La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este lunes una decisión trascendental para el futuro de los habitantes del Palacio de La Moncloa. Tres magistrados iban a revisar el recurso que interpuso la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra la investigación que sigue contra ella el magistrado Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero la deliberación ha quedado aplazada por falta de documentación para el estudio del asunto. La sentencia será crucial para saber si se archiva una parte del caso o si, por el contrario, hay luz verde para continuar en todos los frentes.

En un escrito notificado este mismo lunes, los magistrados acuerdan la suspensión de la deliberación porque les falta concretamente un recurso de apelación que la defensa de Begoña Gómez había interpuesto y que no les ha llegado a pesar de que habían solicitado todo el material obrante en el caso. "Deberá aclararse por la letrada de la Administración de Justicia dle Juzgado de instrucción número 41 de Madrid", indica la providencia. Cabe recordar que la Fiscalía también se había adherido a los argumentos de Gómez que indica que no hay indicios para seguir investigando. Por ahora, no hay fecha de estudio del recurso.

El ponente será el mismo

El juez ponente de la sentencia será Enrique Jesús Bergés, quien ya fue ponente de la única vez anterior en la que esta sección se pronunció sobre la causa, el pasado 29 de mayo. Entonces, hubo lecturas dispares sobre lo que los togados quisieron decir. Lo que fue indudable es que la Audiencia avaló la apertura de la causa contra Begoña Gómez, a pesar de que el Ejecutivo se había empecinado en señalar que era irregular que se hubiera estimado la denuncia de Manos Limpias basada únicamente en recortes de prensa. "Para la admisión de la denuncia basta la verosimilitud, la mera posibilidad fundada, muy alejada de los indicios racionales suficientes de criminalidad que sirven para el procesamiento [...]. Lo contrario llevaría al absurdo", dijeron.

La denuncia se basaba en dos grandes bloques. Por un lado, la contratación de Juan Carlos Barrabés por parte de la empresa pública a Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital) después de que Gómez hubiera enviado dos cartas de recomendación; por el otro, el rescate a Globalia (matriz de Air Europa) por parte del Gobierno y la relación de Gómez con el que exCEO de la empresa Javier Hidalgo. Y como telón de fondo, el máster que ella había montado en la Universidad Complutense de Madrid para el que contó, de una forma u otra, con la colaboración de ambos empresarios.

Las contradicciones sobre lo que quisieron decir los magistrados están, precisamente, aquí. "A partir de las anteriores consideraciones y examinando ya el contenido de la denuncia, existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos, otro, el referido al rescate de Globalia en el que la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento puedan deparar nuevos datos y que quizás hubiera merecido la pena activar controles administrativos previos", señalaron los magistrados sobre la parte relacionada con Hidalgo.

Algunos entienden aquí, como el letrado de Begoña Gómez, que la Audiencia Provincial cierra de forma tajante la senda a seguir investigando estos hechos, mientras que las acusaciones populares no lo ven tan claro.

Por otro lado, sobre el vínculo entre Barrabés, Gómez y el máster que se creó bajo el nombre de Transformación Social y Competitiva, los togados dicen que "existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, para el comienzo de la instrucción". Sin embargo, como después de esta sentencia la Fiscalía Europea se llevó la parte de los contratos europeos que estaban afectados con fondos comunitarios, la defensa de Gómez entiende que este fleco del procedimiento ha perdido objeto. Así que si esta parte la tiene la Fiscalía Europea y la otra no se puede investigar: no hay caso para Peinado.

Nada de esto ven las acusaciones populares que creen que debe seguirse indagando en todo. El abogado de la esposa del presidente alega además que la investigación es prospectiva, es decir, que sale a pescar delitos sin ningún control y se apoya en una frase del juez que dejó por escrito el 1 de julio: "Concretar que los hechos objeto de la investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por parte de la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial". La Fiscalía apoya, como pide ella, el archivo del procedimiento.

Por eso, el relato que haga ahora la Audiencia Provincial es vital para centrar y dimensionar en qué se basa el 'caso Begoña'. Fuentes jurídicas aclaran que Enrique Jesús Bergés volverá a ser el ponente. La sentencia no se conocerá hoy, pero citadas fuentes especifican que puede ser esta misma semana cuando se reproduzca la sentencia. Además, explican que la magistrada y exministra de Justicia de Pedro Sánchez Pilar Llop, que forma parte de esta sección, pidió específicamente a la presidenta Rosario Esteban Meilán no formar parte de ninguna de las deliberaciones que tuvieran que ver con este caso, y así se ha acordado.

Con el 'software' hay partido

En cualquier caso, las distintas partes del procedimiento aseguran que el archivo total sería imposible después de que otra sección de la Audiencia Provincial diera la razón a Hazte Oír en la posibilidad de investigar el software que Gómez registró a su nombre para usar en su máster de la Complutense.

La asociación católica interpuso una querella una vez ya se había iniciado el 'caso Begoña Gómez' añadiendo nuevos datos que había publicado 'El Confidencial' sobre una aplicación que la esposa del presidente pidió a Google, Indra y Telefónica de forma gratuita para que diera soporte a la actividad de su máster. Hazte Oír entendió que podría tratarse de nuevos delitos: malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal e intrusismo.

El asunto del software había quedado al margen hasta que resolviera quién lo debía investigar. Primero recayó en el juzgado de instrucción número 48, que se inhibió para que lo llevara el juez Peinado y se analizara todo junto, pero la Fiscalía lo recurrió. La sección 3 de la Audiencia Provincial no le ha dado la razón al Ministerio Público y, sin entrar a valorar si existen indicios o no, ha señalado que todo debe llevarlo Peinado. Con estos mimbres, entienden las acusaciones populares que aunque ahora se cerraran las vías de investigación relacionadas con Air Europa y con Barrabés, el asunto del software todavía tendría que quedarse abierto.