Sánchez inicia el curso acorralado por la causa a su mujer, su hermano y por Ábalos

El inicio del curso judicial se dará por inaugurado, como cada año, con un gran acto en el Tribunal Supremo que preside el Rey Felipe VI este jueves 5 de septiembre y al que acudirán las togas más altas de toda la judicatura española. La novedad este año es evidente: la política se ha trasladado a los tribunales como nunca antes. En el mismo evento el año pasado no había estallado el 'caso Koldo', que salpica al Ministerio de Transportes que dirigía el socialista José Luis Ábalos; ni se habían iniciado sendas causas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su hermano. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comienza el mes de septiembre conocedor de que el Poder Judicial puede marcar la duración de la legislatura. Y eso, nadie lo oculta, puede enfangar y desdibujar la línea de la separación de poderes.

La agenda es frenética e incluye situaciones inéditas como una posible imputación de un fiscal general del Estado por primera vez en la historia, o una querella de un presidente del Gobierno contra un juez. El termómetro del Congreso irá subiendo la temperatura a golpe de mazazo judicial a medida que avancen las semanas en las que debe resolverse también los coletazos de la amnistía, la fuga de Carles Puigdemont o la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ninguna broma.

Sánchez contra Peinado

En las primeras semanas de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tendrá que decidir si abre o no una investigación por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Lo han denunciado nada menos que Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, y la propia Begoña Gómez, a la que él mantiene imputada. Distintas fuentes jurídicas consultadas ven muy complicado que se llegue a iniciar un procedimiento penal contra el juez. Y dan dos motivos principalmente.

Primero, porque es extraño que la Justicia encause a jueces. Algo que ha ocurrido en contadas ocasiones como el caso de Baltasar Garzón. Segundo, porque las pesquisas abiertas contra la mujer del presidente fueron avaladas por la Audiencia Provincial de Madrid lo cual ya es un paraguas sobre el que Peinado puede ampararse. Es difícil justificar así que ha actuado de forma injusta a sabiendas, lo que en el fondo es la prevaricación. Otra cosa es que dentro de la investigación haya tomado decisiones erróneas o parciales, pero eso, según citadas fuentes, es ya cosa de que la propia Audiencia Provincial las vaya corrigiendo a través de recursos, como en todos los procedimientos penales.

La decisión deben tomarla dos tribunales distintos, uno por cada querella. En uno, el ponente es José Manuel Suárez Robledano; en el otro, Francisco José Goyena que recientemente ha copado titulares de prensa por haberse hecho cargo también de la querella que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía General por revelación de secretos tras haber confesado éste que defraudó a Hacienda. Goyena ha pedido imputar al fiscal general, así que distintas fuentes jurídicas lo colocan en un espectro de decisiones de corte conservador que no concordaría con imputar a un juez tras una denuncia de Sánchez.

Begoña Gómez, pendiente del cierre de su causa

Por otro lado, Gómez está pendiente de su causa. Y ocurra lo que ocurra aquí todos los van a tratar de utilizar en su favor. La Audiencia Provincial avaló en mayo la investigación sobre Gómez por apreciar indicios de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de su actividad con el empresario Juan Carlos Barrabés, si bien la causa ha seguido avanzando a pasos agigantados, en medio, la Fiscalía Europea ha pedido una parte de los contratos que afectan a fondos comunitarios.

Por eso, el letrado de Gómez, el exministro de Justicia Antonio Camacho, ha recurrido de nuevo a la Audiencia Provincial, porque cree que la investigación ha perdido objeto, toda vez la Fiscalía Europea se ha hecho con la parte fundamental del caso y del resto no hay indicios, dice. Ellos llevan denunciando durante toda la instrucción lo que consideran el mal hacer del juez Peinado, así que lo que será determinante en los términos que vuelvan a pronunciarse los jueces de la instancia superior.

Si dan su visto bueno, la investigación contra Gómez seguirá adelante con todo, pero si deciden que Peinado se ha extralimitado la bomba de oxígeno para la esposa del presidente del Gobierno se leerá en clave política y el PSOE aprovechará la coyuntura para subrayar la idea que vienen trasladando desde hace meses de que hay una campaña de la "derecha judicial" contra el Ejecutivo progresista.

El asunto se deliberará el próximo 30 de septiembre, pero hasta ese momento el juez Peinado puede llamar a declarar a un amigo íntimo de Sánchez como le han pedido las acusaciones populares o seguir dando nuevos pasos una vez reciba los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el registro en la casa y la oficina de Barrabés.

El fiscal general del Estado, al borde de la imputación

El Tribunal Supremo formará parte de los grandes protagonistas de este cierre de año porque sobre él recaen ahora varias decisiones de calado. La primera y más inminente, la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Superior madrileño ha pedido que lo investiguen por, presuntamente, filtrar datos secretos del novio de Ayuso en una causa contra él por fraude fiscal. Prácticamente se da por hecho que la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena lo llamará a declarar, pero pocos se atreven a vaticinar el tsunami que puede venir tras ello.

