Desde que la Audiencia Nacional ordenó el 18 de octubre de 2019 el cierre de la web de Tsunami Democràtic hasta esta semana, la causa ha ido acumulando folios y folios, tomos y tomos, e informes de todo tipo hasta convertirse en una gran investigación contra doce independentistas, incluido Carles Puigdemont, que ponía en serio riesgo la amnistía. Ya desde el inicio la propia Audiencia Nacional comunicó que esa URL quedaba "bloqueada por disposición de la autoridad judicial" y ponían en el foco el delito de terrorismo. Después de todas las vueltas que el Congreso dio a la Ley en respuesta a cómo iba dirigiendo el juez Manuel García Castellón la causa, lo que ha provocado el borrado de todo el asunto no ha sido la norma en sí, sino un error del propio magistrado instructor.

Quedan así multitud de indicios que se guardarán en un cajón después de que tanto García Castellón como la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo hayan decidido archivar la causa. El motivo: se ha invalidado todo lo investigado entre julio de 2021 y este 2024. Puigdemont –huido en Bélgica desde 2017– y la secretaria general de ERC, Marta Rovira –fugada en Suiza desde 2018– se han librado de ser acusados de terrorismo.

Además de otras diez personas: el jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; el fundador del Diario Ara, Oriol Soler; Xavier Vendrell Segura, exconsejero de la Generalitat y dirigente de ERC; Marta Molina Álvarez, que ocupó cargos en ERC; Josep Campmajó Caparrós, empresario catalán; Jesús Rodríguez Sellés empresario y trabajador del periódico La Directa; Jaume Cabani Massip; Oleguer Serra Boixaderas, consjero de Òmnium Cultural; y Nicola Flavio Giulio, quien presuntamente subvencionó el movimiento. A las que se une el exdiputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg, cuya causa también la llevaba el Supremo por ser aforado. Según la investigación de los Servicios de Información de la Guardia Civil, cada uno cumplía un papel en la plataforma.

  • Estructura jerarquizada y organizada: El juez García Castellón destacó en los escritos de imputación que Tsunami se trataba de una "organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendía su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social pasiva". Es una definición que encaja en los términos que recoge el Código Penal.

Pero no sólo lo veía él. También el Tribunal Supremo asumió esta tesis al admitir a trámite la exposición razonada que el juez García Castellón elevó para los casos de los aforados. La Fiscalía se opuso en todo momento al terrorismo en este asunto, aunque no hubo consenso en sus filas y el debate se llevó a un cónclave que se partió a la mitad. El fiscal del alto tribunal Javier Zaragoza explicó en este medio que "no es necesario una organización para que haya terrorismo, como en Tsunami Democràtic"

  • 2,8 millones de euros en daños urbanos: Las protestas callejeras de ese año se saldaron con 200 detenidos en distintas trifulcas que acabaron también con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado heridos. Los cálculos de la investigación señalan que la factura en daños urbanos para el erario público ascendió a 2,8 millones de euros. Se quemaron contenedores, se cortaron carreteras, se paralizó un partido de fúbtol en el Camp Nou...
  • El bloqueo de El Prat: Las pesquisas guardaban un atestado de los Mossos d'Esquadra del 17 de octubre de 2019, tres días después de que Tsunami Democràtic tomara el aeropuerto, que era una de las claves de bóveda del terrorismo por tratarse de un lugar de especial trascendencia para la seguridad del Estado. "Se sucedieron un goteo de incidentes por manifestantes que querían acceder al interior del aeropuerto. Los más relevantes fueron la formación de barricadas para impedir el paso de los agentes de la autoridad, el lanzamiento de objetos contundentes y cristales contra la línea policial y vaciado de extintores para dificultar la visión de los agentes policiales", indica el informe.

"Rociaron de agua el suelo para entorpecer la acción de los efectivos" y se llegaron a contabilizar 8.000 personas concentradas en el exterior del aeropuerto, vestíbulos e infraestructura de la T1 y T2. Los Mossos recogieron vídeos con sus cámaras y pidieron imágenes a los medios de comunicación, así como entrevistaron a todos los agentes que fueron heridos para redactar el atestado. Se describen todas las furgonetas que fueron apedreadas y dañadas y se cuantifican los daños de ADIF por más de 600.000 euros.

"Parem el aeropuerto de Barcelona. Nos ven en la T1", se desperdigó por redes sociales. Difundieron imágenes en redes sociales de billetes falsos con la intención de colapsar El Prat. Este medio publicó los vídeos que para el juez Manuel García Castellón habían sido relevantes en la tipificación delictiva, destacando cómo tapan las cámaras de seguridad con pintura, cómo desperdigan botes de humo o cómo lanzan elementos de metal al suelo.

  • Las conexiones con Suiza y Rusia:"No parece albergarse dudas de que el Gobierno del Kremlin activó, en ocasiones de forma ambigua, la guerra de información para desestabilizar España como parte de su narrativa general sobre la Unión Europea al borde del colapso y ese es el principal mensaje de los medios de comunicación controlados por el Kremlin: Russia Today y Sputnik", dice un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario. La investigación revela cómo supuestos coordinadores de la plataforma cómo  Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont, o el empresario Víctor Tarradellas trataron de internacionalizar el conflicto y buscar la connivencia de distintos países.

Las pesquisas no sólo señalan que se abrió una guerra informativa, sino que llegan a advertir de que un militar ruso ofreció soldados a la causa independentista. "Esta gente le dijo al presidente [Puigdemont] si quería diez mil soldados. El jefe de arriba del todo. Te pido que esta conversación no salga de aquí", dijo Tarradellas al exdiputado del Parlamento de Cataluña Xavier Vendrell. "Hicimos venir al jefe de Rusia... y que pagaban toda la deuda", esgrimió.

