La presidenta del CGPJ reivindica el papel de las mujeres y pide "evitar ataques injustificados" a los jueces

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha pedido este jueves "evitar ataques injustificados a los jueces", ha defendido la labor del alto tribunal y ha señalado que queda "mucho camino por recorrer" para que las mujeres ocupen altos cargos en la Justicia. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido limitar la figura de las acusaciones populares. Sendos discursos se han pronunciado ante el Rey Felipe VI en el acto de apertura del año judicial.

"Quiero expresar mi apoyo a todos los jueces de este país: Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial. Podemos sentirnos orgullosos por la labor que desempeñáis cada día", ha expresado firme Perelló, en su primera intervención pública. Toda una declaración de intenciones sobre la defensa de los magistrados que en estos últimos meses han sido acusados de lawfare por parte de los independentistas.

Perelló ha puesto especial énfasis en "reconocer la excelente labor de mis compañeras y compañeros del Tribunal Surpemo". No es casualidad que la hasta ahora magistrada de la Sala Tercera de ese órgano se diriga a sus colegas que también han sido atacados por la interpretación de la amnistía, entre otros asuntos.

Y tampoco es fruto del azar el haberse dirigido primero a las "compañeras". "Nací en una España en el que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Aun así, queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales", ha señalado.

El inicio de la intervención de la togada ha estado repleto de contenido feminista, en defensa de la igualdad, así como de agradecimiento por "la confianza" que han depositado en ella los vocales del CGPJ. Perelló se ha mostrado "consciente de las dificultades" a las que se enfrenta y ha reconocido que han sido "años muy difíciles".

Sobre los desafíos a los que se enfrenta ha destacado dos: por un lado, que el Consejo que ahora preside nombre las vacantes existentes en la cúpula judicial "con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de méritos y capacidad"; por otro lado, el "gran reto" de "defender la independencia judicial".

"Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho", ha aseverado.

La nueva presidenta ha mostrado su "compromiso" con la independencia judicial, admitiendo que aunque las discrepancias son posibles, no es admisible "la descalificación o el insulto". Perelló ha hecho un llamamiento "a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces realizan".

Y ha destacado que las "posibles irregularidades que pudieran producirse" en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen "sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales". Esto se ha entendido como un mensaje velado en contra de la querella que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interpuesto contra el magistrado que lleva la investigación contra su mujer.

García Ortiz pide limitar las acusaciones populares

El fiscal general ha reclamado un cambio en legislativo para limitar las acusaciones populares. Una petición nada baladí si se tiene en cuenta que casos como el de 'Begoña Gómez' se sustentan a base de cinco acusaciones populares (entre las que está Manos Limpias o Vox) que impulsan la causa pidiendo continuamente diligencias; o el 'caso Villarejo' del que también han tirado acusaciones como Podemos o el PSOE.

"Más allá del riesgo del colapso [...], el peligro que describimos ahora es sustantivo e instrumental. Cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine", ha especificado. "Hemos llegado a un punto de difícil gestión: el acceso a los tribunales penales, el ejercicio de la acción penal se ha universalización", ha dicho.

Si la figura se pensó para un propósito, ahora hay acusaciones particulares con intereses que no tienen por qué ser legítimos. "Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas e incluso meramente procesales. todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de investigación criminal", ha explicado.

Desde esta perspectiva, el jefe de la Fiscalía ha revindicado el papel de sus funcionarios: "En cada juzgado o en cada fiscalía, los fiscales tenemos el derecho y el deber de expresar nuestra opinión jurídica, nuestra tesis, conforme o discrepante con las de los instructores o juzgadores. No solo es un criterio programático, es un ejercicio imprescindible de responsabilidad profesional. Un necesario contrapeso al ejercicio del Poder Judicial".

A quienes les interesa una Fiscalía "débil o debilitada" es a los que delinquen, se ha esforzado así en sacar la bandera Institucional. "Frente a determinados discrusos que pretenden socavar nuestras institucionales, nuestros principios y valores democráticos o, en definitiva, nuestra propia convivencia [...], el Ministerio Fiscal siempre contribuirán con su trabajo y dedicación a la gartantía y protección de los derechos de todas las personas".

El discurso ha reclamado de nuevo el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que sea el fiscal el que instruya las investigaciones y no los jueces, como medida para descolapsar los juzgados. "Es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos".

García Ortiz ha destacado que la columna que vertebra este año la memoria fiscal --que se presenta cada año como termómetro de la realidad en los tribunales-- es la adicción de los jóvenes a Internet. Las redes sociales están provocando que los menores se relacionen únicamente por este medio, que normalicen la violencia o que no sean conscientes de la importancia de proteger su intimidad.

El foco se ha puesto, igualmente, en la vulnerabilidad de personas extranjeras a lo que se añade ahora la repercusión que tiene la desinformación que en ocasiones provocan las redes sociales. "No nos cansaremos de repetir lo que es obvio: los y las migrantes son, sin ningún matiz o calificativo, en primer lugar personas con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o los son nuestros hijos e hijas", ha recalcado.

"Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos", señaló. Para García Ortiz no hay receta en derecho que soporte unas instituciones sin convivencia. Así ha repetido las palabras respeto y tolerancia a lo largo de toda la intervención.

De nuevo, el reclamo de más medios para el Ministerio Público ha vuelto a estar ahí. "Desde el más profundo respeto a las competencias de cada territorio desde la Fiscalía española observamos con preocupación que, en la tramitación de procedimientos, en la eficacia del sistema, en el desarrollo del servicio público, cuando no se puede deslindar lo procesal de lo material, la parcela de los sistemas de gestión procesal puede no ser eficiente", ha reflejado.