El exsubsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez García ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo' y ha señalado que las decisiones de los contratos de pandemia pasaban por una comisión interministerial que formaban los ministros de Transportes, Interior, Sanidad y Defensa y que supervisaba el presidente del Gobierno. Gómez García, cuya cita era en calidad de investigado, se ha desvinculado de cualquier irregularidad en los contratos a Soluciones de Gestión S.L. y ha expresado que la empresa, bajo sospecha de los investigadores, vino impuesta por Koldo García, antiguo asesor del ministro del ramo José Luis Ábalos.

Según distintas fuentes presentes en la declaración, fue Koldo García el que personalmente le dio el nombre de la empresa que había que contratar para traer millones de mascarillas cuando la enfermedad empezaba a extenderse. Koldo se la dejó "en su despacho en mano", explican, y como venía directamente del asesor de Ábalos, él entendió que no había posibilidad de réplica y contrató sin más preámbulos a Soluciones de Gestión, la compañía de Víctor de Aldama. A este, por cierto, ha dicho no conocerlo, a pesar de que varios testigos que han declarado con anterioridad han aseverado que era un asiduo en Transportes.

La oferta inicialmente eran cuatro millones de mascarillas, pero finalmente se terminaron contratando ocho y la decisión se tomó por el avance de la pandemia, indican dichas fuentes. Gómez García explicó que él hizo de correa transmisora desde el Ministerio a Adif y a Puertos del Estado, quienes finalmente ejecutaron la contratación. En total se gastaron 12,5 millones de euros y 20 millones, respectivamente. La gestión le tocó hacerla a él porque así le tocaba jerárquicamente. Él era el responsable, después del ministro, de poner en marcha el plan que se "coordinaba" en esa comisión interministerial. Fuentes presentes en la declaración lo ven como un simple conducto y descartan ahora que él pudiera tener responsabilidad alguna.

A preguntas de por qué no se eligió una empresa con mejores propuestas, más económicas, que las hubo como una de Terraplanet del Sur, él ha dicho que llegaron después de que el contrato con Soluciones de Gestión estuviera cerrado y haberlo roto hubiera dado lugar a una indemnización que ya no compensaba pagar. Cabe recordar que en un documento que figura en el sumario, la empresa de Aldama y el Grupo Cueto (dirigido por Juan Carlos Cueto, otro de los empresarios investigados en esta trama) llegan a un acuerdo para la importación de ocho millones de cubrebocas (y no cuatro) para Puertos del Estado con fecha anterior de que el contrato estuviera adjudicado oficialmente.

Su versión pasa por asegurar que se hizo un estudio de solvencia sobre la compañía de De Aldama, si bien nunca se ha llegado a mostrar y que instó tanto a Puertos como a Adif para que hicieran lo propio.

Con esta declaración, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cierra una ronda de declaraciones que comenzó la pasada semana para esclarecer en qué circunstancias se compraron las mascarillas tanto a Aldama como a Cueto. Sobre el papel hay posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por haber amañado los contratos de urgencia y haberse quedado con mordidas en la peor época de la epidemia.