Gaslow Abastecimiento SL fue inhabilitada para ejercer la actividad de operador de hidrocarburos al por mayor por el Ministerio de Transición Ecológica hace poco más de diez días, pero resulta que la Audiencia Nacional llevaba al menos desde 2021 detrás de esta empresa y de dos más [Nascor Energías SL y Mena Energy SL] cuyos trabajadores llegaron a comparar sus niveles de venta con los de Cepsa. Lo cierto es que han tenido que pasar tres años para que el Gobierno haya tomado cartas en el asunto, mientras la investigación revela cómo uno de los responsables tenía vínculos con la banda latina de 'Los Miami' y otro era confidente de la Guardia Civil y fue quien dio el nombre de Koldo García, actualmente involucrado en un gran caso de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos.

La historia de Gaslow tiene de todo: grandes empresarios, mucho dinero, testaferros, cuentas en el extranjero y hasta una suerte de secuestro. La Audiencia Nacional lleva muchos años persiguiendo a los diversos estafadores que utilizan el negocio de los hidrocarburos para no pagar impuestos y se han abierto, al menos, siete causas distintas en los juzgados centrales de instrucción. Pero en las últimas semanas esta metodología de fraude millonario ha cobrado relevancia mediática porque en el marco de una de estas operaciones, la Guardia Civil detuvo a Víctor de Aldama, empresario imputado también en el 'caso Koldo' y muy vinculado al ministerio de Ábalos.

Lo cierto es que Aldama no consta en las investigaciones anteriores de hidrocarburos, pero todas ellas, que comparten protagonistas y entramados de sociedades, parecen haber confluido en su nombre, que ha emergido como el "gran corruptor" sobre el que ahora el juez Santiago Pedraz mantiene unas pesquisas bajo secreto. El Independiente ha podido confirmar, a través de documentación que consta en distintos sumarios y de más de una decena de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que otro de los nombres clave del fraude de hidrocarburo es el de Antonio Rodríguez Estepa.

Este empresario ha sido detenido, al menos, en dos ocasiones (2013 y 2016) por formar parte de organizaciones criminales vinculadas al sector de los hidrocarburos y sigue imputado en la Audiencia Nacional. De hecho, tras el primer arresto colaboró con los para localizar cantidades millonarias de Petromiralles (empresa de hidrocarburos) escondidas en Hong Kong. Los agentes lo describen como la persona que "dominaría toda la cadena comercial implementada para la realización del presunto fraude e, incluso, dispone de gasolineras para su venta al consumidor final", si bien otras fuentes jurídicas desmienten su papel en un puesto directivo y ubican en él a empresarios como Javier García Pérez. Las investigaciones de la UCO se nutren de al menos tres confidentes que daban detalles sobre estos negocios opacos.

En el sumario existen conversaciones de uno de ellos con un tal Roberto Alcázar (alias tras el que se escondía un capitán de la Guardia Civil). El Instituto Armado dimensiona el fraude: durante el año 2018 Gaslow vendió 81,68 millones de litros y al incorporar los suministradores incrementó esa cifra en 2019 a 335 millones de litros (un 410% más); más increíble aún fue el ascenso de la otra empresa, Nascor, que si en los primeros siete meses del año 2019 había vendido 5,7 millones de litros a minoristas, pronto pasó a vender 143 millones de litros, un 2508% más. Sobre la tercera en cuestión, Mena, el confidente, llega a reconocer: "Este mes van a hacer cerca de 80 millones. Esos litros no los vende ni Cepsa. Con la que está cayendo".

En abril de 2020, mientras Aldama hace negocios con las mascarillas en el Ministerio de Transportes, a los investigadores les llega una información sobre Rodríguez Estepa: está relacionándose con personas vinculadas a 'Los Miami'. Según fuentes jurídicas, uno de los nombres que les han dado tiene antecedentes por cohecho, delito de descubrimiento y revelación de secretos, extorsión y coordinación de organización criminal. Por eso, la UCO da credibilidad a esta información.

