Lo que ocurrió este miércoles en la Fiscalía General del Estado fue una bomba de dimensiones tan descomunales que es imposible valorar las consecuencias solo un día después y con el foco puesto, de forma lógica, en la catástrofe de la DANA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en el despacho de Álvaro García Ortiz y se llevó, por orden del juez del Tribunal Supremo, copia de todos los dispositivos que el jefe del Ministerio Público atesoraba en su despacho. Una decisión sin parangón y que distintas fuentes jurídicas califican de "desproporcionada" e "innecesaria". La Abogacía del Estado será quien lo defienda, según ha confirmado El Independiente, lo que simboliza que el Gobierno sigue haciendo suya la defensa de que García Ortiz no filtró los correos del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

A primera hora de la mañana, el juez instructor Ángel Luis Hurtado, de Sala de lo Penal del alto tribunal, ponía el auto de inicio de la investigación por el que García Ortiz pasaba a estar formalmente investigado, como también la fiscal jefa de Madrid Pilar Rodríguez. Ambos como sospechosos de haber filtrado, presuntamente a la prensa, los mails internos del letrado de la pareja de Ayuso (Alberto González Amador, investigado por un fraude a Hacienda) para intentar aclarar si se estaba produciendo una negociación de un pacto de conformidad y en qué términos. Hurtado invitaba al fiscal general del Estado a que se buscara un abogado.

Al poco tiempo, pasado el mediodía, la UCO ya estaba en su despacho. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha esforzado en cerrar filas con el fiscal general desde el principio, así como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han avalado su decisión de no dimitir e, incluso, han puesto a su disposición la Abogacía del Estado.

Inmediatamente después de que el instructor iniciara las pesquisas, las partes en el procedimiento –entre las que está el propio novio de Ayuso, Alberto González Amador; la asociación Manos Limpias; o el Colegio de Abogados de Madrid– recibían la notificación de que el juez había acordado que los agentes acudieran al edificio donde trabaja el fiscal general y al de la jefa de Madrid. Luego, una notificación más de que la causa se declaraba a partir de este momento secreta. La interrupción de la Guardia Civil fue acogida con la boca abierta por distintos miembros de la carrera: "No han atendido previamente a las diligencias que habían pedido los querellantes y que eran menos lesivas".

Para ambos registros, el auto era muy extenso en cuanto a todo lo que se debía incautar. El instructor autorizó la "intervención de documentación en soporte o papel informático que tenga relación directa con los hechos investigados" y puso un lapso temporal de siete meses: desde el 8 de marzo, los días previos a que se publicara la primera información sobre la investigación fiscal a González Amador, hasta ayer. Entre todo lo que los agentes podían intervenir estaba el teléfono móvil de los fiscales, los ordenadores de la Fiscalía y todos los correos de ese periodo temporal, así como las claves de acceso a cuentas digitales de almacenamiento, información, mensajería o de redes sociales.

Hurtado permitió a los agentes, además, que hicieran un análisis técnico policial del sistema informático por su hubiera alguna información borrada y que hicieran copia de la huella digital para que se "impida la ulterior modificación del contenido". La UCO estuvo dentro del edificio durante más de diez horas y fuentes conocedoras de la actuación destacaron que "clonaron todo", sin discernir si se trataba de lo relativo a la investigación o no. Volcado de dos teléfonos móviles de García Ortiz, de sus ordenadores y de una tablet al completo.

Sin informe del fiscal

Esto ha provocado reacciones distintas en los sectores del Ministerio Público. Por un lado, fuentes fiscales ven esta medida "extrema" para un delito de revelación de secretos cuya pena es como máximo cinco años de cárcel. "Diligencia desproporcionada y sin notificar al Ministerio Fiscal. No hay secreto para el Ministerio Fiscal", indican.

Citadas fuentes reflejan el peligro de que un cuerpo policial acceda a todas las comunicaciones del fiscal general que tiene la batuta de todos los procedimientos en España y cuyo contenido es bien sensible. "Un millón de informaciones que tiene una alta autoridad como es el Fiscal General del Estado", describen. Algunos han calificado esta diligencia de "locura" y lamentan que se le haya notificado el auto de inicio para que busque un abogado y minutos después estuvieran los agentes en la puerta sin que tuviera posibilidad de llamarlo.

Otros consideran que "el Supremo se ha levantado en armas" y que esta puede ser una manera de mostrar la desconfianza que tienen los magistrados en la colaboración del fiscal general del Estado. Apuntan a que podían haberse aplicado antes medidas menos restrictivas de derechos como pedir a García Ortiz que aportara sus mails voluntariamente, llamarle a declarar, o solicitar a los servidores de Google las IP que tuvieron acceso a los correos de la discordia.

Otras voces vehiculadas a través de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Progresista e Independiente de Fiscales (APIF) centran el tiro en pedir la dimisión de García Ortiz. El registro acordado por el Tribunal Supremo les parece una "noticia demoledora" que "destroza a la institución" y señalan que es "un día triste" para la carrera fiscal. Encuadran la decisión en la normalidad, "es lo que ocurre cuando una persona está siendo investigada, porque lo normal es acordar diligencias ordinarias de instrucción", y añaden que "la imagen de la Guardia Civil entrando en el despacho es lamentable, tremenda y destroza a la institución". Por eso, sugieren que no esté ni un día más en el cargo.