El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la recusación planteada por el PP para apartar a la magistrada Laura Díez, que trabajó en La Moncloa, de los recursos contra la amnistía emitidos por este partido, según confirman fuentes del órgano. La mayoría del órgano ha decidido que Díez puede incorporarse al debate, si bien los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han discrepado de la composición del pleno.

El magistrado del sector progresista Ramón Sáez ha sido el encargado de redactar la ponencia que se ha debatido esta mañana, pero fuentes del grupo conservador ya confirmaban a este medio que no iba a existir disparidad entre ambos bloques porque ninguno cree que haya motivo de peso para que Díez dé un paso a un lado.

El PP esgrimía como argumento el hecho de haber trabajado para el Gobierno de la mano del actual ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños, pero, según indican citadas voces, ya existe jurisprudencia en el Tribunal por la que no se puede considerar contaminado un magistrado únicamente por cuál fue su anterior trabajo. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que también es togado del órgano, decidió apartarse voluntariamente porque él mismo había rubricado en una resolución su opinión clara e inequívoca sobre la amnistía. Decía que era inconstitucional.

Con estos mimbres tanto él como sus compañeros creyeron en la necesidad de que no formara parte de la deliberación del fondo sobre la impugnación de la amnistía. Pero este no es el mismo caso que el de Díez porque ella, en su trabajo junto a Bolaños, nunca se pronunció sobre la norma del perdón.

Quedan aún por decidir los incidentes de recusación presentados contra Conde-Pumpido por la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Illes Balears, pero lo previsible es que se aplique la doctrina que se fijó hace dos semanas y que no deja al margen al presidente. Una vez se haya decidido esto, él se incorporará a la deliberación sobre el asunto de Díez.

Esto ha molestado a algunos de los miembros del Constitucional que consideran que se ha creado un Tribunal ad hoc, en lugar de apartarse todos los recusados de golpe para poder decidir sobre las recusaciones a la vez y no una por una, como ha decidido el presidente.

Macías en el horizonte

Al resolver las recusaciones una por una se permite que los que no habían quedado fuera puedan incorporarse al debate y eso engrosa el Tribunal e inclina la balanza hacia los progresistas. De esta forma, ese sector espera que en el pleno que se agendará en unas semanas se aborde la recusación por parte de la Abogacía del Estado al magistrado José María Macías, el último en incorporarse.

Creen que los progresistas apoyarán su recusación, en este caso, porque se pronunció cuando era miembro del CGPJ en un informe formal sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Para los Servicios Jurídicos del Gobierno así como para la Fiscalía (que ha presentado un escrito en otro de los recursos), Macías ya ha emitido una opinión jurídica de la ley y, por tanto, no puede formar parte del fallo que emita el Tribunal sin dañar la imagen de imparcialidad.