Los cálculos sobre la aplicación de la amnistía nunca han sido uniformes y dependían de a quién se preguntara. Según algunas voces de Junts, los benficiados podían llegar a los 1.500, un dato que contrastaba con el de la Fiscalía que habló de 486 personas a las que se les podía aplicar el perdón. La realidad después de dos meses desde que entró en vigor la norma es bien distinta. Tampoco existe un cómputo oficial, pero según las cuentas de este medio menos de un centenar de personas han sido amnistiadas y se da la paradoja de que casi la mitad son policías o mossos d'Esquadra que no representan la órbita del independentismo catalán por la que se creó la Ley.

El texto aprobado por el Gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de junio e instaba a los jueces y tribunales a aplicar la norma "con carácter preferente y urgente". Tenía un plazo claro: dos meses. Pero éste acaba de cumplirse y los efectos de la norma están lejos de las pretensiones independentistas, bien por las dudas de los jueces en su aplicación, o bien por la larga espera que supone que las instancias superiores se pronuncien. Todas las esperanzas están puestas en el Tribunal Constitucional, pero el proceso será largo y en el Ejecutivo instan cada vez con más fuerza que los magistrados del Tribunal Supremo revisen sus decisiones.

La semana que termina ha estado cargada de recados de miembros del Gobierno a los jueces, que ven con preocupación cómo los políticos pretenden cambiar el criterio judicial. Hablan de injerencias. Las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, acusando al Supremo de "extralimitarse" en su interpretación de la amnistía han sentado especialmente mal en la judicatura, aunque no son las únicas. Que un ministro de Justicia como Félix Bolaños hable de "inaplicación" de la ley tampoco ha sentado bien entre las togas.

A pesar de los recuentos iniciales y de todo lo que se escribió sobre el regreso del expresident catalán Carles Puigdemont una vez entrara en vigor la norma, pocas previsiones se han cumplido. El goteo de amnistiados ha ido llegando especialmente en las últimas semanas y tras el parón estival se espera que se reactiven las revisiones. Sin embargo, las dudas que deja la ley entre la malversación y el terrorismo ponen en serio riesgo la exoneración de Puigdemont y el resto de cabecillas independentistas.

Por ahora, la aplicación más voluminosa ha sido para los 50 policías que reprimieron la votación del referéndum del 1 de octubre de 2017 y las manifestaciones en Cataluña de 2019 tras la sentencia del procés. De ellos, 46 son de la Policía Nacional que estaban a punto de sentarse en el banquillo por delitos de lesiones y contra la integridad moral, y otros cuatro son mossos que aguardaban otro juicio por agredir a manifestantes. Todavía está a la espera del dictamen de la Audiencia de Barcelona el asunto más grave sobre cuatro agentes que dispararon una bala de goma en un ojo a un votante del 1-0.

Este grupo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya conforma la mitad de los amnistiados. El dato de perdonados roza el centenar, si bien no es exacto porque fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) explican que no tienen un recuento oficial ya que puede haber asuntos en distintas localidades que se les escapen. Desde el gabinete de prensa se ha ido informando una a una de las causas de las tienen conocimiento.

Un número importante lo conforman activistas independentistas o cuidadanos anóminos que participaron en movilizaciones secesionistas y terminaron acusados por desórdenes públicos. Este delito, en general, está siendo perdonado.

Cierto es que el criterio del Tribunal Supremo y el del Tribunal Superior de Cataluña no está siendo coincidente. El alto tribunal decidió el pasado 11 de julio promover una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley porque, aunque sí consideraba los desórdenes públicos y el delito de atentado contra la autoridad incardinados en la Ley, creía que la amnistía en su conjunto puede resultar discriminatoria al vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles.

Para los togados se pone en riesgo también la seguridad jurídica "en la medida en que, de considerarse acomodado a la Constitución este modo de proceder, cualquier futura amnistía de nuevos delitos cometidos bajo el impulso de esta misma ideología o de cualquier otra, con tal de que sus promotores o partidarios alcanzasen mayorías parlamentarias bastantes para la aprobación de una Ley Orgánica [...], habría de entenderse también conforme" a la Carta Magna. El órgano de jurisprudencia deja en manos del Tribunal que vela por el texto fundacional el decidir si esta amnistía cabe o no en el ordenamiento jurídico español.

