La causa sobre supuesta financiación irregular del partido que dirige Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), terminará en el Tribunal Supremo. Ya no hay vuelta atrás, después de que este miércoles el empresario Álvaro Romillo, también conocido como Luis Cryptospain, asegurara sin medias tintas que entregó 100.000 euros al eurodiputado para financiar sus actividades políticas, "no porque fuera trabajador del Lidl".

Las fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que desde esa frase, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama desconectó. No necesitaba saber mucho más. La clave de la cita era analizar si el empresario del Madeira Invest Club (MIC) había dado esta cantidad para algún negocio privado en cuyo caso el delito de financiación ilegal no hubiera podido atribuirse. Pero nada de eso.

Al magistrado tampoco le gustó que Alvise no apareciera por allí y tampoco se le hubiera comunicado previamente. Su letrado accedió a facilitar a corto plazo una serie de fechas en las que la encajara la cita en la agenda del eurodiputado, pero a medida que avanzaba la tarde la cuestión era cada vez más negra. No irá. Su entorno cree que no tiene sentido ir a declarar a la Audiencia Nacional cuando ya es más que evidente que no pueden evitar que el asunto escale al Tribunal Supremo.

Termina, por tanto, el trabajo de la Audiencia Nacional que no puede avanzar más al ser Alvise Pérez aforado ante el Tribunal Supremo. El asunto se devolverá al lugar del que vino. Distintas fuentes de la investigación no tienen duda de que en los próximos días el juez y la Fiscalía Anticorrupción darán luz verde para elevar la causa mediante exposición razonada y esto complica el horizonte de Se Acabó La Fiesta cuyo objetivo último, ya se encargó Alvise ayer de dejarlo bien claro en su canal de Telegram, es presentarse a las elecciones nacionales.