El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cambia las reglas del juego para poder agilizar la cantidad de nombramientos que tienen pendientes y pone un ambicioso objetivo: ocupar todas las plazas para julio de 2025. A partir de ahora las entrevistas de los magistrados durarán únicamente diez minutos por lo que todo el peso de las candidaturas serán por escrito. Los vocales siguen trabajando para poder llegar a un acuerdo pronto sobre la portavocía del órgano o la presidencia del Observatorio de Violencia contra la Mujer.

El CGPJ ha comenzado a rodar y ha fijado como prioridad los nombramientos en las cúpulas judiciales que llevan pendientes desde que el Gobierno limitó la capacidad del anterior órgano en funciones en 2021. Este miércoles se celebrará un pleno ordinario donde se acordará la convocatoria de un total de 51 plazas, repartidas en el Tribunal Supremo (16), la Audiencia Nacional (5), los Tribunales Superiores de Justicia (20) y las audiencias provinciales (10).

La comisión de calificación ha aprobado un calendario con un cronograma en el que se pretende sacar esta primera tanda ahora y las demás hasta completar las más de 100 vacantes pendientes, en los plenos sucesivos. "Es muy ambicioso", reconoce una fuente, pero agrega que la intención firme de todos es poder llegar al próximo verano con los deberes hechos. Para ello han reducido sustancialmente el tiempo de entrevistas que antes llegaba a una hora y ahora será de diez minutos en los que cada candidato tendrá que condensar su vida laboral y sus principales méritos.

La intención, con ello, es reducir los tiempos y que las ternas puedan estar listas cuanto antes para llevarlas a votación. El plan comienza por intentar nombrar las presidencias de la Sala Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo antes de que termine el año. El concurso fue publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de entonces, comienzan a contar los 20 días que los magistrados tienen para presentarse. Como ya contó este medio, la previsión es que a la Sala de lo Penal se proponga Andrés Martínez Arrieta para sustituir a Manuel Marchena; y fuentes jurídicas avanzan que en la Sala de lo Contencioso es posible que Pablo Lucas que está como presidente interino se presente para consolidar su puesto.

Fuentes en el CGPJ creen que este primer tramo de nombramientos puede resolverse antes de final de año. Todos son conscientes de que las designaciones van a "absorber" muchas de sus funciones de aquí a un año y por eso quieren terminar de cerrar la estructura del órgano cuanto antes. Está pendiente todavía llegar a un consenso sobre cómo va a ser la comunicación externa, puesto que el sector progresista aboga por crear una comisión dedicada a ese asunto, mientras el conservador cree que basta con elegir una portavocía.

Tampoco hay acuerdo en quién puede ocupar la presidencia del Observatorio de Violencia contra la Mujer un puesto que en el anterior Consejo ocupaba la conservadora Mª Ángeles Carmona. Y está pendiente, igualmente, sacar a concurso la presidencia de la Escuela Judicial.

Informe LEcrim

Paralelamente, los vocales tratan de desatascar mucho papel que tienen encima de la mesa. Por ejemplo, deben enviar al Congreso de los Diputados una propuesta para cambiar la forma de designar al propio CGPJ y evitar que existan bloqueos tan largos como el ocurrido en el último lustro. Y esto debe hacerse, según la ley y las voces consultadas, antes de febrero aunque nadie descarta que pueda pedirse una pequeña prórroga para ampliar el plazo.

Pero, además, están tratando de aprobar cuanto antes el informe sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entrega a los fiscales la instrucción de los casos y convierte a los jueces en garantes de los derechos fundamentales modificando por completo el paradigma de la Justicia y adaptándolo a los estándares europeos. Este documento está pendiente desde 2021 y el anterior CGPJ llegó a llevarlo último pleno que celebraron, pero finalmente se eliminó del orden del día.

El actual Consejo ha creado un grupo de trabajo para revisar el informe que tiene más de 500 páginas --compuesto por las progresistas Esther Erice y Lucías Avilés y los conservadores José Luis Costa y Carlos Orga-- y decidir qué hacer con él. Algunas fuentes consultadas consideran que no sería lógico volver a elaborar un nuevo documento cuando un conjunto de profesionales (entre los que hay miembros del Tribunal Supremo) han hecho sus aportaciones a este. Consideran que no deben tirar a la basura el trabajo de los últimos tres años y enviarlo tal y como está al Congreso. Esta será otra de las decisiones que se tome en los sucesivos plenos.