El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba depositará en los próximos días los 88.119 euros que el juez del 'caso Koldo' le ha requerido para evitar el bloqueo de sus cuentas, según confirman fuentes cercanas al investigado. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, busca acotar hasta dónde llegó la corrupción en el cuerpo del Instituto Armado y ha pedido citar como testigo a ocho agentes, entre ellos, al coronel jefe de Información.
Uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, que es la unidad investigadora de esta trama, se analizaban dos audios grabados por el propio Villalba en el que hablaba de su relación con Koldo García (asesor del Ministerio de Transportes en tiempos del exministro José Luis Ábalos) y con el empresario Víctor de Aldama, ambos detenidos en el marco de la investigación. Los dos estaban registrados como confidentes en el registro del Servicio de Información de la Guardia Civil y esto hizo saltar todas las alarmas internas cuando la UCO los detuvo.
"Jefe, yo sinceramente, no lo puedo repasar [la relación con Aldama y Koldo] porque lo borré todo. Lo borré todo jefe, a raíz de esa llamada que me hizo... miedo, psicosis pensaba que me iban a entrar a casa a registrar y digo 'como me pillen aquí pasando la filiación de alguien'", llegó a confesarle Villalba a su superior en una de las grabaciones que publicó este medio.
La UCO no sólo aportó estos dos audios que fuentes de la investigación explican que se encontraron "convenientemente colocadas" en casa de Villalba cuando se procedió al registro, sino que además tomaron declaración a varios agentes de Información para que explicaran los pormenores de la relación con los confidentes investigados. Algunos de los subordinados del comandante llegaron a contar cómo él les pedía que hicieran ingresos en efectivo a través de sobres en su cuenta corriente, o cómo les envió alguna vez al despacho de Aldama.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha querido que declaren como testigo también ante el juez Ismael Moreno. El sumario de la investigación apunta que Villalba era una pieza externa de la red de empresarios corruptos con poder en el Ministerio de Transportes, cuyo papel era el de aportar métodos de comunicación seguros. A cambio, pagaban 2.000 euros al agente. "El soporte de estos pagos se ha encontrado en conversaciones de Whatsapp en siete ocasiones, en virtud de las cuales se colige que los pagos eran mensuales y por una cuantía que, generalmente, ascendía a 2.000 euros", detalla el fiscal Luis Pastor. "El dinero abonado en las cuentas de Rubén era entregado por el mismo a los agentes en efectivo, dando instrucciones de cómo debían abonarlo, el número de cuenta en la que se debía hacer el abono y el concepto que debía figurar", apuntala.
El Ministerio del Interior suspendió a Villalba de empleo y sueldo por un plazo de seis meses tras su detención. Este periodo ha terminado recientemente y, según fuentes de su entorno, él continúa suspendido de facto, de funciones, si bien no económicamente. Ahora, el juez ha acordado que en los próximos cinco días ingrese en la Audiencia Nacional 88.119 euros porque, en el caso de que no lo haga, se procederá al bloqueo o embargo de sus cuentas y de las de su esposa que tienen en el BBVA, Caixabank e ING.
La cantidad se calcula de esta forma: "Se han evidenciado ingresos en efectivo de origen desconocido" en las cuentas del comandante por valor de 145.049 euros, así que el juez quiere un 60% de este porcentaje que fue percibido entre los años 2021 y 2023. De no aportarlo se le bloquearán cautelarmente sus cuentas y "cualesquiera otras operaciones de activo, pasivo o intermediación en su más amplio sentido, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, seguros, primas o depósitos de cualquier naturaleza".
Además, el Ministerio Público ha pedido citar como imputados a Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín, Cesar Moreno García, Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo, todos vinculados a Víctor de Aldama y que fueron detenidos cuando explotó la operación el pasado mes de febrero y quedaron en libertad ese mismo día sin pasar a disposición judicial.
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