El delito de desobediencia también ha tenido distintas interpretaciones aunque no en pocos casos ha logrado luz verde. Como el de la exalcaldesa de Figueres Marta Felip que estaba pendiente de juicio por su apoyo al referéndum ilegal; o la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, a la que el Supremo sí le aplicó la amnistía por desobdiencia. No así, en cambio, en el caso de Oriol Junqueras y otros condenados por el procés a quienes la Sala que preside Manuel Marchena ha acordado plantear sus dudas al Constitucional también.

Ellos desobedecieron a ese órgano al celebrar un referéndum que expresamente se había proclamado inconstitucional y por eso preguntan. Así el que fuera vicepresidente del Govern o los exconsejeros Dolors Bassa, Raul Romeva y Jordi Turrull siguen con sus condenas de inhabilitación hasta 2030 y 2031. De momento.

Entre los que sí han tenido suerte con la interpretación jurídica se encuentran el exconsejero de Interior Miquel Buch que, apenas dos semanas después de entrar en vigor la ley, se convirtió el primer amnistiado por una pena de cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación tras contratar a un mosso para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica; o el empresario vinculado a Junts y mano derecha del expresident, Josep Lluís Alay, a quien la Audiencia Provincial de Barcelona le ha archivado su causa por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

El TSJ catalán ha tenido criterio propio con el delito de malversación, pero cada asunto es un mundo. Los altos cargos del Govern de 2017 pendientes de juicio también deberán esperar aún ante las dudas del Tribunal Superior que ha remitido los casos de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó (considerados los ideólogos del 1-O) al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Supremo directamente no ha encontrado posible amnistiar la malversación de los líderes del procés por considerar que sí hubo un enriquecimiento personal de los mismos. Esto ha provocado que el camino para Puigdemont y compañía sea aún más largo. Ahora tendrán que esperar que se pronuncie la Sala de Apelaciones y luego acudirán al Constitucional. Además, al líder de Junts se le pueden abrir nuevos frentes. El juez Joaquín Aguirre ha rechazado la amnistía para él y a otros 12 investigados por la supuestra trama rusa que organizaron para poder financiar el independentismo con ayuda de actores extranjeros.

Este delito de supuesta traición pone en peligro igualmente la aplicación de la norma en el caso del expresident catalán si el Supremo decide abrir una nueva causa contra él. La buena noticia para el cabecilla independentista ni siquiera vino de la mano de la amnistía, sino de un error judicial propiciado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quien se equivocó con las fechas de la prórrogas provocando que toda la causa de Tsunami Democrátic se fuera al traste.

Esto supuso que de una tajada una decena de independentistas acusados por terrorismo vieran su futuro judicial despejado. Entre ellos, Marta Rovira. No obstante, este delito también está pendiente en el asunto sobre los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha visto dudas sobre si cabe perdonar actos terroristas y ha planteado acudir a la justicia europea.

El Gobierno presiona

Desde la barrera, los políticos presionan para que la apliación de la amnistía tenga los efectos que ellos planearon al redactarla. Así, Puente ha sido el más claro esta semana en una entrevista en RNE en la que afirmó que "no hay por dónde agarrar" la interpretación que ha hecho el Supremo sobre la norma y puso sus esperanzas en que el Tribunal Constitucional lo enmendara.

"Lo único que van a conseguir de esta manera [el Supremo] es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial", dijo literalmente. Más sutil fue Bolaños, pero con el mismo mensaje de fondo. El ministro de Justicia confió en que la Sala de Apelaciones del alto tribunal que debe revisar ahora los recursos de los imputados, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía cambiara el criterio mantenido por el tribunal que encabezó Marchena.

Capítulo aparte para los políticos independentistas que estos días han insultado directamente al instructor del procés Pablo Llarena llamándolo "Tejero sin bigote". "Estamos en pleno golpe del Estado Judicial", espetó un senador de Junts.