El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado este miércoles la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos por su supuesta vinculación con la trama de corrupción del 'caso Koldo'. El magistrado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo que será el que formalmente pueda investigar al exsecretario de organización del PSOE tras pedir permiso al Congreso de los Diputados donde es aforado.

Para el juez durante estos meses de investigación "se han observado indicios que permiten apuntar a la presunta participación de D. José Luis Ábalos en los hechos que dieron inicio a las citadas acutaciones". La Fiscalía Anticorrupción había sido clara en este extremo: "Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García [asesor del exministro] y Víctor de Aldama [empresario cabecilla de la trama] sin la participación de José Luis Ábalos". El juez añade que el negocio de las mascarillas "permitió poner al descubierto la relación privilegiada que Víctor de Aldama mantenía en el seno del entonces Ministerio de Fomento con Koldo García".

Los delitos de los que está acusado comienzan, precisamente, por organización criminal "en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado [...] para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas"; por organización criminal "en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión [empresa de Aldama]; y el cohecho, "en tanto que, en pago de su mediación en la adjusicación de los citados contratos de suministro, [la trama] le preporcionó el uso y disfrute" de varias viviendas.

Se trata de un domicilio en el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que compró el entramado de empresas vinculados a Koldo para que Ábalos se quedará allí en verano de 2021, y una vivienda de alquiler en el centro de Madrid cuya mensualidad la estuvo pagando durante tres años este mismo grupo de empresarios para una de las parejas del exministro. "Estas contraprestaciones tendrían como principal razón de ser mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama", dice el juez en su escrito.

Moreno recuerda cómo uno de los escoltas de Ábalos era el hermano de Aldama, así que la relación entre ellos comenzó en agosto de 2018. "Esta circunstancia le proporcionó la posibilidad de acceder personalmente al Ministro", añade. Y no es baladí porque el empresario era Consejero en la empresa Globalia, matriz de Air Europa a la que el Gobierno terminará dándole un rescate millonario.

Además, da vuelo a que se trataba de un grupo criminal que tuvo implatado su influjo en el Miniterio durante un tiempo largo. "La perdurabilidad en el tiempo de la organización criminal ha quedado acreditada también de manera simultánea a la celebración de los referidas contratos (adjudiación de contratos por otras administraciones a las empresas de Aldama para realizar test Covid o el rescate de Air Europa) y también de manera posterior a los mismos (salvoconductos para disfrutar de libertad de movimientos de ciudadanos venezolanos u obtención de título de operadora para Villafuel)", refleja el juez.

Incluye como indicios igualmente el rescate de la compañía aérea porque dice que las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar cómo Aldama se valió de su relación con el ministro para influir en la ayuda de 141 millones de euros. Expone varios mensajes con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo: "Hay sitio en el avión que quiere el jefe que esté mañana en la reunión contigo y con Pino para comentar a la ministra que él ya lo ha visto y lo ve perfecto". Todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos-Calviño y Aldama-Hidalgo que sucedieron en julio de 2020 fructificaron en favor de la ayuda a la aerolínea, apunta el magistrado.

Una vez se eleve esta exposición razonada, ahora la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe admitirla, que se da por hecho que lo hará por la cantidad de indicios que ha sumado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Luego, los magistrados deben dirigirse a la cámara baja para que ésta dé el visto bueno a la investigación y retire la capa de inmunidad de la que goza por su aforamiento.