Además, se detectaron conversaciones con Nicola Foglia, vicedirector del banco helvético Banca della Svizzera Italiana (BSI) que terminó imputado. Alguna conversación de éste con Alay revela supuesta financiación del banquero que pudo inyectar unos 6.000 francos suizos a Tsunami Democràtic cuando se produjeron los disturbios del aeropuerto de El Prat.

  • Acciones contra el Rey Felipe VI: los tentáculos de la plataforma llegaron a tocar las Fuerzas de Seguridad donde la Guardia Civil sospecha que tuvieron colaboradores, como avanzó El Independiente. El teléfono móvil del empresario Josep Campmajó Caparrós, que fue detenido el 28 de octubre de ese año, consiguió aportar información muy valiosa en este sentido con 'pantallazos' sobre cómo estaban organizando una posible acción contra el Rey en julio de 2020 cuando éste anunció su intención de acudir a Barcelona.

Un usuario bajo el alias de 'Xuxu Rondinaire' advirtió de que los Comités de Defensa de la República (CDR) van a actuar y, según esta información, necesitaban saber cómo iba a moverse la comitiva de seguridad que lleva el monarca. "Desde algunas horas antes la Guardia R.[Real] hace pases arriba y abajo por todo el recorrido", "y un par de horas o dos antes hacen el recorrido con toda la comitiva (sin personalidad). Y la comitiva es larga", se lee en los mensajes. "El próximo viernes (17-J) el Borbón que el 3-0 dio un discurso legitimando y apoyando la violencia policial, contra los votantes del Referéndum, pretende venir a Barcelona". "Los CDR le daremos la estocada. Haremos caer al rey !!".

El jefe del Estado cambió de planes y el proyecto se fue al traste.  "Toc toc. Te confirmo que el corona-virus no va. La fuente es un compañero de Inteligencia que le dijeron el viernes", se intercambian días antes del evento. Finalmente Felipe VI visitó el 20 de julio el monasterio de Poblet en Tarragona. Varios grupos de manifestantes con simbología independentista trataron de boicotear el acto y, a la vez, se produjeron actos de sabotaje en Girona desde primera hora de la mañana cuando se cortó el AVE. Renfe calculó entonces el coste de las acciones afectaría a unos 2.000 viajeros. Se quemaron neumáticos y el fuego provocó daños en la catenaria y en las instalaciones de fibra óptica situadas entre la capital gerundense y la ampurdanesa (Figueres). Junto a los neumáticos aparecieron símbolos antimonárquicos.

  • El "gran jefe": Para el juez, el expresidente de Cataluña tuvo un "rol de liderazgo" dentro de la organización desde el extranjero. La agenda y el móvil de Alay fueron determinantes para descubrir anotaciones y mensajes en este sentido. "El lunes 26 de agosto [de 2019, antes de la aparición pública de la plataforma] se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia", escribió a Alay. En el informe final de la Guardia Civil aparecen varias alusiones a el "president" o un "gran jefe" que para los investigadores pone de relieve la existencia de un nivel directivo dentro de la organización.  
  • El fallecido: Jean Claude Scherzinger, un francés de 64 años, falleció el día que se bloqueó El Prat por un choque cardiogénico. El informe médico reza: "Presencia de una enfermedad potencialmente letal y avanzada como para explicar la muerte, pero sin evidencia de una lesión estructuralmente letal. El diagnóstico de esta categoría está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte". El juez quería involucrarlo en las pesquisas esgrimiendo que "precisamente, estas circunstancias, el bloqueo del aeropuerto pudieron influir en el resultado del fallecimiento confirmando el riesgo que la acción ejecutada pudo suponer". Nada de esto llegó a acreditarse nunca porque su familia en Francia se negó a hablar.

Los CDR y el terrorismo

La vinculación con los Comités de Defensa de la República(CDR) era otra de las vías a explorar en el terrorismo de Tsunami. Fuentes de la investigación señalaban que como los CDR eran el brazo violento de la plataforma y que si la Fiscalía pedía cárcel para ellos por terrorismo era extensible a los líderes de Tsunami.

El Ministerio Público nunca vio, sin embargo, actos de terror en estas protestas, pero sí pidió penas de hasta 27 años de prisión para los 12 miembros que fueron detenidos en la 'Operación Judas'. Ocho de los acusados integraron el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) que organizó una organización terrorista "de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias", según el fiscal.

Ahora el Ministerio fiscal pide que se amnistíe también este asunto, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no lo tiene claro. Y esta ya es la única causa vinculada al independentismo por la que hay posibilidad que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie.

Los togados ven contradictorio que la ley ampare "y puedan ser objeto de perdón otras formas de terrorismo (quizás estuviera pensando en lo que socialmente, y de forma eufemística, se ha dado en llamar terrorismo de baja intensidad, como si en terrorismo se pudiera catalogar uno de alta intensidad y otro de baja), que también pueden constituir acciones graves". Para ellos, el perdón de este terrorismo tiene relación con la Directiva de la Unión Europea en esta materia y por tanto hay "serias dudas" de que puedan ser perdonados hechos tan "graves".

"Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre y en todo momento, la erradicación y la eliminación de toda forma de terrorismo", recela el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara. Ahora las partes deben pronunciarse sobre una hipotética cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo que parece que los magistrados tienen toda la intención de presentar en los próximos días.