La Junta de fiscales de Sala empezó con media hora de retraso. No era un trago fácil para nadie y, por eso, prácticamente todos los asistentes intentaron transmitir su apoyo y respeto personal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el que muchos tienen un trato intenso, y coinciden en que es una persona agradable. Tras casi tres horas de debate era difícil hacer las cuentas de si había más apoyando al jefe o había menos en las recomendaciones de dimisión. La conclusión, a grandes rasgos, era la misma: mucha preocupación por si la permanencia de García Ortiz en el cargo provoca un daño irreparable la imagen de la Fiscalía.

La reunión comenzó con 35 fiscales de Sala --el máximo rango de la carrera-- si bien cinco estaban presentes de forma telemática (Antonio Vercher, Manuel Moix, Teresa Peramato, Miguel Ángel Aguilar y Francisco Jiménez Villarejo) y se decidió que no intervinieran. Ya en cónclaves anteriores había habido debate con si las intervenciones a distancia eran procedentes o no lo eran. "No se trata sólo de llegar y votar", decían.

El turno de palabra lo comenzó tomando García Ortiz para explicar en petit comité lo que ya hizo este jueves en un comunicado oficial y en una entrevista en Televisión Española después de conocerse que el Tribunal Supremo iniciara un procedimiento penal contra él por, supuestamente, haber filtrado datos secretos de la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Sus argumentos giraban en la misma línea: Que va a defender su presunción de inocencia; que si dimitía ahora cómo iba a restituirse ese daño si la causa se terminaba archivando; que en ningún caso él filtró ningún correo y que no sabía cómo alguien podía pensar eso; y que la mejor postura para demostrar la robustez de la institución es que él se quede y no lo hiciera caer la denuncia de una persona que está acusada de un fraude fiscal (Alberto González Amador). La decisión estaba tomada, pero aun así abrió debate.

Con él, sin ambages, estuvo tanto su núcleo duro dentro del edificio de la calle Fortuny --la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz-- como un abultado grupo perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entre los que estaban, por ejemplo, la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Fuentes presentes en la reunión explican que este sector ha "cerrado filas" y cargaron contra el auto del Tribunal Supremo de forma "vehemente". Con ellos, los fiscales de Sala Esmeralda Rasillo, Manuel Martín Granizo, Luis López Sanz, Luis del Río, Ana Isabel García León y Teresa Gisbert. 

Algunos indicaron que no era el momento de analizar la decisión de la Sala de lo Penal del alto tribunal, pero el fiscal general dijo que no quería "coartar la intervención de nadie". Su séquito defendió que la causa penal no tiene recorrido y que el Ministerio Público no puede quedar "al albur" de lo que digan los magistrados. Y, mucho menos, de unas diligencias de marcado carácter político.

Un interviniente señaló que si había o no había delito ya se había debatido en una Junta anterior. Concretamente, el 24 de abril, el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió su carta a la ciudadanía para hacer un parón reflexivo tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. En aquella votación, se pronunciaron todos los fiscales y el criterio de García Ortiz (con Sánchez Conde defendiéndolo) fue mucho más respaldado que esta vez: 19 fiscales a favor de archivar la querella del novio de Ayuso y 12 en contra, con dos abstenciones.

Alguno recordó que la decisión la habían tomado cinco magistrados por unanimidad y que la ponencia la había escrito la progresista Susana Polo. Las mencionadas voces pidieron centrar el tiro y debatir única y exclusivamente si el jefe debía dar un paso a un lado, toda vez que ya el auto del Supremo está escrito y él tendrá que ir irremediablemente a declarar como imputado. "No hay que debatir eso porque no es el objeto", dijeron.

El fiscal de sala de Seguridad en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz; el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón y la ex fiscal general del Estado María José Segarra, salen de la Junta. | EP

Algunos de los fiscales más antiguos y reconocidos como pesos pesados de la Fiscalía hablaron de forma explícita de dimisión y, si bien no hubo una exigencia ni se elevó el tono, le recomendaron que era lo mejor para no perjudicar a la carrera. "Quedarse supone tensionar muchísimo la Fiscalía", explicaron. "La institución sufre y pierde credibilidad", alegaron. "No se percibe credibilidad con un fiscal general imputado", añaden distintas fuentes presentes en el cónclave. Invitaron a García Ortiz a repensar su decisión.

El grupo irrompible de los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas insistió en la necesidad de dar un paso a un lado, así como los fiscales de Sala del Supremo Pilar Martín Nájera, Javier Huete, José Miguel de la Rosa y Antonio Narváez. En posiciones "más matizadas" se movieron otros fiscales jefes que, según a quién se preguntaba, contaban en un lado de la lista o en el otro.

"Todos mostraron respeto personal, afecto y deseos de que esto acabara lo mejor posible, pero eso no quiere decir que apoyaran su permanencia", indica una fuente. Este grupo entendió que la reunión no podía convertirse en un plebiscito a favor o en contra de la dimisión del fiscal general del Estado porque eso es una decisión "personal de él" y "es su responsabilidad". Por eso, no entraron a debatir sobre sobre su dimisión, pero sí hicieron una valoración de los riesgos que esta situación podía constreñir.

El deterioro reputacional de la Fiscalía; el nefasto precedente y la escasez de resortes para preservar la independencia de la carrera porque el Estatuto no está preparado para este escenario inédito. "Álvaro García Ortiz puede ser investigado, pero el fiscal general del Estado no", recalcan. Es complicado, además, que la 'número dos' de la Fiscalía pueda llevar esta causa con presunción de imparcialidad cuando su superior jerárquico es la persona bajo sospecha. "Quién va a hacerse cargo de ese procedimiento sin quiebra de la imagen de imparcialidad", repiten.

En este espectro con más o menos matices ha estado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, la exfiscal general del Estado, María José Segarra, el fiscal de Sala Fernando Rodríguez Rey, o el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo. "No se trataba de pedir dimisiones, la decisión está tomada. Pero la institución sufre descrédito y él no tendrá tiempo para defenderse como debería", agregan.

El resto de los asistentes de la mañana no quisieron pronunciarse. "Es un tema muy violento", explican algunos. "Te puede traer consecuencias posicionarte y es mucho más cómodo no abrir el pico", indican otros. Ni el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ni la fiscal de Sala de Extranjería y Trata de Personas, Beatriz Sánchez, ni los fiscales de Sala Javier Muñoz, Jesús Tirado y Francisco Moreno quisieron participar. ¿Y esto cómo puede interpretarse? "El que calla otorga o el calla nada dice, vete tú a saber", apuntillan.

Como era previsible, la jornada de la tarde fue aún más amarga para García Ortiz, pues si en la Junta fiscal existe actualmente mayoría progresista, en el Consejo fiscal todo lo contrario. Allí, nadie se andó con medias tintas y tanto seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) verbalizaron que lo mejor era que abandonara su despacho. Siete miembros pidiéndole abandonar y cuatro (dos de la Unión Progresista de Fiscales y las dos vocales natas que integran la Fiscalía General) mostrando apoyo a la decisión de permanecer. Superado este primer trance, García Ortiz se enfrenta ahora a una instrucción en el Tribunal Supremo que se anticipa larga y desconocida. Como desconocida será también la cantidad de presión que se siga ejerciendo sobre él para que dé paso a otro jefe del Ministerio Público.