El exministro de Transportes José Luis Ábalos se muestra enfadado con la auditoría que su sucesor en el cargo, Óscar Puente, ha encargado y que revela irregularidades en su gestión por la compra de mascarillas. En una conversación telefónica con El Independiente, el exministro defiende que se ha hecho una investigación paralela a la que está desarrollando la Audiencia Nacional, que se ha "interrogado" a los funcionarios sin darle a él opción de contradicción y que se ha enmendado al Tribunal de Cuentas. Ábalos se pregunta: "¿Por qué no se hace una auditoría en el Ministerio de Sanidad, o en el Ministerio del Interior, o en las Comunidades Autónomas?".

"Es un despropósito. Se me escapa la intención", confiesa el valenciano por teléfono. La auditoría realizada por los funcionarios del área de Inspección de Transportes se hizo pública a finales de la semana pasada y expone que Ábalos duplicó en sólo 38 minutos la orden para comprar la primera tanda de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión (investigada como epicentro de la trama que se analiza en la Audiencia Nacional). La petición pasó de 4 millones de mascarillas a 8 millones sin "justificación" aparente.

"A mí no me consta lo de los 38 minutos. Pero eso es lo de menos. Desde el punto de vista ministerial yo hago la orden por una cantidad para ese momento, en marz, en pleno arranque del Estado de Alarma", explica. "Dice que falta justificación, pero vamos a ver: al principio de la pandemia no teníamos ni idea de la previsión. Ahí [en el informe] llegan a plantear que el Estado de Alarma duró 15 días. Nadie sabía la dimensión de la pandemia, ¿Qué me quiere decir que compre para 15 días?", cuestiona.

A la pregunta de quién le dijo que cambiara esa orden para duplicar el número de mascarillas a la empresa que está bajo sospecha de corrupción, el actual diputado del Grupo Mixto dice que no recuerda que nadie se lo pidiera. "Además, no sé de dónde sacan eso de los 38 minutos. Supongo que por los correos, pero eso no se tiene por qué corresponder con la realidad".

El informe de los técnicos alega que el ahora exsubsecretario de Transportes Jesús Gómez advirtió que este cambio de cuantía se hizo porque el entonces asesor del ministro, Koldo García, dijo que "el proveedor suministraba 8 millones o nada". Para Ábalos se trata de una "una descontextualización del momento": "Están entrando a algo que no les corresponde a los técnicos del Ministerio porque la orden ministerial es una decisión política", esgrime.

Carga la subdirectora general que firma el dosier porque dice que era la "mano derecha" del subsecretario al que Óscar Puente acaba de cesar, precisamente, a raíz de esta auditoría. "Ella es juez y parte", defiende Ábalos, que asegura que ni Puente ni nadie del Ministerio lo ha llamado para conocer su versión.

"Parece que el actual ministro se ha auto atribuido competencias para abrir un tribunal paralelo de investigación y constituir un 'Tribunal de Honor o de Excepción' en el Ministerio de Transportes", agrega. Su enfado es visible y así lo ha mostrado en las pocas entrevistas que ha dado estos días.

Hasta el momento, había sido leal a la disciplina de voto del PSOE, a pesar de que el pasado mes de febrero tuvo que dejar su silla en el grupo socialista, tras el estallido de la 'operación Delorme' y la detención del que fuera su asesor. Ahora amaga con una posible ruptura: "En el Congreso ya he advertido que 'ya veremos'. Nunca se ha hecho esto cuando Gobierna un partido. ¿Por qué no se hace esto en otros Ministerios?", repite. "Pedidos que no llegaron, pedidos que no se sirvieron ¿Por qué no se hace? A nadie se le ocurre hacerlo", se responde a sí mismo.

Una investigación paralela

A juicio del valenciano, lo que ha hecho Transportes es "una investigación administrativa subjetiva y paralela" que ni ha pedido el juez, ni ha pedido la Fiscalía. "Ese informe no se puede hacer. Tú ahora tienes una inspección fiscal y tienes un proceso penal abierto y la inspección de Hacienda se paraliza. Es más, en el ámbito civil, tienes un procedimiento que tiene que ver con otro que se abre en la vía penal y el civil queda a expensas de lo que pase en la vía penal. Es lo que se llama tutela judicial efectiva", recuerda el abogado.

"Una cosa es que quieran colaborar con la Justicia y otra cosa es que la estén supliendo en paralelo. Y eso Puente, si es abogado, debe saberlo. No procede", sentencia Ábalos.

Según sus palabras, Transportes ha enmendado al Tribunal de Cuentas que ya analizó la compra de mascarillas y dio luz verde a la contratación. "Lo que hace el informe del Tribunal de Cuentas es recomendar (no exigir) que se mencione la solvencia económica de las empresas porque las mascarillas se pagaban una vez fueran entregadas, como tampoco dice que hubiera que pedir más ofertas por lo que esas dos condiocnes el Tribunal no lo vio como una necesidad ni un imperativo".

El documento del departamento que dirige Puente detalla una lista de irregularidades como la falta de acreditación documental de que las mascarillas llegasen a su destino final o que Koldo García "llevó al Ministerio dos palés con unas 25.000 mascarillas, de lo que tampoco hay acta de recepción". Sobre lo primero, el exministro contesta que él no era responsable de los albaranes de entrega, "¿O me voy a poner yo también a repartir mascarillas a los taxista?"; sobre lo segundo, lamenta que el Oficial Mayor se queje en el informe de los accesos al edificio cuando era su responsabilidad.

"El que tenía que llevar el control de los accesos era él, el que dice que se habilitó una dependencia para las mascarillas es él, el que entrega una llave para la Guardia Civil es él y lo hace mal porque no se le podía entregar esa llave a la Guardia Civil. No es personal del Minsiterio. Pero sobre ellos no hacen nada", se queja.

Para él, en la auditoría "se ve mala leche" y tiene un objetivo claro: "Quieren librarse apuntando hacia mi". Dice estar sorprendido de que los delegados de la Intervención General del Estado no hayan advertido durante estos cuatro años de las supuestas deficiencias documentales que ahora señalan.

Ábalos ha estudiado qué medidas tomar sobre lo ocurrido, pero señala que está en una posición "incómoda" porque al no formar parte del procedimiento no puede denunciarlo. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional no lo ha imputado de momento, ni la Fiscalía Anticorrupción --que comenzó la causa-- lo ha pedido. El denominado 'caso Koldo' tomará un nuevo impulso este mes de septiembre cuando el juez debe escuchar a los nuevos investigados entre los que están, precisamente, el subsecretario de Transportes y el director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda.