La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso informes encima de la mesa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hablando de Claudio Rivas ya en 2021, a quien llega a situar en el control de la empresa Gaslow. Entonces, parecía ser un eslabón más de un tremendo entramado de fraude de IVA con los hidrocarburos, pero a la postre ha resultado ser clave para terminar de conectar los supuestos pagos que la trama Koldo hizo al exministro de Transportes José Luis Ábalos en forma de chalé en Cádiz. Este empresario siguió operando entre 2022 y 2023 llegando a disparar su facturación en los años posteriores.

Como ha venido desvelando este medio, el magistrado Pedraz analiza un triunvirato de operadoras de hidrocarburos --Gaslow Abastecimiento, Nasor Energías y Mena Energy-- que, en realidad, fue una de las semillas del 'caso Koldo'. En el marco de esa investigación un confidente habló por primera vez a un capitán de la UCO sobre el exasesor ministerial Koldo García y los tejemanejes que éste tenía con empresarios vinculados a la gasolina para conseguir reuniones en el Ministerio de Industria [o el de Transcición Ecológica] que le hicieran poseedores del permiso necesario para operar con el que, luego, defraudaban.

Rivas inicialmente entró en el comercio con una empresa llamada Bludger Combustibles que sólo en el año 2020 logró ingresos de empresas vinculadas al sector de hidrocarburos por valor de 21,56 millones de euros. "A partir de ahí vio que se podía ganar mucho dinero en ese área y se metió de lleno", indica a El Independiente una fuente que lo conoció en sus primeros pasos,

Fue entonces cuando a través de Víctor de Aldama coincidió con Koldo García y este fue el tentáculo necesario en la Administración Pública para conseguir poner los papeles en regla de una nueva empresa: Villafuel. La investigación del 'caso Koldo' desvela que Rivas accedió a pagar una vivienda en la localidad gaditana de La Alcaidesa que disfrutó el ministro Ábalos, a cambio, supuestamente de que su asesor intercediera con el jefe de gabinete de la ministra de Industria para conseguir así la licencia de la operadora de productos petrolíferos al por mayor para su compañía (otro escalón más del que forman las suministradoras y las comercializadoras y necesario para el fraude).

Gaslow contaba con un exinspector de Hacienda

Rivas había hecho los primeros pinitos en el negocio con Bludger, a partir de junio de 2020 entra a formar parte de Gaslow Abastecimientos, según la Guardia Civil.

La compañía cambió de manos y él se hizo con una parte jugosa del negocio en el que también estaba metido presuntamente otro actor importante: José María Bravo Durán. Este exdirector de Hacienda de Irún estuvo involucrado junto a su esposa hace más de una década en un caso de corrupción muy sonado en el País Vasco donde durante 1990 y hasta 2004 ocupó altos cargos cobrando cantidades de dinero a contribuyentes morosos que luego no ingresaba en su totalidad en las cuentas del fisco guipuzcoano. Fue condenado a 10 años de cárcel por malversación continuada de fondos públicos y blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo lo inhabilitó durante 16 años para la función pública, así que Bravo Durán buscó trabajo en otros lares, por el sector de los hidrocarburos. La UCO lo señala como una pieza de importancia por ser "conocedor de la normativa tributaria" para que él y sus socios en Gaslow pudieran disponer de un "conglomerados de empresas" que permitían alejar los fondos generados por la operadora en una operativa de blanqueo. Una de las compañías con las que limpiaban el dinero era la suministradora Keep It Save, también propiedad de Rivas.

El disparo de los ingresos de Villafuel

Pero la empresa por la que realmente el Instituto Armado empezó a fijarse en Rivas fue Villafuel, la que logró el permiso del Gobierno gracias supuestamente a la gestión de Koldo en el Ministerio. Aunque se creó en septiembre de 2020 no fue hasta septiembre de 2022 cuando la sociedad obtiene la habilitación necesaria para comenzar su actividad como operadora al por mayor de productos petrolíferos.

En el ejercicio 2023 logró disparar su facturación, pasando de 59 millones de euros a 815. El último informe de auditoría de esta empresa pone de relieve cómo la Agencia Tributaría procedió en febrero de este año a la suspensión cautelar de la Sociedad en el Registro de extractores de depósitos fiscales.

En su memoria anterior, a la que ha tenido acceso este medio, la firma relata cómo el 7 de febrero de 2024 el Delegado de la Agencia Tributaria "acordó su baja cautelar en el Registro de extractores de Depósitos fiscales", al considerar que se daban las circunstancias para deducir un posible fraude fiscal. Fue justo en esa fecha cuando estalló el 'caso Koldo'.

Según dice la empresa con sede en localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, "la inspección tributaria constató por un lado que la Sociedad incumplió su obligación de presentar" correctamente la declaración tributaria y que pudo haber participado en operaciones de fraude de IVA. La retirada de esta licencia produjo "un descenso muy significativo de su cifra de negocio y, por ello, de sus resultados". El Administrador calcula su cifra caerá un 93% en 2024, lo que la deja en cerca de 57 millones de euros "frente a los 857 millones de euros de ventas pronosticadas inicialmente para 2024 en una situación normal". 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investiga a Rivas y a Aldama por un supuesto fraude de 182 millones de euros con los hidrocarburos. Ambos están en prisión provisional y el asunto está bajo secreto de sumario por lo que todavía quedan muchos ángulos por resolver.