Que el Tribunal Constitución está dividido en dos no es un secreto desde que se logró renovar en diciembre de 2022. Pero la gestión de las sentencias del 'caso de los ERE' ha hecho que la grieta entre el sector conservador y el progresista sea aún más pronunciada y el nivel de tensión interno se puede cortar con cuchillo, según relatan distintas fuentes del órgano. Desde el entorno del presidente Cándido Conde-Pumpido enmarcan el clima de trabajo en la absoluta normalidad, pero en el otro lado lo señalan por su escasa intención de llegar a consensos y su poca transparencia en el cometido de dirigir un tribunal que, dicen, pierde credibilidad por momentos.

Este martes comienza el debate de los recursos de cuatro altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía que permanecen en prisión por el fraude de los 'ERE' –el exconsejero de Innovación andaluz Francisco Vallejo, el ex director general del Instituto de Fomento Miguel Ángel Serrano, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román– y la semana del 16 de julio irán a pleno los que quedan, algo menos urgentes porque no están en centros penitenciarios como el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

La idea, a grandes rasgos y según el borrador de la ponencia al que ha tenido acceso El Independiente, es desmontar tanto el delito de prevaricación como el de malversación para todos ellos porque la responsabilidad de los políticos no es penal ya que gestionaron las ayudas que estuvieron bajo el foco judicial en cumplimiento de una ley (la Ley de Presupuestos de 2002) que había sido aprobada por el Parlamento. Con sus matices, prácticamente todas las condenas se diluirán como un azucarillo ante la mirada perpleja de magistrados del Tribunal Supremo que habían avalado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Entre el sector conservador –que integran Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y César Tolosa– reina el malestar por la forma en la que se han gestionado todas estas ponencias. La magistrada y vicepresidenta Inmaculada Montalbán ha llevado la batuta de este asunto sin ningún hilo de comunicación con los cuatro magistrados anteriores. "Se crean comisiones de letrados que desconocemos y nos enteramos por cotilleos del Tribunal", explican citadas fuentes.

Estas voces critican que el presidente Conde-Pumpido no los haga partícipes de las sentencias más que pocos días antes del pleno, mientras que a los progresistas –Montalbán, Juan Carlos Campo, María Luisa Balaguer, Juan Ramón Sáez y Laura Díez– les reparte los documentos de trabajo con "mucha más antelación". La preocupación de la presidencia, según dicen, es que no haya fisuras en el bloque progresista sin importar llegar a consensos en la otra mitad del órgano.

A algunos de los consultados les molesta la etiqueta del "7-4" (en referencia a que siempre votan los siete progresistas juntos y los cuatro conservadores en bloque) y niegan tal división en todos los casos. Destacan, por ejemplo, que determinados miembros del tribunal sí luchan por llegar a puntos de entendimiento o acercar posturas como Tolosa y Enríquez que votaron con los progresistas el pasado 18 de junio cuando el Tribunal decidió no paralizar de forma cautelarísima la votación en el Parlament por admitir el voto delegado de Carles Puigdemont y Lluís Puig; o con la Ley de Eutanasia cuya sentencia elaboró Ramón Sáez y sólo tuvo los votos particulares de Arnaldo y Espejel.

Del otro lado, también destacan la figura de Laura Díez que ha votado con los conservadores, por ejemplo, en asuntos como la sentencia sobre la utilización de agentes encubiertos en operaciones de droga; o la de la extradición a Marruecos de Alí Aarrass y cómo dar cumplimiento efectivo a las resoluciones de Naciones Unidas en la que Díez hizo voto particular junto a Arnaldo, Espejel y Enríquez.

La argumentación de los 'ERE'

Pero el tema de los 'ERE' ha volado puentes porque fuentes jurídicas aseguran que hay indignación, incluso, entre los letrados del órgano y que en las sentencias se omiten párrafos del fiscal del Tribunal que estaba por suprimir la prevaricación, pero no la malversación.

