La doctrina del Tribunal Supremo complica el horizonte judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que la Justicia madrileña haya pedido su imputación por la querella que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. La jurisprudencia del órgano señala que "revelación es hacer público lo que no debe serlo" y el magistrado instructor ve que la nota de prensa que se difundió desde el Ministerio Público "excedió" los límites del trabajo de la Fiscalía.

El delito del Código Penal que está bajo el foco se recoge en el artículo 417: "La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deben ser divulgados". Pero, ¿Dónde está el límite de lo que es secreto? Las versiones son contradictorias.

El fiscal general defiende que la polémica nota de prensa en la que se detalló de forma cronológica cómo el novio de Ayuso había buscado un pacto para evitar ser condenado por su fraude fiscal formaba parte del "deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones". Según él, la nota de prensa "no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada" y lo único que buscaron hacer fue desmentir lo que era incorrecto como que el fiscal del asunto, Julián Salto, había frustrado el pacto por "órdenes de arriba".

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena no lo ve igual, y señala que la nota "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone, la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general".

En este sentido, el magistrado reconoce que la revelación de secretos es "un tipo penal abierto, toda vez que no resulta posible establecer casuísticamente en la norma los secretos e informaciones concretas" por los que se puede sancionar. Así las cosas, la línea roja es una cuestión que deciden las togas y, como todo, da lugar a interpretaciones.

Pero la doctrina del Tribunal Supremo da una pista de lo que puede suceder. El instructor cita una de 2020 en la que el órgano que escribe la jurisprudencia de España dice que en el delito de revelación de secretos por un funcionario el "bien jurídico protegido" es "el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas y, en definitiva, el bien común como prioritario objetivo" de la actividad de los trabajadores públicos. Se trata de "impedir que la revelación de secretos e informaciones no divulgables irroguen un perjuicio de mayor o menor relevancia al servicio de la Administración que presta a sus ciudadano", reza la sentencia.

Otra de 2013 redunda en la idea de que "el bien jurídico protegido está integrado por la preservación y utilización correcta de los medios o instrumentos esenciales para el cumplimiento de los fines de la administración, y en el concreto aspecto que nos atañe, por la estricta confidencialidad de las informaciones...".

El deber de sigilo de los funcionarios está regulado en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y, únicamente, conlleva una infracción administrativa, pero si la relevancia de lo ocurrido es rebasa esa norma, el asunto puede volverse penal y para el TSJM ese es el caso. El magistrado cita una tercera sentencia del Supremo en la que se dice que "la revelación consiste en hacer público lo que no deba serlo" y "sin un mandato que lo permita", es decir, que "el secreto de la función pública se fundamenta en razones de interés público y de interés privado".

El tribunal madrileño deja ahora la pelota en el tejado de la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena y que tendrá que decidir, primero, si admite a trámite la exposición razonada (la petición de imputación al fiscal general) y, después si fuera el caso, designar a un instructor para que tome declaración a García Ortiz. Fuentes de ese órgano dudan que ninguna de estas decisiones pueda llegar antes de verano, por lo que previsiblemente sea tras el mes de agosto cuando se acote cómo de comprometida queda la actividad del fiscal general del Estado.

Su dimisión

García Ortiz se apresuró ayer a aclarar que nada cambia en la Fiscalía General tras la petición de imputación. "El fiscal general afirma que la exposición razonada elevada por el TSJM al Tribunal Supremo no alterará el normal funcionamiento de la institución ni su trabajo ordinario al frente", se titulaba una nota distribuida a los medios este lunes.

Como informó El Independiente, sectores de la Fiscalía vaticinaban hace ya más de un mes que la Sala de lo Penal iba a terminar imputando a Ortiz en lo que tachaban de campaña contra él por parte del entorno de la presidenta Ayuso. Veían ineludible la posibilidad de que él terminara dimitiendo si se convertía en el primer jefe del Ministerio Público imputado en democracia y en la Fiscalía General admitían que esta posibilidad estaba sobre la mesa.

Sin embargo, a medida que se ha ido acercando la fecha, García Ortiz ha recibido "muchos apoyos", incluido el explícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una entrevista radiofónica dio todo su amparo a la actuación del fiscal elegido por él. El líder del PSOE ya no puede cesarle, así que la única posibilidad de que García Ortiz deje su despacho en el edifico de Fortuny es que dimita de forma voluntaria y fuentes de su entorno sostienen ahora que está fuerte y con ganas de seguir.

Voces fiscales planteaban este lunes serias dudas de que un jefe imputado pueda seguir dando órdenes sobre cómo cumplir la legalidad a sus subordinados. Será determinante cuánta presión reciba García Ortiz tanto desde dentro de la carrera y desde fuera. Lo que está claro es que el PP, que ya ha pedido su dimisión varias veces y que no pierde ocasión de hacerlo, utilizará esta causa como un arma más para tratar de hacer oposición a un Gobierno que ya mantiene abiertos varios frentes judiciales más.

"García Ortiz lleva demasiado tiempo ejerciendo como el ministro 23 de Sánchez y el PP denunciándolo. Sánchez quería a su Tezanos particular en la Fiscalía y lo ha conseguido, pero no puede normalizar las imputaciones de su entorno y de sus máximos colaboradores en las instituciones", dijeron este lunes fuentes del partido que lidera Alberto Núñez-Feijóo.