El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos tras haber hecho públicos detalles del fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Justicia madrileña mantiene como investigada a la jefa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, Pilar Rodríguez, pero archiva el asunto para el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, tras la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad Alberto González Amador.

La denuncia partió de éste cuando la Fiscalía remitió a la prensa una nota de prensa con entrecomillados de los correos internos entre su abogado y el fiscal de su caso (Salto). Gónzalez Amador está siendo investigado por un fraude al fiscal (él ha reconocido hasta 350.000 euros) y un pacto frustrado con los investigadores provocó que se publicaran informaciones inciertas sobre si García Ortiz había ordenado no pactar.

Por eso, la Fiscalía General del Estado instó a la Fiscalía de Madrid a salir al paso con una nota para los medios que recogía cronológicamente cómo había sucedido todo. Esta nota unida a la filtración de los datos fiscales de González Amador llevaron a este a interponer una denuncia por presunta revelación de secretos y daños a su intimidad contra Rodríguez y Salto.

Ambos han declarado en el procedimiento como también lo ha hecho la fiscal superior madrileña Almudnea Lastra. Todos han señalado como responsable último al fiscal general del Estado y él mismo ha salido públicamente a explicar en varias ocasiones que fue él quien dio la orden y que lo hizo para proteger al Ministerio Público.

Ahora, el TSJM da el paso que se llevaba días escuchando en los corrillos judiciales y pide a la Sala de lo Penal del Supremo que actúe en contra de un fiscal general del Estado por primera vez en la historia. "La elaboración, publicación y difusión de la expresada Nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid. Más allá de esto, contó con el explícito consentimiento e indicaciones, incluso con el apremio, de la Fiscalía General del Estado", dice la exposición razonada que este lunes el TSJM ha enviado al Supremo.

Para el instructor de la causa, Fransico José Goyena, "la difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministeiro Fiscal, pues aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros". Dice que perjudica al interés de defensa no sólo del novio de Ayuso, "sino también en general".

A su juicio, es necesario la "contrastación con la versión" del fiscal general. Él ya hizo una declaración institucional el pasado 15 de abril en la que se arrogaba toda la responsabilidad de la orden de la nota de prensa, pero el juez dice que no puede asumir esa declaración como la oficial del proceso judicial porque "podría causarle indefensión".

Archivo del caso para Julián Salto

El instructor ha decidido archivar el asunto para Julián Salto. En un extenso relato de los hechos, explica cómo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, afirmó "sin ambages" que fue García Ortiz quien "de forma imperativa" dio la orden de la publicación de la nota de prensa. Pilar Rodríguez no llegó a identificar expresamente al fiscal general, tal y como reveló este medio, pero sí admitió que envió los datos a la Fiscalía General para enviar la nota y que comprobó después el contenido.

Y Salto, por su parte, manifestó que su jefa (Pilar Rodríguez) le dijo por teléfono que era el fiscal general el que pedía los detalles de sus correos con el abogado del novio de Ayuso. "Las diligencias practicadas ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la nota informativa [...] fue meramente instrumental, en el sentido de que simplemente se limitó a remitir a instancias de su superior [...] los datos y correos electrónicos del asunto", indica el juez. Por eso, considera que "no concurren razones para afirmar que su participación en los hechos denunciados sea constitutiva de delito".

El asunto para Pilar Rodríguez lo ve diferente. "Su participación en los hechos no ha quedado nítidamente establecida, como en el caso del otro querellado [...], no puede afirmarse una conducta similar de mera pasividad y dación de cuenta, con la simple aportación de datos,q ue le fueran requeridos", dice el escrito. "Su actuación, en principio, va más allá y así se hace referencia ala previo concierto para la elaboración de la nota informativa con [García Ortiz], reconoce que se le envió el borrador de la nota para comprobar que era correcta y tenía conocimiento de la preocupación que había en la Fiscalía General del Estado de salir al paso de un 'bulo'".