El Tribunal Constitucional aborda esta semana las últimas revisiones de los 'ERE' y este martes ha perdonado las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves --a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación-- y de José Antonio Griñán --a 6 años y 2 días de prisión y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Al inicio del pleno, el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido, además, ha desechado la petición del PP de apartar del tribunal a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y a la magistrada Mª Luisa Balaguer por su relación con los condenados por "extemporánea".

En la sesión de hoy no hay sorpresas, toda vez el Constitucional está rematando lo que viene sentenciando desde dos semanas de plenos atrás. Las ponencias del tema de los 'ERE' han recaído en la progresista Inmaculada Montalbán que, en la mayoría de casos, ha planteado anular la sentencia y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dictara una nueva recortando o anulando los delitos de prevaricación y malversación. Todas ellas han salido por siete votos de los progresistas a favor y cuatro de los conservadores en contra.

De momento, las sentencias del tribunal de garantías han supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo --que ya gozaba del tercer grado penitenciario--, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El borrador de la sentencia sobre Chaves proponía anular su condena igualmente y dictar una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001. El borrado del delito se basa en el argumento de los magistrados que sostienen que los políticos obedecieron una ley que estaba avalada por el Parlamento de Andalucía y esto no puede supone un ilícito penal.

Para los magistrados lo que ocurrió desde 2002 hasta 2009 estaba amparado por la Ley de Presupuestos y esto supuso un paraguas legal por el que, a pesar de que se repartieron ayudas económicas sin ningún tipo de control, no puede comprender un delito achacable a los miembros de la Junta. Paradójicamente, el Constitucional no llega a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma (de la Ley de Presupuestos), que fue lo que el Supremo consideró ilegal, alegando que como nunca se recurrió al tribunal de garantías, presume su legalidad.

Está previsto que esta semana se siga abordando los casos del exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras; el exvicepresidente y exconsejero de Presidencia de Andalucía Gaspar Zarrías Arévalo; y el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano Peña. Cuando terminen los magistrados habrán dado la puntilla a todas las sentencias de los 'ERE' que desautorizan las condenas que tanto la Audeincia sevillana como el Tribunal Supremo vieron claras.

En la sesión de hoy, los togados reducen la prevaricación de Chavés y en lo referente a Griñán anulan directamente la malversación y rebajan la prevaricación al mínimo, exceptuando una partida de 2004. De esta forma, el expresidente de la Junta y el condenado más simbólico del PSOE en el 'caso de los ERE' no tendrá que entrar nunca en prisión. No lo había hecho por cuestiones de salud y ahora ya se sabe que no lo hará.

La recusación del PP

Fue el pasado jueves cuando el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, anunció que su partido reclamaría la abstención de las magistradas por estar contaminadas para deliberar. Lo que ocurre es que ya se había abordado el asunto de los 'ERE' en varios plenos sin que los populares se hubieran pronunciado en esta línea.

El PP trató de apartar a Montalbán esgrimiendo que como presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había sido ponente o participado en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE. En el caso de Balaguer, indicaron que  había sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 2012 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE.

Los magistrados no han llegado a pronunciarse sobre el fondo del asunto, puesto que directamente han admitido de plano la recusación por estar fuera de plazo. Es la única decisión que se ha tomado por unanimidad.