La Fiscalía ha pedido este jueves amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están procesados por pertenencia a organización terrorista. En una vista que se ha celebrado en la Audiencia Nacional el Ministerio Público se ha colocado con las defensas y ha mantenido la línea que está siguiendo en todas las causas: aplicar la ley del perdón sin cortapisas.

La causa la había seguido desde el inicio en 2019 el fiscal Miguel Ángel Carballo, pero tras su marcha de la Audiencia Nacional el asunto quedó en manos del fiscal Vicente González Mota. Sin embargo, este jueves ha acudido la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez.

La Fiscalía había pedido penas de entre 8 y 27 años de prisión para la docena de independentistas a los que se le atribuía la organización de disturbios violentos tras la sentencia condenatoria del referéndum del 1-0. El sumario reveló cómo el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERC) era una "célula radical" a la que se le imputa la fabricación de explosivos. Por eso, habían pedido sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa; además de otros cuatro únicamente por pertenencia a grupo terrorista.

Ahora, la teniente fiscal Durántez ha defendido que "ninguno de los hechos objetos de acusación se incardinan" en los expuestos excluidos de la Ley de Amnistía que "no admite otra interpretación que la gramital, dado que la misma no ofrece duda".

La vista estaba pendiente desde el pasado 1 de abril cuando fue aplazada después de que el letrado de uno de los principales investigados, Alexis Codina, no pudiese asistir por una baja médica. Hoy, los abogados de todos ellos han defendido que la amnistía encaja perfectamente en esta causa porque no hubo terrorismo que vulnerara ningún derecho y no hay víctimas.

Como prueba de ello, los letrados han defendido que no existen acusaciones particulares, sino solo populares; que no había un ánimo de intimidación a la población; que las acciones de los CDR no causaron terror y que lo único que querían era reivindicar un movimiento político. Han defendido así que no hubo ninguna violación grave de los Derechos Humanos como está recogida en la Directiva europea de terrorismo, lo cual dejaría fuera del perdón a los procesados.

La acusación popular que representa a dos policías heridos en los disturbios, por el despacho Fuster Fabra, ha defendido que si es terrorismo o no deberán decidirlo los tribunales y, por tanto, que el asunto debe ir a juicio. Ahora debe decidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional qué hacer.