Gaslow empieza a cambiar en junio de 2020, cuando Rodríguez Estepa revoluciona la empresa o da un "golpe de estado", en palabra de alguno de sus trabajadores. El capitán de la Guardia Civil llega a hacer de intermediario entre él y alguno de los trabajadores: "Me cuenta que necesita hablar contigo. Que él ha dimitido de Gaslow porque el administrador interpuso un concurso. Que tú no le atiendes los mensajes y me pide que "yo" os organice una reunión aunque tenga que estar yo delante. Ya le dije que yo no tengo mucho que aportar a una reunión de ese tipo que por mí no habría problema si ambos lo consideráis así".

El ambiente empieza a caldearse, uno de los confidentes señala que "personas que formarían parte, supuestamente, del grupo criminal 'Los Miamis'" pudieron tener "retenido" durante horas a un testaferro de Gaslow, algo que según algunas fuentes de la investigación pudo tratarse de un secuestro. Nunca se denunció. La UCO ha tratado durante años de componer el puzle del fraude para entender quién estaba realmente detrás de las operadoras de hidrocarburos a lo largo de miles de páginas de enmarañadas sociedades traspuestas, nombres "paja" y empresarios que no figuran en ningún lado pero que controlan la trastienda del negocio.

El delator de Koldo

En uno de los informes de la UCO que atesora un sumario de hidrocarburos en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se refleja igualmente cómo uno de estos confidentes da la voz de alarma sobre la actuación de Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos. Como ha avanzado 'Las Provincias', el 5 de abril de 2021 el confidente escribe a Roberto Alcázar (el guardia civil): "Buenas tardes señor ¿estás por el pueblo o sigues de vacaciones?". El capitán le pregunta de qué quiere hablar. "Sobre Koldo. Te suena?". "No", contesta. "Escucha. esto es delicadísimo", le advierte el confidente. "Donde lo busco? Koldp del psoe? (sic)", pregunta.

Tres días después se registra otro mensaje en el que parece que ambos han hablado en persona. El capitán de la UCO le dice: "Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado pq sería gozoso un achuchon de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo (sic)". Este capitán del Instituto Armado dejó el cuerpo y en octubre de 2023 fue nombrado por la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud. La Guardia Civil siguió investigando y depurando responsabilidades dentro de su propia estructura.

Operación Delorme

Paralelamente, en marzo de 2022, el diputado 'popular' de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se indagara en una serie de contratos de varios ministerios, entre ellos el de Transportes, sobre mascarillas. Señalaba directamente empresas como Soluciones de Gestión S.L., vinculada precisamente a Víctor de Aldama. El Ministerio Público empezó a tirar del hilo y de ese hilo llegó a nombres como Koldo García, de quien la UCO había recibido ya información muy valiosa por el asunto de los hidrocarburos tiempo atrás.

El fiscal Anticorrupción interpuso en junio de 2023 una querella contra siete personas, entre ellas Aldama y Koldo, por los contratos de mascarillas durante la pandemia y no fue hasta febrero de este año cuando la 'operación Delorme', luego bautizado 'caso Koldo' cristalizó. El fraude de las mascarillas, que se calcula en menos de 20 millones de euros, es diminuto en comparación con el de los hidrocarburos, pues sólo en la última de las causas el magistrado considera que puede haberse hurtado al fisco unos 182 millones de euros.

Por el momento, el 'caso Koldo' se mantiene judicializado en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, pero en ese sumario han aparecido nombres tanto de protagonistas como de sociedades de la trama de hidrocarburos. De hecho, el chalé del que supuestamente disfrutó Ábalos en Cádiz el verano de 2021 fue comprado a través de una de las empresas relacionadas con la gasolina y con Aldama.

Toda esta interrelación entre unos casos y otros ha provocado que algunas defensas soliciten la nulidad de las actuaciones del hidrocarburo porque entienden que unos procedimientos se están solapando con otros. La última palabra la tendrá el juez Pedraz quien, de momento, mantiene a Aldama en prisión provisional. Fuentes del caso añaden que aún quedan muchos puntos que unir y muchos hilos de los que tirar.