La Universidad Complutense de Madrid (UCM) tiene bajo sospecha más de 100.000 euros que fueron destinados a la cátedra extraordinaria que co-dirigía Begoña Gómez. La investigación interna ha buscado esclarecer si una factura pagada a una empresa de marketing y dos contratos más enriquecieron la actividad docente o se destinaron al beneficio personal de la sociedad que registró la esposa del presidente del Gobierno sin, aparentemente, informar a la Universidad. Ni Gómez, ni el otro co-director de la cátedra, ni la consultora Deloitte (una de las destinatarias de este dinero) han respondido a los requerimientos del centro.

Las pesquisas internas de la Complutense analizaban si hubo "apropiación indebida" en el objeto de licitación de varios contratos. En primer lugar, la factura de Making Science Group S.A., una empresa internacional que define su objetivo como la "aceleración digital" en su propia web. Hizo un servicio de "desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSC para la cátedra" y se le pagó un total de 24.200 euros. En segundo lugar, un contrato menor que tenía como objeto el "servicio de consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno" de la cátedra, por el que se pagó 18.148 euros. Y, en tercer lugar, un contrato de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la "creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la pequeña y mediana empresa". A este fueron a parar 60.500 euros. En suma, 102.848 euros.

Según el portal de contratación que ha consultado El Independiente, este último más cuantioso fue adjudicado a Deloitte Consulting con el objetivo de crear una suerte de observatorio que detallara la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible (marcados por la ONU). El pliego de prescripciones técnicas con las condiciones para llevarse el contrato lo rubrica la propia Begoña Gómez, mientras que el que firma la "necesidad" e "idoneidad" del contrato es José Manuel Ruano de la Fuente, el otro co-director de la cátedra extraordinaria.

Tanto la factura como los dos contratos fueron abonados por la Complutense. Están relacionados con una de las cláusulas del convenio de la cátedra que dice que "a lo largo de los dos primeros años se pondrá en marcha y desarrollará una Plataforma tecnológica digital concebida como una herramienta para la medición del impacto social". La investigación interna de la Universidad está dirigida a aclarar si esto no fue así, "si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto" de esos contratos. En otras palabras, si Begoña Gómez hizo parecer que estos contratos iban destinados a la enseñanza, pero en realidad acabaron nutriendo su propia sociedad.

Se enteraron de la empresa de Gómez por la prensa

El centro ha activado estas pesquisas al conocer por la prensa que Gómez registró la mercantil Transforma TSC S.L. (con un nombre muy parecido a su máster) a finales de 2023. Pidió a principios de junio información a Propiedad Intelectual, a la Oficina de Patentes y Marcas y al Registro Mercantil. Del primero no obtuvo ningún resultado. El segundo devolvió dos marcas, una registrada en noviembre de 2020 (TSC-Transformación Social Competitiva) y otra en abril de 2023 (Transforma Plataforma de Medición de impacto social y medioambiental www.TransformaTSC.org).La UCM asegura que "no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios".

La tercera, el Registro Mercantil, también arrojó resultados: la mencionada sociedad (Transforma TSC S.L.) cuyo objeto social era "impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante ODS) en las organizaciones para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible". Sobre esta, la Universidad reprocha que "por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra" de Begoña Gómez. Ante estos hallazgos, la Asesoría Jurídica del centro quiso obtener respuestas.

Ni Ruano ni Gómez contestan a los requerimientos

El órgano de investigación interna se ha dedicado durante el mes de junio a preguntar los detalles de estos contratos y facturas. La Escuela de Gobierno de la Universidad arroga la responsabilidad a los dos directores de cátedra y dice que la ejecución de estos contratos incumbía a Gómez y a José Manuel Ruano de la Fuente.

Así que les preguntaron a ellos. El co-director manifiestó que no tiene la documentación "ni, al parecer respuesta a las cuestiones planteadas por esta universidad, manifestando que él mismo traslada a la directora de la Cátedra [Begoña Gómez] la responsabilidad de atender a los requerimientos formulados". La esposa del presidente no fue mucho más clara. Aseguró mediante un mail que recabaría la información necesaria, pero nunca lo hizo.

También preguntaron a Deloitte Consulting el 13 de junio, con poca más suerte. Desde entonces "no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado", dice el informe que se ha entregado al juez Peinado.

La reunión que Gómez pidió aplazar

Con todo esto sobre la mesa, el vicerrector de planificación, coordinación y relaciones institucionales (a quien Peinado ha citado a declarar el mismo día que a la esposa del presidente del Gobierno) convocó una reunión el 24 de junio. Esta comisión mixta de seguimiento de la cátedra tenía como uno de los puntos del día la "evaluación de la situación y estado de la información requerida a la Dirección de la Cátedra".

La mujer de Pedro Sánchez alegó "motivos personales" y pidió aplazar el encuentro. La Complutense envió al magistrado el informe con estos escasos avances señalando que por la falta de colaboración de los afectados no podía llegar a conclusiones claras. Por eso, deja la pelota en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que, prácticamente seguro, preguntará por todo esto el próximo viernes a la investigada. Por ahora Gómez se enfrenta a un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios privados, pero las acusaciones populares señalan ya un posible delito de malversación y otro de apropiación indebida.