La Universidad Complutense de Madrid acaba de remitir al titular del Juzgado de Instrucción número 41 un documento resultado de una investigación interna por la actividad de la cátedra extraordinaria que co-dirigía Begoña Gómez bajo el nombre de Transformación Social Competitiva. El centro deja en manos del juez Juan Carlos Peinado investigar si ella cometió un delito de "apropiación indebida"al registrar el famoso software que le hicieron gratis tres empresas y destaca la falta de colaboración de la esposa del presidente del Gobierno.

"Las actuaciones que a continuación se describen se han instrumentalizado
con el fin de procurar conocer si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto, respecto de los servicios prestados (u objeto) a consecuencia de la factura y contratos", reza el informe al que ha tenido acceso El Independiente. La Complutense no es capaz de llegar a una conclusión clara y, por eso, ponen en conocimiento los "indicios" al magistrado para que sea él el que dirima si hubo delito.

La Universidad, cuyo rector Joaquín Goyache ya ha declarado en este procedimiento, revela que ella "sin conocimiento ni participación" de la Complutense "constituyó una sociedad inscrita en el Registro Mercantil (según Boletín Oficial del Registro Mercantil de 12 de diciembre de 2023". Se trata del software que realizaron Google, Indra y Telefónica de forma gratuita y que ella registró como parte de la sociedad que inscribió bajo su nombre.

El centro público asegura que ellos no supieran del registro de esta sociedad hasta que estalló el 'caso Begoña Gómez' y que este software al servicio de su propia empresa puede dar lugar "como mínimo, a confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria".

El objetivo de la investigación interna ha sido "conocer y determinar si por miembros de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva podría haberse realizado, o no, actos que pudieran suponer un perjuicio patrimonial a esta Administración".

Más concretamente, hay una factura y dos contratos sobre la mesa que pretendían aclarar: la factura de la empresa Making Science Group S.A. por la presetación del "servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma para la cátedra (24.200 euros); un contrato menor por "servicio de consultoría y asistencia para la escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva" (18.148 euros); y un contrato por "asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la pequeña y mediana empresa" (60.500 euros).

La Complutense ha tratado de esclarecer cómo se gestionaron estos contratos y facturas, pero la colaboración de Begoña Gómez no ha sido la esperada. El 12 de junio le enviaron un mail haciéndole el requerimiento al que ella contestó: "Buenas tardes, le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo". Posteriormente se convocó una reunión para que ella asistiera a dar explicaciones, pero se ausentó por "motivos personales".

La institución "en su condición de Administración Pública se encuentra legalmente obligada a defender su patrimonio afecto a los fines que la Ley [..] atribuye". Por ello piden al magistrado que indague si "han existido conductas no ajustadas a Derecho que hubieran podido causar un daño al patrimonio de esta Universidad Pública".

Ellos no han podido hacerlo, dicen, "dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso". Le dicen a Peinado, además, que si ven indicios claros de perjuicio al patrimonio les dejen personarse en la investigación.