El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado por unanimidad la abstención del magistrado Juan Carlos Campo y la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía. Comienza así el recorrido de la norma en el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido.

Campo, durante su etapa como ministro de Justicia, fue quién firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura Ley de Amnistía de inconstitucional. Una acción que le imposibilita formar parte de las deliberaciones sobre la ley, tal y como él mismo expuso cuando solicitó apartarse, de acuerdo con los principios que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece en su artículo 80: "Los magistrados ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma".

Por tanto, el ala progresista del TC encarará las deliberaciones sobre la amnistía con seis magistrados sobre los cinco del lado conservador. La correlación de fuerzas no cambia pese a la ausencia de Campo. La respuesta al Tribunal Supremo tardará en llegar entre seis meses y un año y, aunque no se podrá extender automáticamente al resto de cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que puedan llegar, porque el contenido impugnado y los argumentos expuestos pueden variar, sí marcará el camino.

El alto tribunal considera que el artículo 1 de la amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional, y decidió acudir al Constitucional tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del procés.

Está previsto que el TC dicte al menos 16 sentencias diferentes sobre la ley, dada la avalancha de recursos que se han producido durante los últimos días.