Quién es quién en el 'caso Begoña Gómez': mapa para no perderse en la investigación

La última declaración del 'caso Begoña Gómez' que se celebró este lunes duró apenas diez minutos y se saldó con un nuevo imputado. Se trata del exconsejero madrileño Juan José Güemes, actual presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa (IE) que fue el que contrató a la mujer del presidente del Gobierno para dirigir el África Center en 2018. Él se suma al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y a la propia Gómez que conforman los cuatro vértices en los que ahora se enmarca la causa.

Las fuentes presentes en la declaración explican que al juez le bastaron un par de preguntas: que si él había dado la orden de contratar a Begoña Gómez porque era "la mujer del presidente", como aseguró una trabajadora suya hacía unos días, a lo que él negó que fuera así. El juez preguntó entonces si quería que hiciera un careo con su trabajadora o si estaba insinuando que tenía que imputarla por falso testimonio, a lo que Güemes comenzó "a ponerse nervioso". Decidió entonces suspender la comparecencia y que el empresario regresara otro día ya con abogado y formalmente investigado. Los capítulos para llegar hasta este punto se resumen en lo siguiente.

Inicio e imputación de Begoña Gómez

Todo comenzó el pasado 9 de abril cuando la asociación Manos Limpias que estaba casi en vías de extinción interpuso una denuncia contra Begoña Gómez con una amalgama de acusaciones que pasaban por contratos públicos, rescate a Air Europa, su actividad en la universidad Complutense y algún hecho más.

La querella recayó en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid cuyo titular, Juan Carlos Peinado, se ha vuelto el juez más mediático de Plaza de Castilla en el último tiempo. Abrió una investigación y la declaró secreta. Imputó a Begoña Gómez únicamente en un inicio por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe en el que acotaran principalmente la actividad con Juan Carlos Barrabés.

Este empresario comenzó siendo testigo en la causa. Había ganado varios concursos públicos con sus empresas (con Barrabes Ski Montaña S.L. 1,8 millones de euros y con Innova Next 22,8 millones) de administraciones como el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid o Red.es (que corresponde al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública). Es este último contrato el que está particularmente bajo sospecha porque Gómez envió dos cartas de recomendación como apoyo para que lo contrataran. Es decir, la mujer del presidente del Gobierno recomendando a un Ministerio que contrataran a un empresario en específico.

La supuesta contrapartida era el máster que Gómez desarrolló en la Universidad Complutense. Ella se convirtió en co-directora de una cátedra de Transformación Social Competitiva de la que pendía un máster con el mismo nombre. Barrabés y gente de su empresa eran profesores allí. El juez citó a la mujer del líder del PSOE dos veces, una el 5 de julio que suspendió por un asunto de forma y otra el 19 del mismo mes. Se acogió a su derecho a no declarar.

Irrupción de la Fiscalía Europea

En medio de toda esta investigación, la Fiscalía Europea advirtió de que algunos de estos contratos de Red.es se habían pagado con fondos europeos por lo que, entonces, la competencia era suya. Así que absorbió una parte de la causa. Este fue el arma con el que la defensa de Gómez, ejercida por el letrado Antonio Camacho, recurrió (por segunda vez) a la Audiencia Provincial de Madrid.

No hay caso, decían continuamente. Si en una resolución anterior habían dicho que todo el tema de Air Europa no se podía investigar y, además, la Fiscalía Europea se había quedado con los contratos relacionados con Barrabés ¿Cómo podían mantenerse las pesquisas entonces? "La instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos", dijeron los magistrados. Sí había caso.

La Audiencia Provincial dejó al margen lo de Globalia (la matriz de la línea aérea), pero permitió a Peinado que siguiera adelante con la investigación a la carrera profesional de Gómez en su trayectoria en La Moncloa --tanto el máster en la Universidad Complutense como su contratación en el África Center-- y a Barrabés.

Imputación de Barrabés y Goyache

En ese momento, el juez ya había avanzado en dos líneas. Por un lado, el 15 de julio tomó declaración a Barrabés quien reconoció que había acudido a La Moncloa en dos ocasiones, en una con empresarios y en otra para reunirse con Begoña Gómez para hablar de "innovación" y que había coincidió allí con Pedro Sánchez.