El asunto, según quién lo cuente, difiere por completo en cuanto al enfoque. La sentencia original de los 'ERE' dice que el Gobierno andaluz suprimió el mecanismo que obliga al control de los fondos públicos y se articuló una Ley de Presupuestos que lo que hacía era derivar el dinero desde la Junta hasta la agencia IDEA sin que hubiera una fiscalización previa. Así, se repartieron 679 millones de euros al margen de la ley de subvenciones y esto, para la Audiencia de Sevilla y el Supremo, supuso un uso fraudulento del dinero público.

El Tribunal Constitucional parte de esta idea, pero no entra a analizar si esa Ley de Presupuestos de 2002 que evadía los controles fiscales era o no ilegal. Los magistrados no evalúan si ese sistema era delictivo, sino que dicen que si esa ley existía y los políticos lo único que hicieron fue aplicar la ley, no se les puede condenar por ello. "Ellos aplicaban una ley, no estaban ideando un sistema que evitara los controles y por tanto no puede haber ni prevaricado ni malversado", aclara una fuente del alto tribunal sobre la postura.

Esta idea que vertebra la argumentación de los progresistas ha servido ya para exculpar a la exconsejera de Transportes Magdalena Álvarez y servirá la próxima semana para exonerar al resto. Para ellos, este caso no encaja con que la participación en elaborar un anteproyecto de presupuestos pueda ser un acto prevaricador, "no es una resolución administrativa y por tanto no puede haber prevaricación", dicen, porque luego este documento pasa por el Parlamento y aquí puede ser modificado mil veces.

La Ley de Presupuestos dio cobertura legal desde 2002 hasta 2009 a todos los que participaron en los 'ERE', si bien sí quedan flecos y por ende tendrán un tratamiento distinto aquellos actos entre el 2000 y el 2001, así como lo que quede circunscrito a la Consejería de Empleo que es la que activamente repartía el dinero. De ahí, que en cada revisión de las condenas haya matices.

Para los conservadores esta visión jurídica es "un disparate" y supone blindar los gobiernos que pueden hacer leyes ilegales sin miedo a asumir responsabilidades penales. "Ahora puedes hacer una ley para financiar narcolanchas, que si haces la ley y el Parlamento la aprueba no hay delito", reflejan. Los progresistas rebaten este argumento, pues dicen que ellos no han entrado a analizar la ley y que, por tanto, si ahora se hiciera una ley paraguas para la corrupción los controles de los tribunales pueden seguir actuando sin problema sobre la norma. "No se puede decir que estemos permitiendo la corrupción. Lo que decimos es que si el sistema era ilegal quienes lo aplicaban no podían hacer nada".

El sector más crítico considera que se está revisando este caso por el simple hecho de ser un caso de corrupción que afecta al PSOE y recuerdan que ni Gürtel, donde el PP fue condenado, ni Nóos, donde la pena alcanzó a la Casa Real ni históricamente ningún caso de este estilo se ha entrado a analizar por el Constitucional, pues compete a los tribunales ordinarios. "No se puede caer más bajo", revelan.

La sensación que indican estas fuentes es de total incomunicación con los otros despachos del edificio que protege la Carta Magna. Lamentan que desde el órgano no exista un interés por llegar a acuerdos como se hace, por ejemplo, en el Tribunal Supremo donde la división entre unos y otros no es para nada tan patente y los togados hacen esfuerzos contínuos por sacar las decisiones importantes por unanimidad como lo que ocurrió con la ley del 'solo sí es sí' o como lo que se está intentando con la amnistía.

Y este es otro melón que saben que eventualmente llegará al Constitucional y el ambiente que describen no es el propicio para recibirlo. La llegada del magistrado José María Macías a las sillas conservadoras tampoco servirá para apaciguar las aguas, dicen estas fuentes, puesto que su perfil es bastante combativo. Habrá que ver si la ley del perdón descose aún más las costuras de un Tribunal deshilachado.