La Comisión Europea ha publicado este miércoles su quinto informe sobre el estado de derecho en los estados miembros de la Unión Europea, el primero después del acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El documento menciona la ley de amnistía pero se abstiene de valorarla y sólo recuerda el dictamen de la Comisión de Venecia en el que se criticaban los plazos en la aprobación de la norma.

En el informe, Bruselas indica que "la Ley de Amnistía fue objeto de una gran polémica en España, vinculada a las circunstancias políticas que rodearon su y su contenido, incluyendo manifestaciones y declaraciones públicas por parte de diferentes así como una amplia correspondencia dirigida a la Comisión Europea. La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnistía, que está analizando".

Además, recuerda que "la Comisión de Venecia hizo una serie de recomendaciones para aclarar algunas disposiciones y evitar ambigüedades, en particular sobre el alcance de la amnistía. También estableció los requisitos para el respeto de la separación de poderes [...]. Al mismo tiempo, destacó el hecho de que la propuesta legislativa se tramitara mediante un procedimiento de urgencia, que sólo permitía una consulta pública limitada".

Fuentes cercanas a la elaboración del informe, explicaban que el Ejecutivo comunitario estaría evitando posicionarse sobre una norma que enfrenta al Gobierno y a la oposición y sobre la cual se puede tener que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si se plantean cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. De esta forma la Comisión logra no anticipar la postura de Europa ante una norma que ha dividido las voces jurídicas en España y no lanzar un mensaje que pueda capitalizar ningún partido político. 

Como publicó este periódico, Bruselas hace referencia a la figura del fiscal general del Estado y reconoce que España ha avanzado, pero continúa sin desacoplar los mandatos de este cargo con los del Gobierno, algo que perjudica a la "independencia", según la Comisión Europea.

El documento también insiste en que tras el acuerdo para renovar el CGPJ todavía hay trabajo por hacer. Entre las recomendaciones para España, la Comisión menciona la necesidad de "finalizar la renovación del Consejo e impulsar el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de
sus magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas".

Los ataques a los jueces por parte de políticos también están presentes en el informe. "Ha habido declaraciones públicas de políticos, incluido el Gobierno, criticando al poder judicial", destaca el documento. Estos comentarios han provocado que el ámbito judicial haya "expresado su preocupación por el hecho de que estas declaraciones de los políticos socavan cada vez más la confianza de los ciudadanos en el poder judicial", subraya la Comisión Europea.