Así las cosas, la UCO había señalado que Barrabés logró el 90% del total de las adjudicaciones públicas concedidas a su empresa entre 2021 y 2022, es decir, cuando Sánchez ya era presidente del Gobierno. Al juez Peinado esto le pareció motivo suficiente para sumar un imputado más a la causa. Ordenó la entrada y registro de sus empresas y su vivienda y la UCO recabó mucha documentación (incluso en el hospital donde se encontraba el empresario por una enfermedad que sufre) que todavía está pendiente de informe. La diligencia, por cierto, también está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Tampoco le convencieron las explicaciones del rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache a quien le había contradicho el exvicerector, Juan Carlos Doadrio. El primero, dijo que la contratación de Gómez se hizo de forma regular y que ni presionó a nadie para darle la cátedra ni hay nada extraño en que ella no fuera docente del centro. El segundo, en cambio, especificó que Gómez ni siquiera es titulada y no hay ninguna cátedra extraordinaria más en toda la Complutense con alguien al frente que no cumple los requisitos que sí se piden para matricularse y señaló que a él lo había llamado el propio Goyache para que la contrataran. El magistrado imputó al rector de la Universidad.

Atraviesan las querellas a Peinado

En medio de estos avances y ante el afloramiento del nombre del presidente del Gobierno, Peinado citó a Sánchez a declarar como testigo y se trasladó a su despacho en La Moncloa para escucharle el 29 de julio. Era la primera vez en la historia de la democracia que un juez acudía a la residencia gubernamental en estos términos, como también fue la primera vez que un presidente utilizó a la Abogacía del Estado para querellarse contra ese juez. Todo sucedió el mismo día.

Sánchez y Begoña Gómez presentaron sendas querellas contra el togado por delitos de prevaricación y revelación de secretos, pero ninguna prosperó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La causa, eso sí, estuvo dormida algunas semanas.

Papel de la asesora y nuevos delitos

Las últimas revelaciones de la investigación apuntan a un nuevo rostro que, con toda probabilidad, el juez terminará llamando a declarar para apuntalar algunos delitos. Se trata de Cristina Álvarez, directora de programas en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que trabajaba, supuestamente, como secretaria particular de la propia Gómez.

Unos correos incorporados al sumario desvelan que Álvarez se dirigía a las empresas que patrocinaban el máster del Gómez (Reale Seguros y Fundación La Caixa) para pedir que siguieran financiando la formación.

Pero, además, entre los últimos movimientos del Juzgado está el aval a una nueva querella presentada por Hazte Oír y que amplía tanto la investigación como los delitos que se le imputan a Gómez. A los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios se suman el de apropiación indebida y usurpación de las funciones públicas. El motivo es sencillo: dentro de la cátedra que ella dirigía, se implementó un software en cuyo desarrollo participaron Google, Indra y Telefónica y que serviría a las empresas para establecer de puertas para dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta plataforma, a pesar de que era para la Universidad, fue registrada al nombre personal de Gómez, algo que el centro, según ellos mismos informaron, desconocía. Como los pliegos de contratación los hizo la esposa del presidente (cuando supuestamente no podía por no ser funcionaria pública) y se quedó con la tecnología, el juez cree acorde agregar más delitos a su imputación. Por eso, la ha vuelto a citar a declarar el próximo 18 de diciembre.

Imputación de Güemes

La última imputación llegó este lunes con Juan José Güemes. Tenía que explicar el fichaje de Gómez para dirigir el África Center en agosto de 2018, meses después de que Sánchez fuera investido. Güemes fue consejero de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2010, bajo el mandato de la popular Esperanza Aguirre.

Su problema es que la directora de Recursos Humanos del IE, que él dirige desde 2010, declaró hace unos días como testigo y aseguró que fue él quien le pidió contratar a la mujer del presidente. Güemes explicó que en 2017 recibió el currículum de Gómez, pero lo descartó porque no encajaba, sin embargo, meses después cuando Sánchez estaba en La Moncloa la contrató. Ahora tendrá que volver a declarar otro día, pero como imputado.