El presidente Sánchez no ha escondido su apoyo a García Ortiz y ha dicho públicamente que lo respaldará para continuar aunque lo imputen. Con estos mimbres en la Fiscalía General aseguran que está fuerte y que su intención es seguir adelante, pero distintas fuentes del Ministerio Público aclaran que la carrera no asumirá tener un jefe que está bajo sospecha de la Justicia y pronostican que la presión interna va a ser firme. Pero, de nuevo, habrá una derivada política. En el PP se frotan las manos para cuando esto suceda porque podrán sacar un doble rédito.

De un lado, que el fiscal general puesto por Sánchez ha sido un nombramiento fallido al estar bajo la sospecha del Supremo; del otro, que quien ha conseguido que esta afrenta salga bien ha sido una de sus filas. La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva meses también asegurando una persecución contra ella y los miembros de su familia por todos los frentes.

Puigdemont y el Supremo

Pero la Sala de lo Penal debe seguir tomando decisiones trascendentales. Tiene que terminar de peinar los flecos de la amnistía. Resolver los recursos pendientes --de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los perjudicados-- para que la causa del procés pueda seguir escalando en su recorrido por el perdón y llegue al Tribunal Constitucional, donde los independentistas tienen posadas sus expectativas de éxito.

En esta Sala, el magistrado Pablo Llarena cobra un protagonismo excepcional en estos meses. Aunque él está acostumbrado a los focos desde que en 2017 asumiera la instrucción que encausó a los líderes independentistas, ahora tiene sobre su mesa un nuevo documento que pocos pensaron que podían llegar a ver: la explicación por la fuga del expresident Carles Puigdemont de España. La segunda fuga, de hecho, ocurrida este mes de agosto cuando hizo una visita fugaz a Barcelona y logró volver a Bélgica sin ser detenido.

Llarena tendrá que decidir si la jefatura de los Mossos d'Esquadra o algunos miembros de la cúpula del Ministerio del Interior deben asumir responsabilidades penales por no haberlo arrestado. También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene sobre la mesa una denuncia por los mismos hechos. El togado puede decidir ahora si retoma la orden internacional de detención contra el expresident, una vez ha decidido que no le aplica la amnistía por la malversación. Esto reactivaría el laberinto judicial para capturarlo en Europa.

Existe, además, una tercera pata en este camino laberíntico que puede complicarle aún más el futuro a Puigdemont. Se trata del 'caso Voloh' que el magistrado de Cataluña Joaquín Aguirre ha remitido al Supremo para que imputen también por esto al líder de Junts. En esta investigación que indaga en los vínculos de los independentistas con una supuesta trama rusa para financiar el referéndum ilegal y sus derivadas, Aguirre acusa a Puigdemont de alta traición un delito que, en principio, también queda al margen de la Ley de Amnistía.

Hazte Oír contra el Tribunal Constitucional y los diputados

Por si todo esto fuera poca tela que cortar, al Gobierno le ha salido una china en el pie incansable en los últimos meses. La asociación católica Hazte Oír, que había centrado su actividad en campañas de propaganda en redes sociales o autobuses en la calle, ha oranizado a su equipo jurídico para iniciar una ofensiva en los tribunales que va desde Begoña Gómez, hasta el hermano de Pedro Sánchez pasando por otras querellas que comprometen al Tribunal Supremo.

La Sala de lo Penal debe decidir también si investiga a los magistrados del Tribunal Constitucional, el órgano que vela por la Carta Magna, por haber desgajado la sentencia que ellos (los miembros del Tribunal Supremo) hicieron por el 'caso de los ERE'. El tribunal que ahora dirige Cándido Conde-Pumpido decidió antes de verano exculpar a la mayoría de los implicados en este asunto de corrupción de la Junta de Andalucía y esto sentó muy mal en el alto tribunal donde pocos vieron sentido a los argumentos utilizados. Pero de ahí a imputar a los togados hay un trecho tan grande, que las fuentes jurídicas consultadas consideran imposible que esto termine ocurriendo. Lo mismo que con la querella que Hazte Oír ha interpuesto contra los 167 diputados que dijeron sí a la Amnistía y que el grupo quiere procesar por prevaricación.

La causa contra David Sánchez, el hermano del presidente del Ejecutivo, es la que tendrá más recorrido habida cuenta de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz autorizó a la UCO para entrar en la Diputación de Badajoz y recoger correos y documentación. El análisis de todo ello será clave para saber si el músico fue contratado de forma irregular por la Administración.

El 'caso Koldo' y el enfado de Ábalos

La Audiencia Nacional también tendrá su pequeña parcela de protagonismo tras el inicio del curso con el llamado 'caso Koldo'. La segunda semana de septiembre la investigación toma impulso con las declaraciones de nuevos imputados como el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, el exsecretario de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares y el exdirector general de Adif Michaux Miranda. Todos ellos ex después de que el ministro Óscar Puente decidiera cesarlos por falta de confianza.

Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Transportes ha identificado irregularidades graves en la compra de mascarillas en pandemia, descontrol en la recogida y dudas sobre las entregas. Esta auditoría ha enfurecido al exministro José Luis Ábalos, sobre quien se extiende la sospecha, quien en una conversación con este medio aseguró estar estudiando qué medidas adoptar.

El panorama político también puede verse influido por el avance de esta cuestión, ya que el voto de Ábalos que ahora forma parte del grupo mixto es indispensable para que la aritmética parlamentaria le encaje al PSOE.