La expectación es máxima. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, vuelve este viernes a declarar al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acusada de un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Lo que haga será determinante para el futuro de la causa: tanto si decide declarar como si decide no hacerlo, como pasó el pasado viernes día 5 de julio cuando alegó que no conocía bien de qué se le estaba investigando. El último informe de la Universidad Complutense juega un elemento clave en el interrogatorio, y Gómez está intentando suspender la declaración que va después de la suya, la del vicerrector del centro.

El escenario ocurrido hace dos semanas se repite, sólo que esta vez han aparecido más indicios por los que la esposa de Pedro Sánchez tendrá que dar cuenta. Los juzgados volverán a estar blindados desde primera hora de la mañana porque la comisaria de La Moncloa, María Marcos, ha preparado un dispositivo que puede alcanzar la decena de furgones en los accesos al recinto y la centena de agentes desperdigados por los aledaños.

Todos creen haber aprendido de los "errores" del otro día, especialmente, los ocurridos dentro del edificio. La decana de los Juzgados, María Jesús del Barco, ha accedido por "seguridad" a que Gómez evite el paseíllo y entre por el garaje, pero ha añadido algunas medidas al decreto gubernativo que publicó ayer: sólo podrán estar en el pasillo del juzgado los letrados, jueces y fiscales que estén trabajando y ninguna persona extra de las acusaciones populares, ni otros periodistas o personas que no estén acreditados. El protocolo deja pasar a las cuatro agencias de noticias para velar por el derecho a la información, pero se quiere evitar que personas como Vito Quiles, Josué Cárdenas u otros que estuvieron el pasado 5 de julio allí vuelvan a entrar para grabar vídeos que están prohibidos en sede judicial.

Si la anterior vez Gómez alegó que no podía declarar puesto que no se le había notificado una querella de Hazte Oír, ahora su abogado, Antonio Camacho, ha tenido dos semanas para el estudio de la misma. Además, en este tiempo la Universidad Complutense ha enviado un documento en el que manifiestan la falta de colaboración de Gómez para esclarecer en qué se gastó el dinero de la cátedra. La investigación se divide en tres grandes bloques.

1. Contratos de Barrabés

El empresario Juan Carlos Barrabés, que declaró este lunes, está en el punto de mira por los contratos que adquirió de distintas entidades públicas –Red.es (que pertenece al Ministerio de Transformación Digital), el Centro Superior de Deporte (CSD) y el Ayuntamiento de Madrid–, teniendo una relación cercana con Gómez. Él era profesor del Máster de Transformación Social Competitiva que dirigía ella en la Complutense.

Esta pata de las pesquisas se ha desinflado en parte porque dos de los tres contratos que se llevó Barrabés de Red.es han sido enviados a la Fiscalía Europea para que sea esta la que indague por haber fondos comunitarios afectados. Era en estos contratos donde estaba la principal sospecha porque la esposa del presidente había firmado dos cartas de recomendación para que el empresario se llevara el contrato. Finalmente, así fue a pesar de que la de Barrabés no era la mejor oferta económica.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado uno a uno toda la actividad empresarial del grupo Barrabés sin encontrar irregularidades, de acuerdo con un informe que presentaron el pasado 1 de julio.

Queda aclarar, eso sí, las reuniones que mantuvo este aragonés en La Moncloa para hablar de negocios con Gómez y en las que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de Ferraz han reconocido que se reunieron una vez con otros empresarios, y otra vez en la que el líder del Ejecutivo solo pasó a saludar.

2. Globalia, Air Europa y Javier Hidalgo

Este es el hilo del que menos ha tirado el juez Juan Carlos Peinado. La denuncia inicial de Manos Limpias señalaba una posible conexión en el hecho de que el que fuera Ceo de Globalia (matriz de Air Europa) Javier Hidalgo fuera amigo de Begoña Gómez y que el Gobierno hubiera concedido una ayuda económica millonaria a la aerolínea en plena pandemia.

La Audiencia Provincial de Madrid acotó esta parte de la denuncia alegando que se basaba en "meras conjutras" y el juez, aunque ha preguntado sobre ello en algunos interrogatorios, no ha llamado a declarar a ningún testigo por estos hechos.

3. La cátedra y el software

Con el avance de la investigación ha emergido un tercer bloque que se ha vuelto el corazón de las pesquisas. Se trata del software que Gómez registró a su nombre a finales de 2023 sin el conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid.

El centro ha realizado una investigación interna en la que han puesto el foco en 102.848 euros, como ha contado El Independiente. Han analizado una factura a Making Science Group S.A. y dos contratos a Delotte Consulting cuya finalidad eran labores de consultoría o desarrollo para la plataforma Transforma TSC para la cátedra extraordinaria que Gómez co-dirigía. La Universidad quiere saber si ese dinero terminó redundando en una plataforma para los alumnos o si ella hizo un uso irregular de esos fondos y se quedó con la patente de ese software para sus negocios privados. Una posible apropiación indebida.

Ni ella, ni el otro co-director de la cátedra José Manuel Ruano de la Fuente han colaborado con el punto de enseñanza para esclarecer lo sucedido. El juez ha llamado a declarar al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, si bien Gómez ha intentado anular estas testificales.