La Guardia Civil se personó anoche en una casa rural en Madrid donde se hospedaba el eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise. Fuentes de su defensa señalan que la intención era proceder a su detención, mientras fuentes de la Benemérita señalan a El Independiente que se procedió a "identificarle". Hasta cinco agentes se acercaron al domicilio de acuerdo a una orden del juzgado de instrucción número 4 de León en el que hay interpuesta una denuncia por calumnias, pero el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) que estaba con su abogado recordó que él era eurodiputado y que esa orden sólo podía venir del Tribunal Supremo. Los miembros del Instituto Armado terminaron marchándose.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23.00 de la noche cuando tanto el eurodiputado como el abogado estaban en la casa rural. Citadas fuentes explican que los agentes llegaron hasta allí consultando el número de DNI que Alvise había entregado como parte del procedimiento rutinario de hospedaje y señalan que sólo se procedió "a su identificación". Primero, llegaron dos agentes, pero al tratar de proceder al arresto el letrado Yegor Varela que se encontraba con él explicó que no era posible por su condición de aforado. Luego volvieron otros cinco.

Las fuentes consultadas en su defensa muestran su extrañeza ante el hecho de que la orden de detención emitida por el juzgado tuviera fecha del 4 de julio y no fuera hasta este jueves cuando se intentara hacer efectiva. De hecho, el eurodiputado ha estado viajando a Bruselas estos meses sin ningún problema aparente. El procedimiento penal que existe en León es una denuncia por calumnias que los letrados de Alvise no sabían que existía. El político colgó por la noche un vídeo en redes sociales explicando parte de lo ocurrido.

Alvise se encuentra inmerso en diversas causas penales en este momento. Tal y como contó este medio, ayer mismo recibió la última denuncia por parte del exministro de Transportes José Luis Ábalos quien lo denunció a él y al que fuera su jefe de prensa Vito Quiles por haber colgado en su canal de Telegram --donde tienen más de 700.000 y 120.000 suscriptores respectivamente-- el informe completo que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado había remitido a la Audiencia Nacional con los indicios que constan de la relación del exministro con la trama de corrupción del 'caso Koldo'. En ese documento policial había números de teléfonos y datos personales no sólo de todos los implicados, sino también de personas con las que hablaban como la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Además, la Fiscalía del Tribunal Supremo se encuentra analizando la denuncia que también interpuso contra él Álvaro Romillo, más conocido como Luis Cryptospain, por supuesta financiación ilegal de su partido al que dio 100.000 euros en efectivo sin pasar ningún control de Hacienda.