El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, regresó hace ya una semana de vacaciones y sus nuevas decisiones, como la de facilitar a todas las partes el vídeo de la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque los silencios también hablan, vuelven a estar en el candelero. Este lunes será el turno de cuatro testigos importantes, dos de ellos directamente relacionados con el germen del máster de Begoña Gómez. Las acusaciones aguardan cautelosas a saber qué siguientes pasos dará Peinado para mover ficha en una investigación que nadie descarta que termine en el Tribunal Supremo con una petición de imputación para Sánchez.

El turno comienza este lunes con Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, filial de Globalia (propietaria de Air Europa) que ya compareció ya en el Senado el pasado mes de junio. Allí negó ser el "nexo" entre Globalia, el grupo de la familia Hidalgo, y Begoña Gómez. "Yo no pintaba nada en esos asuntos", dijo. Las acusaciones populares creen que ella puede tener datos relevantes sobre la relación entre la mujer del presidente del Gobierno y los Hidalgo que terminaron logrando un rescate millonario del Ejecutivo en plena pandemia.

La denuncia inicial de Manos Limpias señalaba esta como una de las principales líneas de investigación, el hecho de que el Gobierno hubiera inyectado dinero a Air Europa para rescatarla y, a la vez, Gómez trabajara para una de las sociedades vinculadas al grupo. Wakalua firmó un contrato de patrocinio por 40.000 euros con el África Center en el que estaba Begoña Gómez. A ella se le investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios privados. Lauffer, que hoy acude como testigo, admitió en la cámara alta que conocía tanto a la mujer del presidente, como a Javier Hidalgo y a Carlos Barrabés (otro de los empresarios imputados en este caso), pero rechazó cualquier irregularidad en sus actividades.

La red de vínculos sociales se extiende aquí hasta un tercer empresario: Víctor de Aldama, uno de los principales imputados del 'caso Koldo' que se sigue en la Audiencia Nacional. Lauffer también admitió conocer a este comisionista que, presuntamente, se llevó de forma irregular cuantiosas cantidades de la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes. Las acusaciones populares de este caso han solicitado ya al juez Peinado que también le tome declaración a él.

Este lunes será el turno en segundo lugar de Luis Migel Ciprés, CEO de Innova Next, la empresa de Barrabés. El juez Peinado decidió el pasado mes de julio imputar a Barrabés después de que él mismo revelara reuniones en La Moncloa con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En una de ellas, supuestamente, estuvo Begoña Gómez. Bajo sospecha están los contratos que su compañía logró con distintas entidades públicas (como Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid), aunque parte de ellos se los ha llevado la Fiscalía Europea.

El máster de Begoña Gómez

Los últimos en pasar por delante de Peinado serán los dos directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. se trata del subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, y el consejero de Reale Seguros, Ignacio mariscal.

La idea es esclarecer cómo se gestó esta cátedra extraordinaria, sobre todo después de que el vicerector de la Universidad Juan Carlos Doadrio declarara que no existe ninguna más en la entidad pública con estas características, ya que Begoña Gómez no tiene una licenciatura. Doadrio dijo que fue el rector el que lo llamó y le dijo que había que ponerla en marcha y él siguió órdenes.

El rector, Joaquín Goyache, por su parte, también ha terminado investigado después de que no supiera explicarle al juez los méritos que cumplía Gómez para co-dirigir esta cátedra y de que relatara cómo la conoció cuando ella lo llamó para invitarlo a La Moncloa.

Esta cátedra de Transformación social Competitiva se creó con la firma de un convenio de colaboración entre la Complutuense y las empresas Reale Seguros (que aportó 60.000 euros en un pago único) y Fundación La Caixa que hacía supuestamente una aportación anual de 15.000 euros. Ambos tendrán que explicar la motivación de sus compañías para inventir en una cátedra de estas características.