La guerra abierta en el Tribunal Constitucional por las recusaciones sobre la amnistía, lejos de apaciguarse después de apartar a Juan Carlos Campo de todas las deliberaciones, está más viva que nunca. El presidente Cándido Conde-Pumpido ha colocado el estudio de cada recusación que queda pendiente (la suya, la de Laura Díez y la de José María Macías) por orden, es decir, una primero, otra después y luego la tercera, en lugar de estudiarlas todas a la vez y esto, para un sector del tribunal, es una estrategia para asegurarse la mayoría progresista una vez se llegue a la recusación de Macías. Fuentes del órgano explican que si los cuatro se quedaran al margen y se hiciera un solo debate el resultado final sería distinto.

El pleno previsto para este martes día 8 comenzará estudiando la recusación planteada por el PP contra Conde-Pumpido. El presidente ha introducido en el orden del día solo la suya y no la de Díez (también recusada por el PP) ni la de Macías (recusado por la Abogacía del Estado) de manera que una vez se resuelva la de Pumpido, que todos asumen que se va a desestimar, él podrá incorporarse al siguiente debate. Y, siguiendo este orden, cuando se resuelva la de Díez ella también podrá participar de la de Macías.

Así las cosas, cuando toque el turno de decidir si el magistrado conservador debe apartarse, la mayoría del tribunal será claramente progresista con Conde-Pumpido y Díez reincorporados: seis a cuatro. Tal y como explicó este medio, si todos los recusados se quedaban al margen podría darse un empate de votos con cuatro de un lado y cuatro del otro. En ese caso, algunas fuentes del tribunal indican que la vicepresidenta Inmaculada Montalbán tendría voto de calidad, sin embargo, otras voces dudan de que esto pudiera llegar a ser así.

En cualquier caso, no es en esa cesta donde ponen todos los huevos, sino que, explican, la recusación de Macías suscita muchas dudas y creen que en un debate de cuatro a cuatro podría darse la situación en la que algún progresista no votara.

Las distintas fuentes consultadas asumen que las recusaciones del presidente y de Díez no van a salir adelante prácticamente por unanimidad. Ningún togado ve bien que Pumpido deba apartarse por haberlo hecho antes ya en asuntos del procés que nada tenían que ver, ni que Díez lo haga simplemente por haber formado parte del gabinete del ministro de Justicia Félix Bolaños. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal en este sentido lo dice claro: "Confunden de este modo las instituciones con quien las representa o atribuyen la condición de parte a quien ontológicamente es evidente que no puede tenerla".

El debate jurídico va a estar en la recusación de Macías. Los argumentos de la Abogacía del Estado indican que él participó en informes cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtiendo de la inconstitucionalidad de la amnistía y, por tanto, ha perdido la objetividad para poder formar parte de este debate. El sector conservador entiende que, con estos mimbres, los progresistas se unirán para hacer suyos los argumentos de los servicios jurídicos del Gobierno y lograr que Macías no participe del análisis del fondo de la Ley de Amnistía.

El precedente de Espejel y el aborto

Voces de ese bloque avisan de que esto supondría cambiar la doctrina del Tribunal. El Constitucional rechazó en febrero del pasado año que la conservadora Concepción Espejel pudiera abstenerse a petición propia de revisar el recurso contra el aborto que llevaba 12 años en un cajón. Ella quería dar un paso a un lado porque entendía que se había pronunciado previamente con un informe que hizo cuando era vocal del CGPJ al tiempo que se publicó la norma.

Los siete miembros progresistas se mostraron en contra porque el informe del Consejo no se llegó a enviar al Gobierno y porque ese criterio jurídico se habrá dado hacía más de una década. Sin embargo, los conservadores entienden que la situación de Macías es "idéntica". "La única diferencia era que entonces Cándido Conde-Pumpido también se tendría que haber apartado porque él había participado en informes como fiscal general del Estado", añaden.

Macías ha enviado esta semana un escrito al presidente pidiéndole que no "fraccione" la resolución de las recusaciones que se han presentado porque eso sería configurar un Tribunal "a la carta". Para él se ha elegido un criterio "asimétrico" que provoca que el resultado no sea neutro. "Conforme al criterio de ordenación que ha decidido aplicar, los cuatro magistrados recusados y abstenidos estaremos lógica y correctamente excluidos de participar en su recusación, pero en caso de ser rechazada, parece que usted podrá participar en un pleno posterior en el que se decida sobre la recusación de la magistrada Díez y la mía", reza el documento al que ha tenido acceso este medio.

Para él, la solución es evidente: "Cuando son varios los magistrados recusados, el incidente es decidido por una Sala en la que no participa ninguno de los magistrados recusados, de manera que no intervienen en la decisión de su propia recusación ni en la de los demás que también lo hubiesen sido". Los conservadores están de acuerdo con esta tesis por lo que el debate que comienza este martes no se presupone sencillo.