El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena recibió este martes el primero de los dos informes que espera con las explicaciones sobre por qué no se detuvo la semana pasada al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que pisó Cataluña tras siete años fugado de la Justicia. El Ministerio del Interior se ha adelantado a los Mossos de Esquadra remitiendo un dossier en el que descarga toda la responsabilidad del operativo sobre ellos y acerca así al hasta hoy jefe del cuerpo, Eduard Sallent, y a unos seis comisarios más a los brazos de Llarena.

"Interior ofreció a la Policía de la Generalitat cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que precisase, sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia", reza literalmente la nota de prensa que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska distribuyó este martes.

El Ministerio reconoce que no fue hasta una avanzada la mañana y "conocida la fuga de Puigdemont del pasado jueves "cuando se impartieron instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno en Cataluña, para que se activasen "recursos operativos y de inteligencia extraordinarios en ambos cuerpos". Pero, de nuevo, subraya que "las vías de alta capacidad" en las fronteras (vigilancia de zonas próximas a Francia) "quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos de Esquadra". De nada sirvió.

Puigdemont pudo regresar a Waterloo (Bélgica) sin que le rozara un solo policía y, si bien Llarena tiene que decidir ahora que ya no le protege la inmunidad europarlamentaria si reactiva la orden de detención internacional, lo que es claro es que la nacional seguía vigente y no se cumplió.

Este informe de Interior no exime de toda responsabilidad a la cúpula ministerial, explican fuentes jurídicas, puesto que también se pueden perseguir responsabilidades penales por omisión. Es decir, por no haber hecho lo suficiente. Las voces consultadas en el alto tribunal exponen que en juego está el artículo 408 del Código Penal que habla de cualquier "autoridad o funcionario" que "faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables". Algunos dedos señalan directamente a Grande-Marlaska por haber eludido dar una orden a tiempo.

Pero el documento enviado al Supremo deja entrever que Interior confió en la actuación del cuerpo autonómico y esto, para algunos consultados, pone en bandeja la actuación penal contra los Mossos.

Todas las miradas sobre media docena de Mossos

Cuando el pasado viernes Sallent compareció ante los medios para explicar en qué había consistido el operativo y qué falló, estuvo secundado en la primera parte de su discurso por cinco comisarios un paso por detrás de su atril. A su izquierda se situó su 'número dos' Rosa Bosch que fue nombrada hace un año escaso para que el sistema no fuera "tan jerárquico con una única personal al mando", según explicó el propio conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en una entrevista en Europa Press.

Días antes de la llegada de Puigdemont, al tiempo que corría ya la voz de que el expresident iba a aparecer en la investidura del socialista Salvador Illa, llegó a publicarse que ella se encargaría del operativo porque Sallent estaría de vacaciones. Finalmente, el jefe de los Mossos elegido por el Govern independentista también estuvo al frente.

Él, de hecho, se encontraba presente físicamente donde pretendían arrestar al líder de Junts cuando intentara acceder al Parlament catalán. Ese era el plan. "Respecto a si Monserrat Estruch y yo nos encontrábamos en el Parque de la Ciudadela, confirmar que estábamos allí y que nuestra misión era dar la supervisión oportuna a lo que iba a ser la detención de Carles Puigdemont", reconoció Sallent en la rueda de prensa. La otra mujer que lo secundó mientras hablaba en el margen derecho de la imagen era precisamente Estruch, jefa de los Mossos en la ciudad de Barcelona.

Además, aparecieron ante las cámaras un comisario de los Servicios de Información, el equipo que pilotaba el operativo; el comisario de enlace en Madrid; y el jefe de Seguridad Ciudadana. Todos ellos, como aseguró el propio Sallent al inicio de su discurso, formaron parte de la organización de la operación que fracasó, junto al comisario jefe de Servicios Operativos (que no está en la imagen), según confirman fuentes del cuerpo a El Independiente. Este último servicio es el encargado, por ejemplo, de los drones. Ese viernes sobrevolaban la zona tres, además de un helicóptero.

Ahora, todos estos policías tendrán que dar explicaciones a través del informe de Mossos que el juez Llarena espera en su mesa. Más allá de los tres agentes ya detenidos por ayudar directamente a Puigdemont en su huída, el magistrado del Supremo ha sido claro a la hora de solicitar nombres de la cúpula de la Policía autonómica: "Ofíciese al cuerpo de Mossos d'Esquadra para que informe sobre cuál era el operativo aprobado y dispuesto para su detención; sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial; así como de los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo".

Las explicaciones de Sallent

Lo previsible es que en los próximos días la cúpula de seguridad catalana presente su informe ante el alto tribunal dando explicaciones similares a las que ofreció tras la fuga. Que la prioridad en todo momento era garantizar que se celebrara el pleno de investidura de Illa, que había que tener en cuenta que se habían convocado "concentraciones de signos antagónicos" y que, por tanto, otra prioridad pasaba por mantener la paz social.

Aunque el objetivo de detener a Puigdemont no se consiguió, sí se logró el otro, el de garantizar el orden público, defendió Sallent. "Nuestra previsión era hacer esta detención en el lugar más idóneo. De acuerdo al principio de proporcionalidad y de unidad", dijo. "El señor Puigdemont entró acompañado de una masa de personas y de autoridad de este país. Personas que ostentan cargos públicos y que tienen una responsabilidad en las instituciones de este país. Con la voluntad de dificultar la actuación de los Mossos d’Esquadra", reprochó.

Según aclaró, se había dispuesto todo para el arresto y el posterior traslado del expresident a Madrid para ponerlo a disposición de Llarena y se fiaron de su palabra cuando aseguró que "se había terminado el exilio". No creyeron que el fin de una etapa fuera un truco de magia basado en una fugaz visita a Barcelona. En definitiva, confiaron en que acudiría al Parlament cuando la realidad fue bien distinta.

Algunas voces en Cataluña han esparcido la idea de que Sallent sabía previamente los planes del líder de Junts. Conocía supuestamente que el expresident había llegado días antes y había pactado de alguna forma, dicen, su arresto después de darse el baño de masas en el arco del triunfo de la ciudad condal. Nada de eso, defiendió él. "Nosotros no hemos negociado ni acordado nada con el señor Puigdemont ni con el entorno. Hemos asistido a una campaña de desinformación".

Algunos periodistas hicieron ver a Sallent lo contradictorio que era que dijera que no podía "dar crédito" al entorno de Puigdemont sobre cuál era su paradero y, a la vez, excusara la actuación de Mossos en que se fiaron de la promesa del expresident de acudir al pleno. "El cuerpo de Mossos d’Esquadra es una policía democrática. Una policía al servicio del ciudadano. Y estamos muy lejos de ser una policía patriótica", recalcó él.

Todas estas líneas argumentales son las que el Tribunal Supremo espera en el informe que aún está por llegar para empezar a tomar decisiones. Además, falta otro frente, el Triunal Superior de Justicia de Cataluña ha librado dos requerimientos de información a los Mossos por los mismos motivos. Sendas querellas registradas por la plataforma HazteOír y por Vox persiguen a los altos cargos del cuerpo por prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.