La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de invalidar buena parte de la investigación sobre Tsunami Democràtic provocó que anoche el juez Manuel García Castellón regresara de urgencia de sus vacaciones para archivar toda la causa. La amnistía por el delito de terrorismo queda en el aire, porque directamente este delito ahora ha languidecido en relación a las causas sobre el independentismo, pero la Ley del perdón no se ha aplicado en la otro caso que afecta a Carles Puigdemont, el procés, y esto no cambia.

El Tribunal Supremo mantiene en este momento dos investigaciones abiertas contra el líder de Junts y ambas se han visto afectadas por la amnistía pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas. Lo previsible es que en las próximas horas la causa de Tsunami Democràtic que es más nueva –llegó al Supremo en febrero de 2024 (el procés lo hizo en 2017)–, y que se ha encargado a la instructora Susana Polo quede archivada allí también, después de la decisión que ha tomado García Castellón con la matriz.

Ella se encontraba aún en fase de estudio sobre la amnistía. El último paso lo dio el pasado viernes cuando solicitó a las defensas de Puigdemont y del diputado Rubén Wagensberg (también imputado en este asunto) que se pronunciaran sobre si era necesario plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consultando si la amnistía es aplicable en este caso de terrorismo.

Esto daba la medida de la intención que tenía Polo y que fuentes jurídicas apuntalan: preguntar a Europa. Pero todo ha quedado en suspenso, una vez ya es dudoso que Puigdemont pueda estar investigado por este delito por un defecto procesal. La Audiencia Nacional ha anulado todo lo que tenía que ver con estas diligencias después de julio de 2021 y el juez instructor allí, Manuel García Castellón, no elevó la petición de imputar a Puigdemont (que es aforado) hasta finales de 2023.

Habiéndose diluido del todo el delito de terrorismo para Puigdemont ya solo hay una causa en el independentismo que sigue mantienendo esta tesis y es la de los Comités de Defensa de la República (CDR), que llegaron a manejar explosivos para atentar por el independentismo. La Fiscalía que, al contrario que en Tsunami, sí veía terrorismo en este asunto, ya ha pedido la amnistía y la decisión está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia que dirige el juez Alfonso Guevara. Sólo esta Sala podría acudir al TJUE si duda sobre la aplicación en este punto o podría perdonar directamente y borrar los antecedentes de los 12 procesados.

Por otro lado, el Supremo mantiene a buen recaudo el procés cuyo instructor Pablo Llarena ha decidido que no es posible eliminar todo rastro de delito debido a que la malversación no puede amnistiarse. En una interpretación que coincide con la que ha hecho la Sala de lo Penal del alto tribunal, Llarena dice que los políticos se enriquecieron en el referéndum del 1-0 al utilizar fondos públicos para pagar sus objetivos personales.

Esto ya es firme. Aunque puede cambiar si el Tribunal Constitucional lo ordena, en este momento es la decisión a largo plazo que han tomado los magistrados penalistas que escriben la jurisprudencia española.