia.

Vocales juristas

José Luis Costa Pillado es presidente del Consello Consultivo de Galicia desde 2014 y aunque estaba en servicios especiales de la carrera, ha sido miembro de la APM. Era el que sonaba desde el PP para cubrir la vacante que dejó Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional. Es una persona de la total confianza de Feijóo.

Inés María Herreros Hernández es fiscal de carrera y fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que lideró el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz. Es muy cercana a Dolores Delgado, de hecho, fue designada para ocupar una de las dos plazas junto a ella en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática adonde vino desde su puesto en el Ministerio Público de Las Palmas. Fue una de las caras visibles en las negociaciones para la subida salarial de toda la carrera el pasado año con el Ministerio de Justicia.

Pilar Jiménez es fiscal superior de Cantabria desde 2015 y, en su caso, pertenece a la Asociación de Fiscales. Ha pasado por la Fiscalía Provincial de Sevilla, la de Bilbao y ha sido fiscal delegada de Violencia de Género, decana de Menores así como teniente fiscal cántabra con el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Argelia Queralt es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional. Es autora de más de 50 publicaciones y ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero. Es hija del senador de ERC Joan Queralt y puede ser un guiño a los socios del Gobierno, aunque ella siempre ha marcado distancias con el independentismo.

Ricardo Bodas es magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y expresidente de la misma sala de la Audiencia Nacional. Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

Bernardo Fernández presidió el Consejo Consultivo de Asturias entre 2006 y 2018 y actualmente es profesor de Derecho Internacional Público. Fue exvicepresidente del Principado de Asturias con el PSOE de 1991 a 1993.

Luis Martín Contreras es letrado de Justicia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y fue propuesto ya en el anterior intento de renovación por parte del PSOE para ocupar este cargo. Fue magistrado en la Audiencia Nacional y es autor de varios libros de Derecho Procesal.

Isabel Revuelta es letrada de las Cortes y directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado desde el pasado 1 de marzo. Su nombre fue conocido en febrero por haber sido una de las firmantes del informe de los letrados de la Comisión de Justicia que ponía en duda la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Fue secretaria general técnica en el Ministerio de Defensa con el PP.