La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha llegado a declarar este viernes ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid alegando que "no tiene conocimiento" de por qué la investiga el juez Juan Carlos Peinado, según fuentes presentes en la declaración. El magistrado ha sacado a las acusación populares de la Sala para "ilustrarla" y posteriomente ha decidido suspender la declaración porque no estaba notificada la querella de HazteOir. La vuelve a citarla el próximo 19 de julio. Gómez lleva desde mayo inmersa en un procedimiento por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados. El magistrado no ha atendido a su petición de grabar la declaración sólo con audio y se hará con imagen y sonido, aunque la decana de los tribunales sí le ha permitido entrar en coche por el garaje eviando el "paseíllo".
La mujer de Pedro Sánchez ha llegado a los juzgados sobre las diez y cuarto de la mañana, cuando estaba citada, con un despliegue policial que tiene pocos precedentes en los tribunales de Madrid. Había al menos 20 furgones policiales, varias decenas de agentes en las calles y tramos de la vía madrileña cortados. También se han producido pequeños inicientes en las aceras colindantes de manifestantes con banderas de España que al grito de "ladrones" o "que te vote Txapote" han aguardado la llegada de la investigada.
El juez había ordenado que las acusaciones populares — que forman Iustitua Europa, Manos Limpias, Vox, Movimiento de Regeneración Europea y Hazte Oír— se agruparán en un solo portavoz, que ha sido la formación de Santiago Abascal. Además de la responsable de los servicios jurídicos del partido Marta Castro, también este viernes se ha acercado el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé.
Begoña Gómez ha llegado minutos después de su abogado Antonio Camacho, que lleva desde hace semanas siguiendo la misma línea argumental: que no sabe qué se sigue investigando una vez parte de la causa se ha enviado a la Fiscalía Europea. Ella ha llegado acompañada de cuatro personas vestidas de traje y pantalón negro, según los presentes en la declaración, sin saludar ni pararse a hablar con nadie.
En los pasillos del juzgado únicamente había un pequeño grupo de periodistas, a los que la decana del juzgado María Jesús del Barco había permitido entrar para mantener el derecho a la información. A pesar del despliegue policial, el ultra Vito Quilez, que no formaba parte de ese grupo, ha podido entrar al Juzgado y cuando algunos compañeros han pedido explicaciones ha dicho que venía “como ayudante de una acusación popular”.
En el foco hay varias líneas de investigación: por un lado los contratos públicos que la Administración entregó al empresario Juan Carlos Barrabés, por otro la ayuda que el Gobierno dio a Air Europa y, por último, la relación laboral de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid.
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