La Fiscalía está analizando los cometarios vertidos en redes sociales y canales de difusión de algunos agitadores tras el asesinato del pequeño Mateo en Mocejón (Toledo) en busca de alguna posible responsabilidad penal. El delito de odio está contemplado en un artículo del Código Penal, pero no su persecución no es nada sencilla.

Cualquier comentario desagradable o éticamente reprobable no puede siempre incardinarse dentro de una conducta delictiva porque, en muchas ocasiones, la línea con la libertad de expresión es muy fina y no conviene cruzarla. Uno de los requisitos más indispensables es que esos insultos se reproduzcan contra colectivos vulnerables, lo que la norma define como motivaciones racistas, antisemitas, antigitanos, religión, creencias, pertenencia a una etnia, raza o nación, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia o enfermedad y discapacidad.

El primo de Mateo (el niño de 11 años asesinado), Asell Sánchez, que ha liderado la labor de portavocía de la familia lamentaba entre llantos en una entrevista radiofónica en la Cope el acoso y las amenazas que estaba sufriendo por parte de algunos grupos ultras. El eurodiputado Alvise Pérez y numerosos anónimos en redes sociales vinculaban el crimen con un problema de inmigración y difundían el bulo de que el autor había sido un extranjero. Todavía no había datos concretos sobre el sospechoso y la Guardia Civil mantenía el sigilo de la investigación, pero esta teoría racista se propagó como la pólvora en Internet.

"¿Se puede ser más cruel y miserable?", llegó a decir la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que señaló sin tapujos a estos "sembradores de odio". El domingo, nada más conocerse la noticia del apuñalamiento, Pérez extendió en su cuenta de Telegram (en la que atesora 700.000 seguidores) que éste había sido cometido por "cinco menas".

Lograr que esto se traduzca en una condena por un delito de odio, como se ha dicho anteriormente, no es sencillo. El caldo de cultivo en el que van creciendo todos esos mensajes xenófobos que llegan al acoso de la familia del chico --a quienes llegado a analizar de arriba abajo sus redes sociales en busca de vínculos oscuros-- se nutre del anonimato de muchos mensajeros que desprenden su odio, sabedores de que nadie conoce su identidad.

Para poder actuar contra alguien hay que conocer primero quién está detrás de los mensajes, si no es difícil que la investigación pueda prosperar. En este sentido, el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, propuso este miércoles en la Cadena Ser que se introduzcan mejoras en los entornos digitales para poder llegar a una identificación más certera de estos individuos. A su juicio, "sería una pena proporcionada y necesaria" cerrar el acceso a las redes sociales a "aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito".

Lograr una condena de este tipo requiere cierta gravedad. No vale con un insulto aislado, sino que la persona que insulta debe tener como objetivo expandir la violencia. Por eso, alguien que utiliza un altavoz sobre miles de personas (como puede ser la tribuna del Congreso o un canal social con millones de seguidores) para compartir el odio contra algún colectivo se arriesga a sentarse en el banquillo mucho antes que un anónimo que vierte odio en un mensaje concreto de X (antes Twitter).

El Ministerio Público investiga ahora los perfiles de los usuarios de redes sociales que se han desplegado contra la familia del niño de Mocejón, así como la entidad y la gravedad de los comentarios vertidos. Cada caso es distinto.

Existen ejemplos de condenas recientes que sirven de modelo. Como los tres aficionados del Valencia que el pasado mes de junio fueron condenados a ocho meses de prisión por un delito contra la integridad moral con agravante de odio por los insultos proferidos al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. en un partido. Ninguno de ellos entrará en la cárcel, pero el simple hecho de haber logrado una condena en este caso, que muchos juristas dudaban, fue un éxito para distintos colectivos. La propia Liga de fútbol celebró a través de un comunicado la decisión judicial en lo que suponía "la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio de fútbol en España".