El titular del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid está dirigiendo la causa contra Begoña Gómez hacia sus actividades con la Universidad Complutense de Madrid, mientras tanto ella como la Fiscalía recurren para saber qué es exactamente lo que se está investigando. El magistrado Juan Carlos Peinado ha incorporado al sumario "documentos de la Universidad" pública y las acusaciones populares tratan de añadir al caso un delito de malversación de fondos. La esposa del presidente del Gobierno ya está imputada por uno de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

Las últimas diligencias que el juez ha acordado están encaminadas a entender qué relación laboral tenía Gómez con el centro donde co-dirigía dos másteres –uno de Fundraising y otro de Transformación Social Competitiva–, cómo se gestó este trabajo y cómo se conseguían los alumnos. Así, el magistrado interrogó al rector Joaquín Goyache el pasado viernes y pretende hacer lo mismo con el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal y su antecesor en el puesto Juan Carlos Doadrio el día 19 de julio. El mismo día que declara también la esposa de Sánchez.

El juez ha ampliado la ronda de declaraciones en este sentido y en la media hora que estuvo interrogando como testigo al rector le hizo diversas preguntas sobre el software que Gómez registró a su nombre después de que Google, Indra y Telefónica lo desarrollaran de forma gratuita, según fuentes presentes en la declaración.

Goyache reveló que le había llamado la secretaria de la mujer del presidente a su teléfono personal ("que tiene mucha gente") para citarlo en La Moncloa en julio de 2020. Ahí hablaron sobre la creación de una cátedra. Gómez dirigió una cátedra extraordinaria, pese a no ser licenciada, pero el rector defendió que no era necesario, que basta con los "años de experiencia" en el sector y negó cualquier irregularidad al respecto. Esa cátedra de Transformación Social Competitiva fue financiada por la Fundación 'La Caixa' y Reale Seguros (para 2020-2024) y no ha sido renovada este año.

El rector "echó balones fuera" y dijo que quien se ocupaba de llevar a cabo el desarrollo de esta actividad extraordinaria era el vicerrector de Planificación. Coello de Portugal en la actualidad, Doadrio cuando se puso en marcha. A ambos quiere preguntar el juez. Este último ya explicó en declaraciones a Abc: "Es el rector quien me llama por teléfono a finales de septiembre o principios de octubre de 2020 y me dice 'quiero una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno', y me pregunta si tengo algún inconveniente".

Precisamente, la ampliación de la querella que hizo Hazte Oír (una de las acusaciones populares) seguía esta línea. El abogado de Begoña Gómez se quejó de que no se le había informado sobre esta querella ni del ensanche de las pesquisas y por eso pidió la suspensión de la declaración de su clienta.

Así las cosas, parece que el juez está dirigiendo la investigación en esa senda, pero lo cierto es que no lo ha reflejado en ningún escrito. De hecho, la Fiscalía le acusa de haber seguido adelante con el interrogatorio de Goyache sin haber aclarado de qué iba la causa: "Ignorábamos sobre qué hechos va a prestar declaración". "Es una muestra más de la amplitud generalidad y falta de concreción en la imputación de los hechos", dice el fiscal.

Otro procedimiento por los mismos hechos

La asociación Hazte Oír había interpuesto una querella independiente por el software de la universidad que recayó en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid. Este juez le pasó la pelota a Juan Carlos Peinado porque ya estaba investigando hechos similares.

En esa causa estaba acusada de haber patrimonializado como particular y a uso personal el nombre de una cátedra de la Universidad Complutense así como los programas informáticos elaborados para ese centro "habiendo llevado a cabo la redacción de pliegos de prescripciones técnicas particulares sin tener la debida titulación técnica".

Pero la Fiscalía no está de acuerdo tampoco en este punto porque dice que se trata de actos distintos y que en el procedimiento de Hazte Oír ella estaba investigada por delitos diferentes: administración desleal, apropiación indebida, malversación o intrusismo. Por eso ha recurrido este punto para que el procedimiento se desgaje en dos causas y no quede todo en manos de Peinado.

La Fiscalía con Begoña Gómez

Gómez ha recurrido a la Audiencia Provincial para tratar de limitar la investigación alegando que no entiende de qué se le investiga y que se está haciendo contra ella una causa general. Se apoya en estas palabras que el juez Peinado dejó por escrito: "Que los hechos que son objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial". La Fiscalía en un amplio recurso se ha sumado a la postura de la esposa del presidente del Gobierno.

El fiscal entiende que en ningún momento a la defensa se la "ha dado respuesta a las cuestiones planteadas". La denuncia inicial se refería por un lado al empresario Juan Carlos Barrabés y una serie de contratos públicos que logró con su empresa Innove Next en un conglomerado, después de que Gómez firmara unas cartas de recomendación. Y, por otro, al rescate que Air Europea logró del Gobierno en plena pandemia y si tuvo algo que ver la relación de Gómez con el exceo de esa empresa Javier Hidalgo.

Lo primero se ha enviado a la Fiscalía Europea porque los contratos contenían fondos públicos y lo segundo la Audiencia Provincial lo catalogó de "inverosímil" y "con datos erróneos". Por eso, el Ministerio Público le dice ahora a la Audiencia Provincial que a pesar de su decisión el juez afirma a día de hoy que "todo" lo que denunció Manos Limpias sigue siendo parte del procedimiento.

"No hay acotación ninguna", dice el fiscal. "No se habla de auténticos indicios" ni de investigaciones" y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "tampoco advierte irregularidades penales en todos los hechos analizados". El fiscal desvela que además del inicial existe un segundo informe de la UCO presentado el 2 de julio del que todavía no se conocen más detalles que el párrafo que copia en el escrito: "En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado aparentemente con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".