El Tribunal Constitucional ha admitido en el pleno de este martes la petición del magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la Ley de Amnistía. La reunión ha sido larga con un amplio debate y los magistrados se han dividido en seis votos a favor y cinco en contra. Durante su etapa como ministro de Justicia, Campo fue quién firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una hipotética amnistía de inconstitucional. Una acción que le imposibilita formar parte de las deliberaciones sobre la ley, tal y como él mismo expuso cuando solicitó apartarse.

Se iba a tratar de un trámite, puesto que el pasado 11 de septiembre el pleno del Constitucional ya aprobó por unanimidad que Campo se apartara de la primera cuestión sobre la amnistía, sin embargo ha habido discrepancias entre los magistrados que han votado por bloques. A favor, los progresistas Cándido Conde-Pumpido, Laura Díez, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano; y, en contra, los magistrados Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo, José María Macías y Concepción Espejel. Los tres últimos han anunciado voto particular.

Una de las principales discrepancias ha sido esa que Conde-Pumpido haya agrupado todo lo que tiene que ver con la abstención de Campo, en lugar de que cada ponente llevara a cabo su parte. Fuentes del sector progresistas explican que esto se ha hecho así como una mera cuestión organizativa para que no tuviera que haber plenos sucesisvos con este asunto y zanjar ya que el exministro quedara al margen de todo lo relativo a la ley.

Pero además, las diferencias han seguido por que algunos consideran que ni el presidente, ni Macías ni Díez --que están recusados por diferentes partes del procedimiento-- debían haber formado parte del debate de hoy, como ha explicado este medio. "El tribunal está mal formado cuando se integra quien no debe hacerlo", dicen citadas fuentes. El ala conservadora entiende que hasta que no se resuelva el fondo de todas las recusaciones que hay planteadas (exactamente 54), esos tres magistados no pueden entrar a formar parte del debate porque podrían estar contaminando el procedimiento.

A partir de este momento, Campo queda excento de participar en nada más que tenga que ver con la ley del perdón, pero la polémica está servida. Las conversaciones sobre este asunto tan complejo se inician enfrentadas desde el primer momento en el que un bloque cree que se está componiendo mal el tribunal y no se están teniendo en cuenta las peticiones de apartar a los miembros del órgano.